El control de cambios y las consecuentes restricciones para acceder a la compra de dólares está empezando a complicar a las empresas que necesitan divisas para saldar sus deudas con acreedores locales y externos.

El primer caso puntual es de la empresa IRSA, la firma que conduce Eduardo Elsztain y es dueña de los más importantes shoppings y edificios de oficinas del país. La firma no pudo esta semana saldar por completo un pago de 135 millones de dólares correspondiente a una obligación negociable.

En concreto, lo que sucedió es que IRSA depositó todo el dinero en la caja de compensación local, pero la parte del dinero que correspondía a inversores cuya tenencia está radicada en el extranjero no pudo ser girada.

Esto fue así porque, tal como está redactada la regulación del Banco Central, dichos acreedores son calificados como personas jurídicas, y por consiguiente si quisieran hacerse de los dólares deberían mudar la tenencia de esas Obligaciones Negociables al mercado argentino, publicó el diario Clarín.

Esto supone un problema: luego, no podrían girar los dólares desde aquí a otro país. El dinero tiene que ser girado a una caja compensadora internacional (en este caso Clearstream), que es una sociedad que mantiene la custodia de las Obligaciones Negociables emitidas por IRSA. Después se encarga de distribuir los pagos entre cada uno de los inversores que poseen sus acreencias en cuentas internacionales.

De los 135 millones de dólares que ya pagó la compañía que preside Eduardo Elsztain, se estima que unos 35 millones de dólares ya fueron depositados en las cuentas de los inversores. En tanto que poseen sus títulos bajo custodia en Caja de Valores.

Sin embargo, la mayor parte -alrededor de 100 millones de dólares- de la emisión de la Obligaciones Negociables está “alojada” en una sociedad depositaria internacional.

La empresa informó que depositó los pagos en la cuenta que tiene en la Caja de Valores la firma Clearstream Banking, el banco encargado de repartir el dinero acreditado a los tenedores de bonos emitidos por la empresa.

El martes pasado, la firma con sede en Luxemburgo emitió un comunicado en el cual señala que “la Caja de Valores ha confirmado que los intereses y los ingresos de reembolso adeudados por el pago de la ON IRSA Clase 8 en dólares tal vez no se puedan pagar a una cuenta en el extranjero para los beneficiarios considerados personas jurídicas”.

“Clearstream Banking se considera una persona jurídica y, por lo tanto, todos los activos mantenidos a través de la cuenta directa de Clearstream Banking en la Caja de Valores se ven afectados por las restricciones existentes de cambio y repatriación, independientemente de la naturaleza legal de los inversores subyacentes”, completó esta firma.

Sobre el impacto que tiene la normativa para los clientes, se indicó que “los intereses y los fondos de reembolso permanecerán impagos hasta que haya una alternativa disponible. Cualquier pago en dólares permanecerá en espera en la cuenta de Clearstream Banking en la Caja de Valores hasta nuevo aviso.

La normativa establece que, si superados los 30 días del plazo de pago original el dinero no pudo ser depositado en la cuenta de cada acreedor, se considera al deudor en default técnico. En IRSA rechazan tal afirmación. “Nosotros depositamos la plata donde correspondía y son la Caja de Valores y el Banco Central los que deben cumplir su parte y permitir que los fondos lleguen a manos de los acreedores”.

“(...) Hemos tomado conocimiento de que los tenedores del bono IRS19, cuya custodia se encuentra en cuentas en el exterior, no han visto acreditado aún el capital e intereses que ha sido pagado por la Compañía en debido tiempo y forma (...). En este sentido, sugerimos a nuestros inversores (...) consultar con los bancos custodio que correspondan acerca de la normativa cambiaria aplicable a la fecha”, dijo IRSA en un comunicado enviado anoche a la Caja Nacional de Valores.

El riesgo de no pagar las deudas se extiende a otras compañías. En los próximos días vencen también obligaciones negociables de YPF, Banco Hipotecario, Arcor, y bonos nacionales y provinciales, como los de Neuquén, Chubut, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Salta.