Luciano Exequiel González, coordinador general de Unidad Ejecutora Provincial (UEP); y Silvio Lozano, coordinador administrativo, serán juzgado en abril de 2022 acusados de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación al Estado, peculado, y falsificación ideológica de documento privado.

En la investigación se reprocha como irregulares unas contrataciones realizadas durante 2016 para el Plan Argentina Trabaja. La Fiscalía asegura que hubo un perjuicio al Estado de alrededor de $1.603.046, 89.

Los funcionarios fueron enviado a debate oral y público en marzo de este año por la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata.

Según se informó desde el Poder Judicial a Entre Ríos Ahora, los imputados serán juzgados los días 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 12 de abril de 2022. El Tribunal de Juicio estará integrado por los jueces Rafael Cotorruelo, Gervasio Labriola y María Carolina Castagno.

La causa se inició por la denuncia del diputado provincial Esteban Vitor (Cambiemos), tras la publicación de ANALISIS en mayo de 2017.

Los abogados Juan Antonio Méndez, Candelario Pérez y Raúl Barrandeguy defienden al imputado Lozano; y los letrados Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen son los defensores de González.

La acusación

Como contó ooportunamente Entre Ríos Ahora, la acusación formulada por el fiscal Gonzalo Badano dice que “Luciano González, coordinador general, y Silvio Lozano, como coordinador administrativo de la Unidad Ejecutora Provincial del programa Ingreso Social con Trabajo- Argentina Trabaja sortearon la aplicación del procedimiento de licitación pública aplicable al caso según la Ley Nº 5.140, en contra de las pautas fijadas por el decreto Nº 795/96 y sus modificaciones y límites fijados por la ley Nº 10.262 y decreto de actualización 3368/15 MH”.

Y que “a través del fraccionamiento de la compra de calzados de trabajo, camisas y pantalones correspondientes al programa Ingreso Social con Trabajo – Argentina Trabaja” direccionaron contrataciones a personas que no estaban inscriptas en el Registro de Proveedores del Estados “a quienes se les generó un lucro indebido al abonar sobreprecios y al habilitar los pagos con anterioridad a la recepción de la mercadería, apartando dicho dinero del control estatal. De este modo se ocasionó un perjuicio a la Administración Pública aproximado de $1.603.046, 89”.

Señala que “el 26 de agosto de 2016 los funcionarios aprobaron y adjudicaron a la Ferretería Ariel, de Rubén Marcelo Plewinski, la adquisición de 1.500 pares de calzado de protección por el monto de $1.449.990, mediante la suscripción de la resolución Nº 055, de fecha 28 de septiembre de 2016”.

Además, reprocha que González suscribió con Plewinski el remito con Ferretería Ariel el 3 de octubre “acreditando falsamente haber recepcionado la mercadería contratada, lo cual obligó al Estado provincial a efectuar el pago, el cual se concretó el 25 de octubre de 2016. Recepcionándose la mercadería el día 2 de noviembre”. Sobre esta contratación dijo que se ocasionó un perjuicio al erario público de aproximadamente $533.910, 25.

La segunda contratación cuestionada también se inició el 26 de agosto de 2016, y fue a favor de Las Nazarenas SA, de Guillermo Caíno. Entonces se compraron 1.500 camisas y 1.500 pantalones por el monto de $1.228.500. Ello quedó registrado bajo la resolución Nº 57 del 3 de octubre de ese año.

La acusación agrega que una vez más se anticiparon los pagos acreditando falsamente haber recibido la mercadería contratada. El fiscal sostiene que el pago se efectuó el 14 de octubre y los elementos recién fueron recibidos por el Estado el 9 y 10 de noviembre. En este caso se calcula un perjuicio en torno a los $407.666,46.

La tercera contratación reprochada se inició el 14 de septiembre de 2016, cuando los acusados aprobaron y adjudicaron a la empresa DolMat, de Concordia, de Diego Federico Dolhat, la adquisición de 1.416 pares de calzados de protección por $1.350.864. La contratación quedó registrada en la resolución Nº 60 del 13 de octubre de ese año.

Al igual que en las otras ocasiones, el fiscal sostiene que el 18 de octubre, González aparece firmando un remito en el que se acredita falsamente haber recibido la mercadería. El Estado depositó el dinero el 2 de noviembre y la mercadería comprada fue recibida en dos tandas: una el 30 de enero de 2017 y otra el 14 de febrero. Además, hubo otra particularidad: los elementos no fueron alcanzado al Estado, sino que tuvieron que ser retirados en el domicilio del proveedor por personal del plan Argentina Trabaja. Aquí se estia un perjuicio de $ 272.070,24.

La cuarta irregularidad detectada fue a fines de septiembre de 2016, cuando habrían falsificado la firma del empresario Juan Enrique Díaz, titular de la firma Todo Hierro. En este caso, el fiscal afirma que los acusados presentaron un falso presupuesto “con detalles de los productos a cotizar” pero con “firma estampada que no se corresponde al patrimonio escritural de Díaz, simulando una cotización de productos con precios mayor a la firma adjudicataria”.

De este modo, el fiscal asevera que adjudicaron a DolMat la adquisición de indumentaria de trabajo: 1.416 camisas y 1.416 pantalones por el monto de $1.081.824. La contratación se registró bajo la resolución Nº 61 del 13 de octubre de 2016.

El 18 de octubre se acreditó con la firma de un remito que la vestimenta fue recibida y el Estado pagó el 2 de noviembre. La mercadería llegó a manos del Estado el 16 de diciembre y el 14 de marzo. Como en otra oportunidad, personal del programa Argentina Trabaja tuvo que retirar los elementos en el domicilio del proveedor. El perjuicio calculado en este caso fue de $389.400. (Entrerios Ahora)