El año pasado el gobierno nacional dispuso estatizar el predio que desde la década del ‘90 está en manos de la Sociedad Rural, luego de considerar que la venta fue irregular. Pero la Cámara Civil y Comercial hizo lugar a un pedido de la entidad agropecuaria y, mediante una cautelar, suspendió el pase del predio a manos estatales.

En enero, el Ejecutivo pidió la "habilitación" para tramitar la causa y apelar la cautelar, pero le fueron denegados. Al finalizar la feria, presentó un "recurso extraordinario" para llevar el caso a la Corte Suprema, pero la Cámara entendió que "el plazo había finalizado".

Frente a esto, la procuradora apuntó que el cuerpo “al indicar que la habilitación de feria alcanzaba implícitamente al ejercicio de los derechos del Estado pero comunicándole esa decisión cuando la posibilidad de recurrir ya había finalizado, varió en forma sorpresiva los alcances de la resolución que había habilitado la feria judicial". Por ende, sostuvo que “el rechazo debe ser dejado sin efecto”, consignó Ámbito.