El canciller boliviano, Rogelio Mayta, denunció que en noviembre de 2019 “el gobierno de Mauricio Macri aportó material letal para que se pueda reprimir la protesta social y consolidar el gobierno que rompía el orden constitucional en Bolivia”, en alusión al golpe que marcó la salida anticipada de Evo Morales y su sustitución por Jeanine Áñez.

Mayta especificó que la información provino del ex jefe de la Fuerza Aérea Boliviana Jorge Terceros Lara, que el 13 de noviembre de 2019 agradeció por nota al entonces embajador argentino Normando Álvarez García el envío de “40.000 cartuchos y gases lacrimógenos” que luego fueron utilizados en la represión de las protestas contra el gobierno de Áñez.

En la carta diplomática difundida por el canciller boliviano se enumera la entrega de 40.000 cartuchos AT 12/70, 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, cinco MK-4, 50 granadas de gas CN, 19 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC, publicó La Nación.

Mayta vinculó la llegada de esos materiales bélicos con las llamadas “Masacres de Sacaba y Senkata” -que ocurrieron apenas dos días después de la carta de agradecimiento del gobierno boliviano al argentino-, y que dejaron 11 muertos y 120 heridos durante la represión de las protestas contra el gobierno de Áñez.

En su denuncia Mayta también incluyó al gobierno del ecuatoriano Lenin Moreno, que concedió un préstamo a las autoridades bolivianas para apoyar la consolidación del golpe de Estado contra Morales.

Mayta comparó la acción conjunta de los gobiernos de Macri y Moreno, “salvando las diferencias históricas”, con el Plan Cóndor desplegado en la región a partir de 1975 y que apuntó contra los opositores de las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, entre otros países.