El Gobierno tiene en claro que enfrentará, en las semanas previas a la elección, a una oposición muy envalentonada en el Congreso que quiere ponerle límites institucionales al Poder Ejecutivo. En la agenda parlamentaria se acumulan temas sensibles: desde el proyecto de ley que restringe al Poder Ejecutivo en el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) hasta la posible interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por el decreto que puso en suspenso la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad (que fue vetada y refrendada por dos tercios de ambas Cámaras).
No todos los temas preocupan de igual modo a la Casa Rosada: con el eventual pedido de interpelación de Francos, cerca de Milei ven una posibilidad de exhibir a la oposición con un ánimo “destituyente” y observan que pueden teatralizar los lemas de la campaña libertaria. “Lo que está haciendo la oposición con Francos es excesivo y eleccionario. Que lo hagan... que suban el clima de golpismo antes de los comicios”, chicaneó este martes un importante colaborador de la Casa Rosada.
El lunes, mediante el decreto 681/2025, Milei promulgó la ley de emergencia en discapacidad, pero suspendió su aplicación alegando que la norma carece de fuentes de financiamiento. El Poder Ejecutivo se basó en el artículo 5° de la Ley N° 24.629 de Normas Complementarias para la Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional que señala que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos” y que “en caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
El decreto de Milei agrega que, dado que el Poder Ejecutivo ya remitió el proyecto de ley de Presupuesto 2026 “corresponde que los recursos para cubrir los gastos de la ley de emergencia en discapacidad “sean considerados en dicha discusión parlamentaria”.
En la Casa Rosada defendían este martes la decisión oficial, no solo en el plano político, sino también en términos jurídicos. “El Poder Ejecutivo no suspendió la ley, la ley nació suspendida en virtud de una regla que puso el propio Congreso. Si ejecutábamos, hubiéramos estado incumpliendo el marco jurídico vigente. No importa cómo fue sancionada la ley de discapacidad, si fue por mayoría simple o con una insistencia de dos tercios de las Cámaras después de un veto. Se dio el supuesto por el cual hay una ley sin fuente de financiamiento y, por el artículo 5° de la Ley N° 24.629, que fija cuál es la consecuencia, quedó suspendida su ejecución hasta que aparezcan las partidas”, señaló un importante funcionario a La Nación.
Qué pasó
La oposición en el Congreso, no obstante, alegó que hubo una “violación a la división de poderes” y dio pasos concretos para contraatacar la decisión del Gobierno. El diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, con el apoyo de sus pares Miguel Pichetto y Emilio Monzó, presentaron un proyecto de resolución para interpelar a Francos como un paso previo para aplicar, eventualmente, la moción de censura prevista en el artículo 101 de la Constitución, una figura que implica la remoción del jefe de Gabinete y que hasta ahora, desde la reforma constitucional de 1994, nunca se puso en práctica. También hubo pedidos análogos de los bloques Unión por la Patria en Diputados y en el Senado.
Este martes, Francos dijo que “en cuanto le fijen una fecha” se someterá a la interpelación en el Congreso. “Es cierto que es la primera vez que pasa que un jefe de Gabinete, pero está dentro de la Constitución, así que yo no tengo más remedio que concurrir. No le tengo ningún temor a la discusión”, dijo el jefe de Gabinete en declaraciones a Radio Rivadavia.
En la Casa Rosada conocían que existía un ánimo en la oposición para avanzar por el camino de la moción de censura desde que trascendió mediáticamente, días atrás, que el Poder Ejecutivo no aplicaría la ley de discapacidad. “Hay una parte de la oposición que está subida a una moto. Pero todavía faltan 40 casilleros para llegar al escenario de la remoción de Francos”, apuntó un asesor oficial.
El jefe de Gabinete, no obstante, alardeó: “No me ata al cargo nada más que servir a mi país y acompañarlo a Milei. La variable de ajuste no soy yo, es el equilibrio fiscal”.
Para llegar al escenario límite de la remoción del ministro coordinador es necesario que la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialismo, dictamine primero el llamado a interpelación. La oposición debería votar un emplazamiento, obtener dictamen y, una vez concretada la cita de la interpelación, avanzar en la segunda etapa, la de la moción de censura, que requiere el voto de la mayoría absoluta sobre la totalidad de cada Cámara.
En Balcarce 50 instalaron que, además, si el Congreso remueve a Francos, “Milei podría volver a nombrarlo en el cargo”.
Ley de DNU
Distinta es la preocupación que en el oficialismo genera el avance del proyecto que busca limitar la posibilidad de que el Presidente gobierne con un uso intensivo de los DNU. La iniciativa tiene media sanción del Senado, comenzó a tratarse este martes en comisión y podría dictaminarse en Diputados la semana próxima. Así, quedaría a un paso de ser sancionada en el recinto, incluso antes de las elecciones del 26 de octubre.
La iniciativa modifica la ley 26.122, sancionada durante el mandato de Néstor Kirchner y por impulso de la entonces senadora Cristina Kirchner, que fija la “sanción ficta”: si el Congreso no se pronuncia ante un DNU, el decreto queda automáticamente convalidado. Lo mismo que si una sola de las cámaras lo aprueba.
El proyecto que ahora avanza en el Congreso establece un plazo de 90 días para que ambas cámaras ratifiquen un DNU; si no lo hacen, queda derogado de manera automática. Es decir que Milei perdería una de las herramientas más importantes, a las que echó mano para gobernar con el oficialismo en minoría en ambas Cámaras.
En ese caso, el Gobierno entiende que la sanción de esa ley puede asestar un duro golpe a Milei en términos de previsibilidad política e institucional y aportar mayor vulnerabilidad en un momento económico delicado. En ese caso, tanto en Balcarce 50 como en Diputados anticipan que apelarán a un trabajo político con los gobernadores.
Tal como publicó La Nación, en las últimas horas un ministro señaló: “Tenemos que lograr un acuerdo con los gobernadores para frenar este proyecto. Cualquiera que quiera gobernar a la Argentina necesita el DNU como instrumento”.
Un colaborador del oficialismo anticipó: “Podemos tener dictamen y que sea ley antes de la elección. Y podemos vetarla. El emplazamiento para que esto sea tratado en comisión salió con 144 votos contra 88, no por dos tercios. Creemos que los gobernadores no van a empujar esta agenda”.
