La jueza de Garantías Carola Bacaluzzo citó a declaración indagatoria para el próximo 19 de noviembre, a las 9, a Leonor María Magdalena Barbero Marcial, madre del ex ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. El trámite, que ha transitado varios aplazamientos, es en el marco de la denuncia por estafa que presentó en 2013 Dolores Etchevehere, su hija, y que involucra a sus otros dos hermanos, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere.

Todos ellos ya han ido a indagatoria. Pero Barbero Marcial decidió hacer más extensa su declaración y concretarla por tramos para responder a cada una de las acusaciones de su hija. Las indagatorias habían sido resueltas el 30 de octubre de 2020, un día después de que la camarista María Carolina Castagno ordenara el desalojo de Dolores Etchevehere de la estancia Casa Nueva, en Paraje El Quebracho, Santa Elena, que había ocupado junto al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois.

Las Margaritas SA, la sociedad propietaria de ese campo, que preside Barbero Marcial, la denunció por usurpación, y ello derivó en la apertura de una causa penal contra Dolores que tramitan los fiscales Oscar Sobko y María Candela Bessa.

El 4 de junio de este año, a casi un año de los hechos, los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa, de la Unidad Fiscal de La Paz, solicitaron la remisión de la causa a juicio, con un pedido de condenada de un año de prisión condicional –no irán presos- para Dolores y el abogado Facundo Taboada.  Pero la remisión a juicio no pudo darse por cuanto Dolores Etchevehere recusó a los fiscales que la acusan.

El juez de Garantías Walter Carballo no hizo lugar a la recusación; los defensores de Dolores apelaron pero la camarista Carolina Castagno confirmó esa decisión.

Pero esa es apenas una de las investigaciones penales que involucra a los Etchevehere. El juez civil Martín Furman tramita la causa más compleja, la sucesión que se abrió a la muerte del exdirector de El Diario, Luis Félix Etchevehere, en 2009; el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, tiene a su cargo una denuncia por extorsión y violencia de género que Dolores presentó contra su familia; y la jueza Bacaluzzo lleva adelante la denuncia por estafa de 2013.

En el marco de esa investigación penal, que estuvo casi sin movimientos en los últimos, comenzó en 2020 el trámite de indagatoria a los denunciados.

Barbero Macial, de 84 años, decidió declarar por etapas ante la Justicia, y debió hacerlo por última vez el miércoles 13. Pero un informe de la médica Lilian Inés Pereyra, del Departamento Médico Forense del Poder Judicial, dictaminó que no podía ser sometida a factores estresores por el término de 30 días a partir del día 13 de octubre.

Superado ese incidente, declarará el 19 de noviembre.

Barbero Marcial y sus tres hijos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, están denunciados por estafa y vaciamiento de empresas, la principal, Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora de El Diario. Pero también hay un enfrentamiento por el trámite sucesorio que siguió a la muerte del jefe de familia, Luis Félix Etchevehere, ocurrida en 2009. Dolores Etchevehere sostiene que su propia familia falsificó su firma para dejar a un lado del reparto de los bienes familiares.

Pero tanto la denuncia por estafa como el trámite sucesorio están enredados en la maraña judicial.

El 1° de julio, el anterior juez de la causa, Juan Hipólito Carlín, había fijado la audiencia para la tercera indagatoria de Barbero Marcial.  La disposición del magistrado fue a los fines de «dar continuidad a la declaración indagatoria» de Barbero Marcial. La mujer ya había declarado en dos oportunidades: el 12 de marzo y el 20 de abril. Se esperaba una tercera para el 30 de abril. Pero en medio ocurrió que el juez de la causa, Carlos Hugo Ríos, contrajo Covid-19, y no pudo recuperarse: falleció a principios de junio último.

La continuidad de las indagatorias, que empezaron con los hijos de Etchevehere en octubre de 2020, se había suspendido. En mayo pasado, y por segunda vez, la Justicia frenó el trámite que debía cumplir Barbero Marcial en la causa penal que enfrenta a raíz de la denuncia por estafa.

El 4 de mayo, el juez subrogante Juan Hipólito Carlin emitió una resolución en la que dispuso que ese trámite se cumpliría el 9 de junio. Pero tampoco pudo darse en esa fecha. El lunes 17 de junio el magistrado firmó un nuevo escrito en el que comunicó que la indagatoria no tendría lugar hasta que “las condiciones sanitarias” lo permitieran.

Esa indagatoria había sido programada para los días 5 y 9 de agosto, pero el abogado de la familia Etchevehere, Rubén Pagliotto justificó el pedido de aplazamiento en dos motivos: sus propios problemas de salud, y los de Barbero Marcial, de 84 años, a quien su cardiólogo recomendó 10 días de reposo.

El 30 de octubre de 2020, siete años después de la apertura de la causa, el juez de Transición Carlos Hugo Ríos -el cuarto magistrado que tuvo en sus manos la causa, ya fallecido, y a quien siguieron Juan Hipólito Carlín, y, ahora, Carola Bacaluzo- citó a declaración indagatoria a todo el clan Etchevehere. Fue un día después de que la jueza María Carolina Castagno dispusiera, el 29 de octubre del año último, el desalojo de Dolores Etchevehere del campo Casa Nueva, en el Paraje El Quebracho, en el acceso a Santa Elena, que había sido tomado junto al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de Juan Grabois.

Fuente: Entre Ríos Ahora