A través de una nota presentada por el secretario de Obras Públicas Maximiliano Argento, el gobierno municipal de Paraná informó a la Defensoría del Pueblo del reinicio de los trabajos en la zona conflictiva de calle Racedo. La Defensoría informó este martes que presentó un pedido de informes solicitando conocer sobre el reinicio de las obras. En la misiva de la comuna se adelantó que la Municipalidad podría iniciar acciones legales contra las personas que impidieron el avance de la obra luego del fallo judicial que dio luz verde al proyecto a fin de cobrar los mayores costos que implicó la demora en el inicio.

Argento remarcó a la defensora Marcia López que el organismo inició una acción de mediación: “Pese a que nos encontrábamos ante un caso con una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, revistiendo la calidad de asunto ya juzgado”. La referencia no es casual: la ordenanza que regula la actividad de la Defensoría del Pueblo ordena no dar curso a las quejas cuando se trate de temas ya juzgados en los Tribunales, publicó Apf.

Luego, el funcionario hizo un racconto de las distintas actividades de difusión y de la tramitación del amparo judicial que presentó el Foro Ecologista que terminó siendo rechazado. Luego de que la Justicia le diera la razón al municipio “la Defensoría del Pueblo que Ud. Representa –previa presencia suya en el lugar donde debe realizarse la obra- abre una instancia de diálogo con las organizaciones manifestantes, resultando de ello dos reuniones conjuntas y varias sectoriales”, mencionó el titular de Obras Públicas.

Elevó un pedido de informes.

Calle Racedo: la Defensoría del Pueblo pidió informes al Ejecutivo por reinicio de obras

En el marco de esta instancia de diálogo: “Y respondiendo tanto a las preocupaciones planteadas por la Asamblea de vecinos/as y organizaciones, como a la naturaleza de la obra aprobada por Nación, desde el Municipio se realizaron diversas propuestas, no resultando hasta la fecha aceptadas por las personas que Usted convocara y entendiera como representantes de vecinos de la ciudad, asambleístas y algunos frentistas. Aclaro que en el caso de algunos de los convocados no contaban siquiera con representación legal alguna y que pese a ello y por el respeto al diálogo igualmente fuimos receptivos de los planteos formulados”, agregó.

Luego, señaló que en la última reunión realizada “se acordó la puesta a disposición nuevamente de toda la documental y personal técnico durante los días 8 y 9 de abril para realizar todo tipo de aclaraciones y entrega del material disponible, como asimismo de las consideraciones a las propuestas formuladas. Que a esa instancia sólo concurrió la Sra. Mercedes Cagnani a la cual se le entregó toda la documental”.

“Por todo ello, y como consecuencia de la demora en el inicio de los trabajos de obra, por el conflicto de público conocimiento, y aún existiendo la sentencia antes mencionada, es que la empresa contratista reclama mediante Nota de Pedido el Reconocimiento de actualizaciones de precios y gastos improductivos hasta que la Asamblea de Vecinos y Organizaciones levanten el acampe y liberen la traza que permite reiniciar los trabajos”, consignó Argento.

“Siendo estos costos altamente elevados y siendo nuestra responsabilidad como Administración Municipal velar por los recursos y derechos de todos los vecinos paranaenses, es que se torna necesario de forma urgente reiniciar la obra en cuestión”, argumentó.

A párrafo seguido, le apuntó a López: “La instancia de diálogo por Usted convocada ha sido infructuosa – y no por acción u omisión de esta Administración Municipal- generando ello las consecuencias económicas, jurídicas y administrativas que conlleva ello”.

“Es en este marco que debemos dejar constancia que todo mayor gasto producido por la demora mencionada, podrá ser repetido contra todas las personas, asociaciones, y/o cualquier otro, que de una manera u otra impidieron la normal ejecución de esta obra pública”, anticipó.

Finalmente, Argento reiteró “la vocación del municipio de participar de las instancias de diálogo que contemplen el compromiso con la protección ambiental y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la ciudad, y también consideren la responsabilidad que nos cabe de gestionar los recursos del estado de manera transparente y ajustada a derecho”.