La Cámara Federal porteña ordenó al juez Julián Ercolini investigar directivos de la AFI, al ex jefe de la Aduana de Ezeiza, Gonzalo Tzareff y a una directora de la AFIP por haber pedido datos migratorios y fiscales, que son de carácter reservado, del ex espía Antonio Stiuso, la jueza Arroyo Salgado, y el hijo del ex juez Claudio Bonadio, entre otros, días antes del crimen del fiscal Alberto Nisman.

Con las medidas se trata de descubrir quién, supuestamente desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del kirchnerismo manejó "una computadora virtual" en la "nube" de Internet para espiar a Stiuso y Salgado antes, durante y después del crimen de Nisman del 18 de enero de 2015.

La "nube" designa, en el lenguaje informático, una red mundial de servidores remotos que funciona como un único ecosistema, normalmente asociada a Internet para hacer operaciones y almacenar datos.

La orden de investigar a esos "objetivos" está incluida en el fallo en que confirmó el procesamiento Alexis Lesa, el director de Informática del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y de Pablo Palá, director de Informática del Tribunal de Cuentas de esa provincia. Hasta este viernes Bordet "no había pedido la renuncia" de sus funcionarios y militantes K con procesamiento firme y un embargo de dos millones de pesos metidos en este escándalo.

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En el fallo del jueves se vinculó el espionaje ilegal a Stiuso y Arroyo Salgado con el crimen de Nisman y se le encomendó a Ercolini mandar una copia de la causa al fiscal Eduardo Taiano, quien investigan la muerte del ex fiscal de la AMIA. El pedido de datos desde la Aduana, la AFIP y la AFI señalan que la maniobra de espionaje no era una decisión aislada sino que de la cual participaban varios organismos del gobierno K.

En ese fallo, el tribunal de alzada subrayó que “una funcionaria de la Aduana de Ezeiza –Andrea Muñoz-, puntualizó que los días 20 y 21 de enero de 2015, la Subdirectora General de Operaciones Metropolitanas de la Dirección General Impositiva –Karina Vernier- le requirió en forma directa y por mail a un inferior jerárquico de la testigo –Gonzalo Tzareff- que le brindase datos sobre diferentes CUIT, sin referir a quienes pertenecían”.

Muñoz se se dio cuenta de que “se trataba de Sandra Arroyo Salgado, del fiscal Alberto Nisman y del técnico informático Diego Lagomarsino” y no respondió el pedido.

Alexis Lesa (izquierda) y Pablo Palá (derecha).

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La funcionaria de la AFIP explicó que Karina Venier poseía “…un cargo superior a todos, un cargo muy importante en la cúpula del organismo, en tanto que Tzareff era un jefe de sección, un cargo de planta muy inferior”.

La testigo, resaltó la Cámara, hizo notar que “si bien en general las distintas dependencias tendían a desburocratizarse, solían siempre hacerse los requerimientos atendiendo el orden jerárquico”.

Tzareff es un viejo conocido en la causa Nisman porque fue el que grabó los videos de la llegada del fiscal al aeropuerto de Ezeiza desde España el 12 de enero de 2015, unos días antes de su crimen que luego difundieron C5N y otros medios K. Luego de que Tzareff pidiera datos del hijo de Bonadio a la AFIP, hubo un escrache en el estudio de música del joven, destacaron fuentes judiciales consultadas por Clarín.

En 2016, la Cámara Federal de La Plata procesó por "violación de secretos y de la privacidad" a Tzareff. Luego un tribunal condenó a un año de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos durante dos años al funcionario.

Esta causa siguió y en marzo de este año, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena. La decisión la tomo la Sala III del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky. Los magistrados declararon inadmisible un recurso de revisión interpuesto por la defensa particular de Tzareff.

En su procesamiento original, Ercolini dio por acreditado que Palá y Lesa “desarrollaron acciones de inteligencia ilegal entre los días 18 y 30 de enero de 2015, de manera organizada y conjunta, en ocasión de haber ingresado en numerosas oportunidades a la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones, a través del usuario "wmlopez"".

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El directivo de la AFI que usaba ese usuario afirmó que en esos días estaban "de vacaciones" y que el mismo era usado por distintos funcionarios de la agencia que comandaba el senador Oscar Parrilli, mano derecha de Cristina Kirchner.

Los ingresos a la base de datos de Migraciones fueron con el número de IP (único para cada computadora) que era de Palá y el celular que lo tenía asignado era de Lesa, los funcionarios entrerrianos procesados que militan en un sector ligado al ex gobernador Sergio Urribarri.

En la apelación a su procesamiento, Palá y Lesa negaron sus cargos, explicaron que tienen una empresa privada que vende “computadoras virtuales” en la “nube” de Internet y que en el 2014 vendieron una a un tal “Franceso Castellana” con quien se comunicaron por mail.

Castellana pagaba, a través de Paypal, 50 dólares por mes para mantener esa “computadora virtual” . Y que el supuesto Castellana trabajaba en la empresa “Expressvpn”.

Lesa “manifestó que no tuvo contacto alguno con Castellana más allá de meras consultas administrativas –referentes a cambios o actualizaciones en el plan–, hasta que en el año 2016". Ese año "le fue informado por iPlan que la IP otorgada en el caso, 190.210.180.181, había sido blanco de un ataque informático; circunstancia que fue puesta en conocimiento de “Expressvpn” mediante el reenvío a la dirección f.castellana@expressvpn.com sin obtener respuesta alguna por parte de su cliente".

“Se advierte de las declaraciones indagatorias prestadas por Palá y Lesa una serie de circunstancias carentes de precisión, que además no han sido acreditadas por aquéllos ni aparecen respaldadas por las constancias probatorias incorporadas a la pesquisa”, advirtió Ercolini.

Y subrayó que ninguno de “los imputados dio mayor información que permita individualizar a Castellana” o su empresa.

La coartada de Lesa y Palá es parecida a la del hacker misionero, Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien hackeó el celular del ex ministro de Seguridad porteña, Marcelo D'Alessandro, a través de la maniobra de "Sim Swapping". En ambos casos, afirmaron que fueron contactados por terceros pero no conocen las maniobras de espionaje que se hicieron ni a sus clientes.

Lo cierto es que desde ese IP se ingresó 38 veces a la base de datos de Migraciones sin orden judicial para saber si Stiuso había salido o entrado del país y dos veces por Arroyo Salgado.

El abogado de Pala y Lesa, Santiago Bupo, apeló el procesamiento de su cliente dictado por Ercolini que el jueves fue ratificado por los jueces de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah y Martín Irurzun y negó los cargos.

“Los hechos objeto del proceso se enmarcan dentro de un ámbito de actuación comercial con ciertas particularidades, siendo una de ellas la intervención de los llamados “cloud bróker” (NdR, “nube”) en calidad de intermediarios entre los proveedores de servicios y los consumidores finales de ellos”, afirmó el letrado.

“Otra característica de ese mercado es que los servicios siempre se registran bajo el nombre de ese intermediario, sin ser él quien haga uso del mismo, sin siquiera tener acceso ni control del empleo que el consumidor final haga con el servicio”, afirmó el letrado.

El abogado reprodujo los nombres de todos los directores y ex directores de la AFI que usaban el usuario “Wmlopez” para entrar a la base de datos de Migraciones que este diario no publica por cuestiones de reserva.

Sin embargo, tanto Ercolini como los jueces de la Cámara sostienen que “existen razones para sospechar fundadamente que el aporte de la clave fue voluntario” de parte de algún miembro de la AFI del gobierno de Cristina Kirchner en esta causa que mostrará en los próximos días más avances.

Fuente: Clarín.