El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a través de la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación Obra Pública, a cargo de Fernando Álvarez de Celis, remitió a la Municipalidad de Concordia una carta documento, en la que le comunica la rescisión de un convenio firmado en 2017. Mediante ese acuerdo, el gobierno nacional se comprometía a aportar fondos para financiar obras en el Barrio Agua Patito, ubicado en el extremo noroeste de la ciudad.

En la misiva, fechada el 9 de octubre de 2019, Nación no sólo que da por caído el convenio argumentando el "amplio vencimiento de los plazos temporales en el avance de obra y de finalización de obra" y el "incumplimiento del objeto y de las obligaciones allí asumidas", sino que también intima a la Municipalidad de Concordia a "reintegrar", en un plazo de 30 días, "las sumas debidas a cuenta de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 2.879.674,45), en concepto del proporcional correspondiente al anticipo financiero que fuera otorgado".

El convenio que el Ministerio del Interior conducido por Rogelio Frigerio decidió rescindir data del 4 de abril de 2017 y tenía por objeto "proveer de asistencia financiera para la ejecución de la obra PAVIMENTO 100 + 250 VIVIENDAS DE EMERGENCIA HÍDRICA - BARRIO AGUA PATITO”.

En 2017, el debate en el Concejo Deliberante que derivó en la aprobación de los convenios fue especialmente áspero, según publicó El Entre Ríos. Dos ediles opositores, Carola Laner y Esteban Benítez, hicieron fuertes cuestionamientos a la operación de compra de los terrenos para el barrio, concretada durante la gestión municipal de Gustavo Bordet, por entender que el precio acordado fue desproporcionado y que las tierras no reunían las condiciones necesarias para la instalación de un barrio de viviendas, advertencia que hiciera incluso la propia Subsecretaria de Obras Públicas de la comuna al momento de ser consultada.

En aquel año, el 17 de Abril, se sancionó la Ordenanza N° 36.048, mediante la cual se aprobó "el proyecto 250 viviendas e Infraestructura barrio Agua Patito en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas Obra por Administración CONVE-2017-03231580 APN-SECVYH-ML, por un monto total de PESOS (CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SEIS CON VEINTISÉIS CENTAVOS ($ 152.199.076.269), que se financia con aportes provenientes de Nación y del Municipio". En el texto de la norma especificaba que Nación aportaría $ 119.060.910 y $ 23.312.040, mientras que la comuna libraría $ 9.826.120.

Tres meses después, se aprobó otra ordenanza, la 36.165, que le dio el visto bueno al "Proyecto Cien (100) mejoramientos Barrio Agua Patito en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas Obra por Administración CONVE-2017-03637094- APN-SECVYH-MI, por un monto total de PESOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ($22.674.660)", también financiada con "aportes provenientes de Nación".

Algo más de dos años después, la carta documento que arribó al municipio en este mes de octubre le pone punto final al vínculo establecido, a la par que le reclama a la gestión de Enrique Cresto la devolución de casi tres millones de pesos.

Según publicó El Entre Ríos, “es de suponer que el municipio reaccione procurando ganar tiempo hasta que asuma una nueva gestión en la Casa Rosada, con la cual recuperar el vínculo”.