N.B. de ANÁLISIS

Los defensores en la causa coimas, comenzaron a realizar las oposiciones formales al pedido de los fiscales para incorporar evidencia en el futuro juicio oral.

Este jueves, expusieron los abogados Andrés Bacigalupo y Franco Azziani Cánepa, pupilos del imputado Luis Alfonso Erbes, exsubsecretario de Presupuesto y Finanzas del Ministerio de Economía de Entre Ríos. En las sucesivas jornadas agendadas por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), los defensores de cada uno de los imputados irán planteando sus cuestionamientos respecto de la evidencia que sostiene la acusación formal.

En principio, los argumentos que empiezan a esbozar no difieren de los cuestionamientos defensivos en el “megajuicio por corrupción”. Los abogados atacan la recolección y producción de prueba informática, presuntas falencias en las cadenas de custodia, y métodos de trabajo y análisis sobre el material secuestrado. Tampoco ahorran cuestionamientos a la prensa y los “juicios paralelos”. Por lo tanto, reclaman al juez de Garantías Julián Vergara que excluya de la causa la prueba que atacan.

A la audiencia de hoy, además de los abogados de Erbes, asistieron los defensores Ignacio Esteban Díaz en representación del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros; Leopoldo Lambruschini por Humberto José Flores (exsecretario de Hacienda de la provincia); Gaspar Reca y Sebastián Ludi por Miguel Ángel Ulrich (exdirector de Ajuste y Liquidaciones del Ministerio de Economía -sigue en funciones-); Juan Antonio Méndez por el exdirector de Informática, Carlos Haidar; y Miguel Ángel Cullen por el exgobernador Sergio Urribarri. Por otro lado estuvieron los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro.

“La incorporación de cierta evidencia digital afecta las garantías constitucionales de Luis Erbes”, dijo Bacigalupo, el primero de los abogados en alegar este jueves. Mencionó la teoría del “árbol venenoso” por lo cual toda evidencia que se desprenda de los secuestros digitales sería, supuestamente, ilegal. “Se incumplieron principios y pasos esenciales acerca de cómo recolectar evidencia digital que, además, es muy volátil”, subrayó. Se refirió de ese modo a los allanamientos que en 2018 los fiscales dirigieron en las oficinas de Relevamientos Catastrales SA, en provincia de Buenos Aires, en los cuales secuestraron miles de datos informáticos que componen la prueba que permite sostener la acusación pública por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y cohecho.

El defensor agregó que en los documentos asentados en el marco de los secuestros, se mencionan los elementos incautados pero no la metodología usada para llevar adelante las incautaciones y apuntó a la “cadena de custodia”. “Cuando esos elementos informáticos llegaron a Paraná, debieron ser rechazados”, advirtió y deslizó, tal como lo hicieron los defensores en 2021 y 2022 durante el “megajuicio”, que se pudo haber inyectado un virus “Troyano” en el material informático. “No había bolsas ‘faraday’”, acotó, en referencia a impermeables para dispositivos electrónicos.

Bacigalupo criticó la intervención de personal de gabinetes especializados del Ministerio Público Fiscal (MPF) en la producción y análisis de evidencia, y no de peritos oficiales del Superior Tribunal de Justicia (STJ).  “Se dejó en manos de los fiscales toda la copia forense para que naveguen en amplia información personal” de los imputados. “Además, las personas que intervinieron no son ingenieros sino bioingenieros, no tienen título específico ¿Pero qué clase de trabajo queremos en las oficinas públicas?”.

Erbes y su abogado Bacigalupo (de corbata), en junio de 2022, cuando dictaron el sobreseimiento en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. (Foto: ANÁLISIS)

Urribarri-Cardona Herreros: “No hay nada concreto que funde la participación de Erbes”

Mencionó que los allanamientos en Buenos Aires fueron autorizados en el marco de otro legajo pero “se recompiló evidencia para esta causa”. Así lo vienen planteando todas las defensas de la causa Coimas desde el año pasado. Cuestionan que los allanamientos se autorizaron para el legajo de enriquecimiento ilícito del exgobernador Urribarri y la información secuestrada por el Ministerio Fiscal sirvió, también, para fundar la acusación por presuntas coimas.

La defensa de Luis Erbes tuvo una particularidad. El abogado recordó la investigación de su pupilo por presunto enriquecimiento ilícito, en la cual fue sobreseído. “En cinco años de auditorías, Fiscalía no pudo probar la autoría de Erbes. Se dictó su sobreseimiento y ni siquiera fue apelado”, apuntó y deslizó: “La Fiscalía lo investigaba desde 2017 a sus espaldas. Le abrieron la causa por presunto enriquecimiento para meterse en su privacidad. Hicieron un subterfugio para extraer información para esta causa de negociaciones incompatibles”, arremetió.

Por último, Bacigalupo reiteró que la prueba que sostiene la acusación contra Erbes es “ilegítima” y solicitó la “exclusión de la evidencia digital” y todo lo que derivó de ella.

El abogado Franco Azziani Cánepa, codefensor de Erbes, completó el pedido de Bacigalupo y puntualizó sobre los informes de las líneas telefónicas. “Acá hay una cuestión de fondo y una cuestión de forma”, dijo.

La hipótesis de los fiscales sostiene que durante las dos gestiones urribarristas hubo una “mesa de negociación” a partir de la cual se favoreció a las empresas que dirigía el empresario Cardona Herreros con contratos del Estado. Para los representantes del MPF hubo sobreprecios y retorno de coimas o dádivas para los funcionarios de gobierno, para el empresario y varios empelados jerárquicos de sus organizaciones. En la investigación, además de los imputados actuales, estuvieron implicados algunos empleados de Relevamientos Catastrales: Miriam Fessia, Guillermo Linares, Jorge Zanabone y Alfonso Campitelli. Todos recibieron la suspensión de juicio a prueba tras acordar con Fiscalía y refrendar los acuerdos en la Justicia de Garantías. En un futuro juicio oral serán citados como testigos. No corrieron la misma suerte los funcionarios públicos y el propio Cardona Herreros, que también pidió ser alcanzado por el beneficio el año pasado, apenas iniciada la instancia de remisión a juicio en la causa.

Según han dicho los representantes de la acusación pública, la causa “coimas” es una de las investigaciones más grandes por la cantidad de material que se analizó para la pesquisa, la jerarquía de las personas investigadas y la complejidad de los delitos imputados que, hasta ahora, consideran con un grado de probabilidad suficiente como para impulsar el juicio oral.