Gualeguaychú: denunciaron a la titular local del PAMI y un prestador oftalmológico

Los concejales de Juntos por el Cambio (Gualeguaychú), radicaron una denuncia penal ante el Juzgado Federal contra la directora local del PAMI, Anastasia Aramburu, y el prestador oftalmológico Mauro Morano. Los ediles aseguraron que el oftalmólogo no contaba con la especialidad médica al momento de tomar las cápitas, en octubre del año pasado.

“Acá existió inoperancia o connivencia de la directora del PAMI a favor del prestador, ya que oportunamente desde nuestro bloque se le informó de la anomalía y decidió no escuchar. Es más, nos respondió que en la delegación a su cargo no existían médicos sin especialidad”, señalaron los ediles.

“Debe quedar claro que estamos ante un hecho de gravedad inusitada. Puntualmente, se trajo un médico de otra ciudad para atender a nuestros abuelos sin tener la especialidad. O sea, se le permitió a un médico que haga las veces de oftalmólogo sin serlo, hecho que está terminantemente prohibido”, agregaron, al tiempo que coincidieron que “se habla de derechos y se expone a los abuelos como conejillos de Indias. Y más allá de la condena moral estamos en presencia de un delito y por eso acudimos al fuero Federal, con el patrocinio letrado del Dr. Osvaldo Fernández. La denuncia fue presentada el día 8 de agosto y ratificada el viernes pasado”, remarcaron.

Una historia de desprolijidades

Cabe recordar que, en 2015, luego de muchos años con deficiencias enormes en la atención oftalmológica, el PAMI logró contar con un profesional de la ciudad (el Dr. Roberto Schlotawer), reparando una pésima historia en la materia. Tal “rara” era la prestación que, por ejemplo, una doctora de Concepción del Uruguay tenía 45 mil cápitas abarcando pacientes de varios departamentos, anormalidades que se repetían a lo largo y ancho de la provincia donde alrededor de cuatro médicos tenían a su cargo todos los pacientes entrerrianos.

Finalizado el gobierno nacional de Juntos por el Cambio, el kirchnerismo realizó cambios. Puntualmente se le dieron 10 mil cápitas a un prestador foráneo y le dejaron 8 mil al local. Aquí amerita describir que el prestador de la ciudad contaba con quirófano propio, mientras que el nuevo debía alquilar en el Sanatorio Jeannot Sueyro.

Por otro lado, la animosidad ante el prestador local y la clara intención de justificar el arribo del nuevo profesional, eran evidentes. Tal es así que en una entrevista mantenida en Radio Nacional el 8 de septiembre de 2021, la titular del PAMI, Anastasia Aramburu, señaló que Schlotawer “no operaba cataratas”, cuando a esa fecha ya llevaba más de mil operaciones de ese tipo en la ciudad. También, en la misma nota, indicó que las cápitas locales estaban en manos de un solo médico, cuando la realidad indicaba que tenía tres oftalmólogos a su cargo, con sus respectivas secretarias para una mejor atención.

Los concejales Pablo Echandi, Juan Olano y Alejandra Leissa puntualizaron que el Dr. Morano sigue atendiendo en la actualidad, cuando tienen en su poder documentación oficial de la provincia de Entre Ríos que acredita que no está habilitado para ejercer como oftalmólogo. “Para justificar el arribo a Gualeguaychú del nuevo prestador, se esgrimieron razones tales como la mejora y rapidez en la atención, cosa que no ha sucedido. Es más, ante las quejas de los abuelos solicitamos un turno y nos otorgaron el mismo para dentro de 70 días, cuando no debería superar el mes de espera. Y a ello agreguemos que el Dr. Morano al no contar con quirófano propio depende de que este libre el del Sanatorio donde alquila”, remarcaron.

Resulta importante consignar que la Coordinación de Registro y Fiscalización de Profesionales de la Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos señaló por nota -que acompaña la denuncia-, que el Médico Mauro Morano se encuentra inscripto en el Registro de Profesionales de la Salud, pero no posee autorización para anunciarse como médico especialista. “No caben dudas que las conductas descriptas encuadrarían en los arts. Arts. 246º (usurpación de autoridad, títulos u honores), y 247º (ejercer actos propios de una profesión para la que se requieren una habilitación especial, sin poseer el título o la autorización correspondiente); 248º y 249º  (Incumplimiento de los deberes de funcionario público) y 265º (negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones púbicas),  todos ellos del Código Penal Argentino, como así también la violación de la Ley de Ética Pública, o los que en definitiva resulten aplicables de corresponder, que habrían sido generados a partir de la actuación irregular de ciertos  funcionarios y/o empleados públicos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), y de los profesionales médicos implicados”, finalizaron.