El Superior Tribunal de Justicia (STJ) apeló la resolución que la obligó a asumir el costo mayoritario de la nueva autopsia al cuerpo de Ariel Goyeneche, la cual estará a cargo del equipo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). La medida cuestionada la dispuso el 14 de febrero el juez de Garantías Elvio Garzón, en una audiencia de la que participaron los abogados defensores de los policías acusados de homicidio, la fiscalía y la querella.

El magistrado dispuso que el STJ deberá afrontar el 60% de la suma de 2.620.000 pesos, que cuesta la autopsia. En tanto, el Ministerio Público Fiscal tendrá que abonar el 10% y los policías imputados el 30% restante, dividido en tres partes iguales. La familia Goyeneche fue exenta del aporte económico. Cabe recordar que Goyeneche, de 36 años, falleció por asfixia en la madrugada del 12 de febrero del 2024, luego de ser detenido y cuando era trasladado a la comisaría segunda de Paraná.

A un mes de aquella resolución, este miércoles por la tarde se realizó una audiencia en la que la Fiscalía de Estado, que dirige Julio Rodríguez Signes, planteó que el presupuesto del STJ no prevé un gasto de esas características. Finalmente, se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes cuando se conocerá si el Poder Ejecutivo accede a hacerse cargo del costo.

En diálogo con el programa Puro Cuento (Radio Plaza), Signes explicó: "La Provincia no es parte del proceso penal: solo están los defensores, el querellante y el fiscal. Lo que sucedió es que el juez Garzón hizo lugar al pedido de realizar la nueva autopsia y asignó que el 60% del costo de esa pericia le correspondía abonar al STJ. Allí fue que el presidente del STJ encomendó a la Fiscalía de Estado que apele la resolución por dos motivos: la resolución no tenía fundamento y atribuía al STJ un gasto que no está en el presupuesto".

Ordenan exhumar el cuerpo de Ariel Goyeneche para realizar una nueva autopsia

"Nosotros sostuvimos la apelación, pero con la particularidad de que pedimos un cuarto intermedio. Si bien seguiremos sosteniendo que al STJ no le corresponde pagar la pericia, falta consultar al Poder Ejecutivo si la realización de la pericia será útil para la Provincia", añadió.

En esa línea, Signes remarcó que la nueva pericia podría ser de interés para el Estado provincial en caso de que se entable una demanda civil. "Está discutida la conducta de tres agentes policiales y la pericia podría ser de utilidad para la Provincia. Nos parece que puede ser una posibilidad resguardar prueba para la Provincia si eventualmente hay una demanda civil", concluyó.