El juez Casanello y el fiscal Pollicita llevan adelante desde hace unos seis meses una causa judicial iniciada por el ministerio de Patricia Bullrich, con el foco puesto en el manejo de planes sociales por parte de un grupo de dirigentes sociales. Qué se sabe del caso, qué pruebas tienen y cómo sigue.

De las más de 13.000 llamadas al 134 por irregularidades en el manejo de planes sociales, la causa terminó centrándose en cinco testimonios contra cinco comedores.

Las organizaciones sociales son el núcleo de un expediente atravesado por la coyuntura política en el que se investigan supuestas irregularidades en el manejo de dos prestaciones sociales del Estado Nacional: el Plan Potenciar Trabajo y las cajas de alimentos. El caso fue iniciado hace unos seis meses por el Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich y está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello.

Además, esta semana trascendió otro eje de conflicto con los planes asistenciales: el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil realizó una auditoría a pedido de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que determinó que de un total de 2.646 comedores 1.247 no pudieron ser validados.

Estas son las cinco claves de la causa judicial que se centra en presuntas extorsiones a los beneficiarios de planes sociales, es decir el primero de los dos asuntos.

¿Cómo surge el caso?

La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación el 20 de diciembre de 2023, en medio de las movilizaciones por el aniversario del estallido de 2021, que también se convocaron contra el gobierno de Milei. El ejecutivo habilitó entonces una línea telefónica de denuncias, la 134, invitando a beneficiarios de planes sociales a denunciar a las organizaciones sociales en casos de extorsiones o exigencias de movilizarse a cambio de recibir el plan social.

El ministerio de Bullrich informó a la Justicia que la línea 134 recibió 13.310, de las cuales pudieron ser atendidas 2.720. Tras corroborar la verosimilitud, se derivaron 924 casos. La denuncia recayó en la fiscalía de Pollicita, en los tribunales federales de Comodoro Py 2002.

De las 924 denuncias, el fiscal tomó 45 correspondientes a su jurisdicción: Capital Federal. Del análisis de los 45 casos denunciados pudo localizar sólo a 7 denunciantes y apenas 5 aceptaron declarar. Esos cinco casos son el centro de este expediente. Se trata de hechos supuestamente ocurridos en comedores de las organizaciones Polo Obrero, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie.

¿Quiénes están acusados?

Hay unas 20 personas imputadas en el expediente. El fiscal sostiene que funcionaban en estructuras jerárquicas piramidales dentro de cinco comedores. Son las personas que tendrían facultades otorgadas por el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo. Los acusados quedaron inhibidos este miércoles.

¿De qué se los acusa?

Están acusados principalmente de administración fraudulenta. La fiscalía sostuvo en un dictamen que tendría comprobado que una porción de los fondos públicos que el Estado Nacional asignaba para la asistencia social fue desviada del destino presupuestario que le correspondía.

Los testimonios y otras pruebas obtenida sostienen que para convertirse en beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo las personas debían asistir a determinada cantidad de “marchas” o “movilizaciones” de las organizaciones sociales.

Una vez que se accedía al programa de ayuda social, los delegados de cada comedor hacían saber al beneficiario que, para continuar cobrando la prestación —que actualmente representa $78.000 por mes—, debía seguir asistiendo a las “marchas” y “movilizaciones” que indicaban los referentes del comedor. En caso de ausentarse, se les daba de baja el plan.

Si se asistía a determinada cantidad de “marchas”, se podía ascender al segundo rango de beneficiarios, que cobraban un monto superior —entre $150.000 y $200.000 por mes, según cada caso—. A estos se los denominaba “esenciales”, “cuadrilla” o “nexo”. En un segundo nivel por encima de esa categoría se encontraban los “delegados”, que cobraban más dinero —entre el doble y el cuádruple de la prestación básica— y tenían mayores responsabilidades.

Para recibir las cajas de alimentos del Gobierno nacional, los beneficiarios debían entregar “cápitas”, “cuotas” y “alquiler de comedor”. También denunciaron haber sido obligados a vender por la zona la comida recibida del Estado, quedándose los acusados con la ganancia. Además, se les exigía también asistir a las movilizaciones e incluso repartir volantes de candidatos a comicios electorales.

El sistema, según los denunciantes y otras pruebas, incluía sanciones y medidas de control: toma de asistencia a las movilizaciones, la confección de “listas de castigados” que debían “reparar” su sanción mediante el cumplimiento de nuevas tarea, la imposición de multas por faltar a una “marcha” —de hasta $10.000 por cada ausencia—, la exigencia de “justificar” las ausencias a las “movilizaciones” con “comprobantes” de los respectivos impedimentos —turnos médicos, trámites, etcétera—, y la prohibición de retirar raciones de comida o alimentos no perecederos por plazos determinados.

¿Cuáles son las pruebas?

Además de los cinco testimonios, los denunciantes aportaron capturas de WhatsApp y el juzgado ordenó intervenciones telefónicas a pedido de la fiscalía. Por ejemplo, en algunas de las conversaciones en los chats telefónicos, los imputados publicaban la lista de personas que no recibirían mercadería por no haber ido a las movilizaciones o aquellas que serían degradadas a la última categoría (“lista de espera”) por la misma razón, mientras que otros “ingresan a comedor” por haber cumplido con la asistencia a las movilizaciones.

Durante los allanamientos de los últimos días, la Justicia secuestró documentación y teléfonos celulares de los imputados, que deben ser peritados por la Policía Federal Argentina (PFA). Los resultados de esas pericias serán clave para que el juez decida si cita a indagatoria a los acusados. Las defensas pedirían la nulidad de todo lo actuado.

¿Cuál es la situación actual?

De acuerdo con el expediente, el Gobierno nacional ha sustituido el “Plan Potenciar Trabajo” por nuevos programas sociales, como “Programa Volver al Trabajo” y “Programa de Acompañamiento Social”. También ordenó el cese de las actividades de las Unidades de Gestión y Unidades de Certificación del Potenciar Trabajo, impidiendo así que las organizaciones sociales canalicen la prestación social.

(elDiarioAr)