La Cámara de Diputados comenzó a analizar este martes el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que el Gobierno envió al Congreso el último 17 de noviembre. El debate se desarrolló en el plenario de comisiones, donde funcionaros del Ejecutivo y una veintena de especialistas expusieron, en partes iguales, argumentos a favor y en contra de la iniciativa.

La primera representante del Gobierno que tomó la palabra fue la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, quien afirmó que “la penalización del aborto generó un mundo clandestino de miles y miles de abortos que se suceden invisibilizados”.

Frente a dicha situación, consideró que el Estado solo les ofrece a las mujeres “amenazas de cárcel”, por lo que el Ejecutivo optó por plantear una alternativa. “Les decimos que es a esa mujer a quien queremos atender, la queremos cuidar y que sepa que tiene el derecho de ser atendida”, expresó Ibarra. Y enfatizó: “Nadie quiere promover el aborto, queremos disminuir las muertes”.

En esa misma línea se manifestó el ministro de Salud Ginés González García, que sostuvo: “Los abortos clandestinos provocan muertes, enfermedades, internaciones y gastos”. No obstante, consideró que esta problemática “tiene solución”, y que resolverla de manera científica permitirá “eliminar una causa de muerte”.

Más tarde, al referirse a la discusión en torno al momento de la gestación en el cual se considera que comienza la vida, el funcionario advirtió: “Acá no hay dos vidas como dicen algunos, acá claramente es una sola vida, una sola persona y lo otro es un fenómeno”.

Entre las oradoras que se posicionaron a favor del proyecto estuvo la militante feminista y miembro de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito Nelly Minyersky, que defendió que “prevalezca la voluntad de la mujer hasta las 14 semanas del embarazo”.

“(El embarazo) es un proceso con muchas implicancias y decir que hay que gestar para después dar en adopción no es ético, argumentó la abogada especializada en DDHH. Por ese motivo, consideró que la IVE constituye una “ampliación de derechos” para las mujeres. “No obligamos a nadie a que lo haga, pero no queremos que nadie tampoco nos obligue en las cosas más íntimas de nuestra vida”, señaló.

Asimismo, la ministra de la Mujer bonaerense, Estela Díaz, afirmó que “lo que resulta inaceptable en este debate es transformar a la gestación en una obligación o en una condena por tener sexo”, mientras que la doctora Silvia Oizerovich apuntó que la cuestión de fondo de la discusión es “si estamos a favor de dejar a las mujeres a la deriva de la clandestinidad, de prácticas inseguras y desprotegidas para su salud”.

Por otra parte, el cura villero “Pepe” Di Paola fue el primer expositor en cuestionar la iniciativa. En su alocución, aludió a un intercambio de cartas que mantuvo con el Papa Francisco, en el que el Sumo Pontífice expresó: “El asunto del aborto no es esencialmente religioso, sino un problema humano”.

De esta forma, afirmó que para Su Santidad la discusión sobre el aborto debe darse de manera científica, y subrayó que “los estudios de embriología muestran que en la tercera semana de embarazo ya está diseñado todo el organismo y late el corazón”.

A continuación, sostuvo: “Como curas y religiosos de villas y barrios populares, aprendimos de los vecinos a amar y a cuidar la vida. Los lazos de amor que se generan entre los más pobres nos muestran que toda vida vale”.

Más tarde, el exministro de la Corte Suprema, Rodolfo Barra, rechazó la iniciativa del Ejecutivo desde una perspectiva jurídica. “El actual proyecto de ley, al permitir el aborto sin causa durante las primeras 14 semanas de embarazo, contradice el sistema integrado por el Código Civil, la Ley 26.061 y el artículo 75 inciso 23 de la Constitución”, aseguró.

De manera similar, el abogado penalista Hernán Munilla Lacasa sostuvo que “la vida es el derecho primero y más importante del cual dependen todos los demás derechos de las personas”. También destacó que “el sistema penal se dedica a reprimir los ataques contra la vida” y afirmó que el proyecto IVE “incurre en una incoherencia intrínseca al establecer que la mujer tiene derecho a suprimir esa vida diferente a la suya hasta la semana 14”.

En tanto, la socióloga María Elena Critto se apoyó en datos estadísticos oficiales para exponer los “mitos” que existen alrededor del aborto. “El primer mito es que la muerte por aborto es una prioridad de salud pública”, señaló, y afirmó que esta práctica representa “el 0,2% de las defunciones de mujeres en edad fértil, ocupando el puesto 58 en el ranking de causas”. También apuntó que “la Argentina tiene una de las tasas de mortalidad por aborto de las más bajas del mundo, con cinco muertos cada 100.000 nacidos”, y que las hospitalizaciones por esa razón “han disminuido en un 43% entre 2005 y 2016”.

En sintonía con Critto, el médico Miguel Schiavone señaló que, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Salud, se registraron 257 muertes maternas. “De ellas, 33 son por aborto y no todos criminales”, sostuvo el especialista, y cuestionó: ¿qué está haciendo la salud pública para evitar las 224 muertes no vinculadas al aborto?”.

Según informó la presidenta de la comisión de Legislación General, Cecilia Moreau, el debate continuará este miércoles a partir de las 10 y contará con una nueva tanda de exposiciones a favor y en contra del proyecto. En tanto, la Comisión de Mujeres y Diversidad adelantó que buscan que el debate en el recinto tenga lugar antes del 20 de diciembre.