La Justicia investiga a la banda narcocriminal de Rosario conocida como “Los Monos” por haber creado 40 sociedades truchas en apenas 24 horas para emitir facturas apócrifas y lavar más de 1.200 millones de pesos.

Los integrantes del clan surgido en la zona sur de Rosario aprovecharon la figura de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), creada durante el gobierno anterior de Mauricio Macri, para blanquear el capital sin controles.

Según la investigación publicada por Ámbito, gracias a ese mecanismo cuestionado por la falta de controles “Los Monos” accedieron incluso a beneficios fiscales que la ley de apoyo al emprendedor otorga a este tipo de empresas. De hecho, el registro de las SAS se realizó en el Ministerio de Modernización, que no tiene ningún tipo de experiencia en el control del lavado de activos.

Las firmas de los narcos fueron inscriptas de manera automática sin intervención de personas humanas y emitieron unas 1.000 facturas apócrifas. De acuerdo a una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ), “un efectivo control de legalidad hubiera evitado que las mismas entren en circulación en el mercado y operen en el país”.

Luego de que una investigación impulsada por el fiscal federal Walter Rodríguez vinculara el dinero del lavado con la creación de una serie de SAS, la IGJ lanzó una serie de sumarios sobre las firmas presuntamente vinculadas con “Los Monos” para verificar su funcionamiento real.

De ese entrecruzamiento se identificó a “Agro Molino SAS”, “Despertar del Norte SAS”, “Zero cool Informática SAS” y “Stelle Framing SAS”, entre otras firmas. Estaban conformadas por los mismos titulares con residencia en la ciudad de Rosario, en puntos de venta de droga referenciados con la banda narco criminal denominada “Los Monos”, informó Ámbito.

Algunos de los domicilios declarados para las SAS estuvieron situados en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando el organismo que conduce Ricardo Nissen fue a verificar esas direcciones, se encontró con que algunas eran inexistentes y otras corresponden a casas particulares de personas en situación de vulnerabilidad social que no tenían ningún contacto con el entramado societario.

Una Modernización sin controles

Cuando la banda narco inscribió estas sociedades no existió ningún tipo de control que permitiera determinar al menos si los domicilios informados existían en el mapa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo al documento al que pudo acceder Ámbito, “esto pudo suceder por el decreto 516/2016 con el que se implementó el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del sector público nacional”.

Mediante esa normativa sancionada en la administración de Cambiemos, se designó como administrador del sistema al Ministerio de Modernización y se corrió a un lado a la Inspección General de Justicia. Por lo que el registro de las SAS se realizó en una repartición del Estado que no tiene ningún tipo de experiencia en el control del lavado de activos. Además, en el informe elaborado por la IGJ se pudo comprobar que las Sociedades por Acciones Simplificadas fueron inscriptas de manera automática sin intervención de personas humanas.

De la compulsa del organismo también se desprende que “ninguna de las referidas sociedades dio cumplimiento con la normativa tendiente evitar el uso ilícito de este tipo de sociedades” y que “un efectivo control de la legalidad de las sociedad por acciones simplificadas hubiera evitado que las mismas entren en circulación en el mercado y operen en el país”.

La investigación inicial surgió luego de que una avioneta, que transportaba unos 200 kilos de cocaína, se estrellara en un camino rural en la provincia de Santa Fe. Luego, una investigación impulsada por el fiscal Rodríguez vinculó la actividad narco con la conformación de las Sociedades por Acciones Simplificadas.

Estas firmas generaron unas 10.000 facturas apócrifas que sirvieron para blanquear unos $12.000 millones. Al mismo tiempo, mediante la ley de apoyo a los emprendedores, los narcotraficantes accedieron a los beneficios impositivos previstos en la normativa. De esta manera pudieron acceder a la herramienta del crédito fiscal.

Las SAS fueron una herramienta jurídica creada en 2017 enfocada en la simplificación de trámites y flexibilización tributaria para los emprendedores. Pero la mala aplicación de la normativa abrió las puertas a que bandas delictivas las utilicen para lavar dinero.

Este esquema también fue utilizado por exportadores de carne que lo aprovecharon para no liquidar divisas, para subfacturar envíos al exterior y para eludir los controles del Ministerio de Agricultura.