La titular de la Oficina Anticorrupción recibió un duro revés judicial y deberá brindar información a la cual se había negado.
Laura Alonso deberá informar y dar explicaciones a la Auditoría General de la Nación sobre su gestión en la Oficina Anticorrupción. Así lo dispuso la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal al dejar firme un fallo de primera instancia del juez Enrique Lavié Pico. Insólitamente, la funcionaria se negaba a entregar información que era requerida por la AGN. Ahora, Alonso tendrá que dar un listado de las denuncias presentadas ante la Justicia por la OA y de las demandas recibidas. La sentencia le exige, además, dar cuenta del estado de cada uno de los expedientes.
La Sala III de la Cámara consideró que los argumentos para demorar la entrega de información por parte de la funcionaria ultramacrista no resultaban “atendibles”. Alonso había buscado justificar su negativa a la rendición de cuentas que le reclamaba la AGN, porque -según ella- se necesitaba obtener mayor información respecto de la investigación que había iniciado la Auditoría sobre la OA.
Otra de las excusas de Alonso que fue derribada por los camaristas es que la información que pedía la AGN estaba alcanzada por el deber de reserva y que por eso no podía ser entregada.
La AGN había presentado una denuncia contra Alonso por "su conducta reticente" para entregar la documentación que le solicitó para poder hacer un análisis y auditar su desempeño. Lo curioso es que la entidad que debe garantizar transparencia quería mantener oculta información sobre su propio accionar. "En los tres años que llevo en la AGN nunca me pasó una cosas así", le había dicho a PáginaI12 Oscar Lamberto, titular de la Auditoría.
La resolución, además, ordenó que la Oficina Anticorrupción proporcione los manuales de procedimientos o de guías de trabajo vigentes, algo que tampoco había sido informado. La Auditoría General de la Nación es un organismo de control externo que depende del Congreso Nacional. Los jueces Jorge Esteban Argento, Sergio Gustavo Fernández y Carlos Manuel Grecco consideraron que, al negarse a enviar la información solicitada, Alonso incurrió en una obstrucción de las tareas de contralor que la Constitución establece para esa entidad.
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