Primero fue la Alta Casa de estudios de la provincia mediterránea. Según había dado cuenta Día a Día, la UNC reconoce la identidad de género de las personas transexuales, que podrán ser llamadas por el nombre que elijan y no por el que figura en su documento, según resolvió su Consejo Superior. La medida implica para la universidad el status de “libre de discriminación por identidad y expresión de género”.

La resolución alcanza a estudiantes, docentes y no docentes de todo el ámbito de la institución, quienes deberán realizar un trámite administrativo, por única vez, para registrar el nombre elegido para la libreta universitaria y otras gestiones académicas.

La iniciativa había sido elevada por una comisión ad-hoc coordinada desde la Dirección de Inclusión Social y el Programa de Género, con la participación de consiliarios estudiantiles y docentes, además de representantes de distintas agrupaciones vinculadas con la identidad de género.

Eliana López, del área de Inclusión Social, precisó que a partir de la aprobación del proyecto “la universidad tendrá que respetar las normativas nacionales e internacionales en contra de la discriminación trans”.

Añadió que también se va a trabajar con la Facultad de Medicina en lo que tiene que ver con los protocolos para la asistencia en materia de salud, además de talleres de “capacitación, de sensibilización y de formación en el ámbito universitario como para avanzar en una política más inclusiva y no discriminatoria en la universidad”.

Por su parte, el Consejo Superior de la UNL aprobó este jueves una resolución en el mismo sentido que su par cordobesa, al dar curso a una iniciativa que pretende evitar actitudes discriminatorias y promover la inclusión igualitaria de toda persona.

El proyecto fue promovido por los consejeros superiores estudiantiles Cecilia Rodríguez Calderón, Cristian Vázquez y Maximiliano Ferrero, los tres de Franja Morada, y se aprobó por unanimidad en la sesión de este jueves, según indicó Notife. A partir de esta aprobación del Consejo Superior, resta ahora la reglamentación de esta iniciativa para que se haga operativa su instrumentación en la comunidad de la UNL.

En el proyecto se establece que “resulta oportuno y conveniente posibilitar en el ámbito académico de esta Universidad el ejercicio del derecho de las personas travestis, transexuales y transgénero a ser llamadas por el nombre sentido, autopercibido o identitario, es decir, aquel que han adoptado libremente en pleno ejercicio de sus derechos”.

Normativas similares a ésta, que promueven el respeto y reconocimiento de la identidad de género, funcionan en algunas unidades académicas del país, como la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata; la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo.

Por otro lado, tras el desarrollo de las elecciones, espera en la Cámara de Diputados nacional que se avance en la sanción de la ley de identidad de género, para lo cual ya se instrumentaron reuniones y debates sobre la temática.

Mientras, en lo que va de 2011 la Justicia entrerriana ha dado cabida a tres pedidos de cambio de sexo. En Gualeguaychú falló a favor de un pedido de cambio de nombre y de reasignación de sexo de una travesti que en marzo de 2010 había iniciado una causa en los Tribunales para que en todos los documentos figurara su nombre actual, María Julieta Martínez, y no José Osvaldo, con el que había sido anotada cuando nació el 25 de marzo de 1982.

El primer caso fue el que promovió la abogada Alejandra Núñez en el Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de Concepción del Uruguay. Ese tribunal dio curso favorable a un pedido de reasignación de sexo de una persona de 28 años y cambio de sexo y nombre en la documentación personal.

La sentencia, de abril último, fue firmada por el juez Andrés Torres, y en primera instancia quedó firme, por lo cual los trámites respectivos ya están en marcha ante el Registro Civil.

Y a mitad de junio último, según detalló Noticias Entre Ríos, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) dio lugar a una acción de amparo por la que una persona decidió cambiarse el nombre en el Registro Civil. María Victoria nació de sexo varón, pero a los 29 años decidió cambiar su nombre y su identidad de género. Como el Registro Civil se amparó en la Ley de Nombre para negarse el pedido, recurrió por la vía de una acción de amparo ante el juez de Menores Mario Gómez del Ríos, que lo acogió favorablemente.

Pero esa sentencia fue apelada por la Fiscalía de Estado, aunque al final el STJ la ratificó. El vocal Omar Carubia sostuvo en su fallo que, “en primer lugar, no se trata en la especie de un simple cambio de nombre, sino que el asunto implica la enorme carga emocional que significa la reconstrucción de la personalidad de la actoral a partir de una discordancia entre su identidad sexual anatómica y la identidad de género con la que se sienta identificada, la que no pierde modificar a voluntad”.