En medio de la agudización del conflicto de la educación superior, con paros docentes en todo el país, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley propuesto por la UCR para ampliar las partidas para universidades públicas nacionales. Obtuvo 143 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención.

Tras 17 horas de sesión, a las 4.30 comenzó la discusión del proyecto. El tema que se metió por la ventana en el temario a través de un acuerdo de último momento entre el oficialismo y el bloque de la UCR. Sin ese acuerdo, el oficialismo no habría logrado el quórum para siquiera iniciar la sesión.

La cuestión del financiamiento universitario ya lleva varios meses de arrastre y tuvo como punto clímax de conflictividad el 23 de abril pasado en la masiva Marcha Nacional Universitaria para reclamar por la urgente recomposición de las partidas para gastos de funcionamiento y pago de salarios, publicó elDiarioAR.

El primer proyecto puesto en consideración, que tuvo dictamen de mayoría, de Unión por la Patria, fue rechazado en la votación. Este proyecto incluía la actualización bimestral de las partidas presupuestarias como el anterior, incorporaba ítems adicionales con un costo fiscal mayor, como la ampliación de beneficiarios y montos de las becas Progresar, y obligaba a la recomposición salarial de docentes y no docentes universitarios. La propuesta también contempla la actualización presupuestaria para ciencia y técnica, el desarrollo de proyectos especiales, el desarrollo de institutos tecnológicos y la extensión universitaria.

Por otra parte, el dictamen de minoría que finalmente fue aprobado está firmado por la UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal, y con Danya Tavela como autora principal y propone una actualización del presupuesto universitario basada en la inflación del año pasado, medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y una indexación bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 25% de la variación del dólar y otro 25% de las tarifas de servicios públicos, además de una recomposición salarial para docentes y no docentes con base en el IPC.

Al día siguiente Unión por la Patria convocó a una sesión especial para tratar este asunto junto con la restitución del FONID, pero el radicalismo dejó el recinto sin quórum, pese a haber participado de la marcha del día anterior.

En el medio el Gobierno nacional acordó algunos desembolsos parciales por 270 millones de pesos que servían para financiar gastos administrativos de funcionamiento por algunos meses del año, pero sin dar respuesta a los reclamos salariales.

El 21 de mayo, se desarrolló una sesión en la que la oposición logró emplazar a las comisiones para dictaminar sobre estos dos proyectos educativos.

Con los dictámenes en la mano, comenzó un derrotero sinuoso para el radicalismo, que prometió llevar el tema al recinto en varias ocasiones, incluso pidiendo una sesión especial para comienzos de julio, que luego retractó.

Con la reactivación del conflicto universitario como telón de fondo, la UCR volvió a insistir con el proyecto de presupuesto universitario y presionó con un pedido de sesión para ayer, que se superponía con la convocatoria al recinto que había hecho el oficialismo.

El acuerdo para unificar temarios resolvió ese primer obstáculo, pero después, tras más de tres horas de discusión, se definió qué dictamen prevalecía, habiendo dos opciones con posibilidades.

Los dictámenes sobre Presupuesto Universitario

El dictamen de minoría firmado con 21 firmas de la UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal, que tiene como autora principal a la radical Danya Tavela, propone actualizar el presupuesto universitario tomando como criterio la inflación del año pasado medida por INDEC, y a partir de esa base empezar a indexarlo de forma bimestral usando un coeficiente que combine un 50% de variación del IPC, 25% la variación del dólar y otro 25% la variación de las tarifas de servicios públicos.

Además, establece una modificación del artículo 58 de la Ley de Educación Superior y dicta la obligatoriedad de la Auditoría General de la Nación (AGN) de realizar auditorías en el Congreso nacional sobre las erogaciones de las universidades nacionales.

El dictamen de mayoría de Unión por la Patria, que cosechó 34 firmas, también proponía actualizar bimestralmente las partidas presupuestarias, pero incorpora otros ítems que generan mayor costo fiscal como la ampliación de los beneficiarios y de los montos de las becas Progresar.

Además, el proyecto del kirchnerismo incorporaba un artículo que explícitamente obliga a recomponer los salarios de docentes y no docentes universitarios.

“El Poder Ejecutivo dispondrá una inmediata actualización de las partidas presupuestarias relativas a los salarios docentes y no docentes universitarios a los efectos de recomponer el poder adquisitivo de los y las trabajadoras y actualizar la garantía salarial docente del sector”, señalaba el texto.

En tanto, la iniciativa preveía la actualización presupuestaria para ciencia y técnica, desarrollo de proyectos especiales, desarrollo de institutos tecnológicos y extensión universitaria.

Al abrir el debate, la diputada de Unión por la Patria Blanca Osuna advirtió que la caída del salario docente en universidades “oscila entre el 30 y el 40%”, y dijo que “no es casualidad” que se haya desarrollado la multitudinaria Marcha Nacional del pasado 23 de abril.