Un búnker de venta de cocaína allanado en Concordia.
En forma creciente, jóvenes menores de edad son detenidos en procedimientos por venta de drogas. Aunque son parte de un engranaje comercial delictivo dirigido por personas mayores, en muchos casos terminan con imputaciones y procesos penales. Crece la preocupación por los contextos familiares que subsisten en el narcomenudeo. Un informe del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) reflejó esta problemática que se observa en el ámbito judicial, y cómo trabajan en la Defensoría pública junto a organismos del Estado para acompañar en la reinserción y la educación, pese a la falta de prevención.
Hace tres semanas, en Paraná, hubo dos casos de menores con tenencia de grandes cantidades de droga. Ambos fueron imputados, y les impusieron diferentes medidas cautelares: uno quedó con prisión domiciliaria y otro con restricciones.
En Concordia hace dos semanas imputaron a un adolescente por narcomenudeo, donde a su vez había un coautor del delito mayor de edad.
En La Paz también hubo casos recientemente, pero no detuvieron a menores, sino que los identificaron como parte de alguna banda barrial de narcomenudeo que los usan como soldaditos. En este caso intervino directamente el Copnaf.
Dos meses atrás, una investigación por venta de drogas en Concordia registró que una banda un barrio utilizaba a una niña de 11 años para los pasamamos de droga por plata en la vereda de la casa.
Según se observa de algunas de las gacetillas policiales enviadas tras los procedimientos contra el narcomenudeo, se pueden observar algunos casos más:
-8 de junio, barrios de José Hernández, Pompeya Sur y Universidad, de Concordia: “Fueron identificadas 17 personas, de las cuales cinco fueron detenidas y quedaron incomunicadas por disposición judicial. Entre los identificados se encuentran adultos y menores de edad, lo que da cuenta de la complejidad de este tipo de delitos”, se informó.
-22 de agosto, barrio Illia de Paraná: “Como resultado del procedimiento, se dispuso la detención e incomunicación de dos personas, un masculino (menor de edad) y una femenina, quienes quedaron a disposición de la justicia interviniente”.
-27 de agosto, barrio Rocamora de Paraná: “La operación culminó con la detención de tres mujeres y un menor de edad, quien fue trasladado a la División Minoridad”.
Esto es en casos de personas detenidas, pero en la mayoría de los procedimientos la Policía identifica a niños y adolescentes que están en los lugares allanados, como familiares, colaboradores o clientes.
Del otro lado de la acusación se pueden observar más en profundidad las historias de los adolescentes que se ven involucrados en estas causas. La defensora oficial Susana Carnero dialogó con Cuestión de Fondo y contó: “En este momento estamos observando un incremento en la cantidad de niños y adolescentes que están en el rubro de venta y comercialización de estupefacientes. Nuestra ley dispone que a partir de los 16 años ellos son imputables, es decir, podrían ser imputados por este delito. Tenemos jóvenes por debajo de esa edad que ya están sospechados de comercialización de estupefacientes. Obviamente, esos jóvenes no van a estar en el proceso penal porque no son punibles, pero sí con ellos se adoptan ciertas medidas para ver cómo está su situación, por qué ese joven está en ese tipo de actividad, teniendo que estar en la escuela, haciendo deporte, en un grupo familiar que lo contenga”.
“Es evidente que la situación se da en los barrios más vulnerables, en los jóvenes más humildes, que ven como una salida alternativa a su pobreza este tipo de actividades, y muchas veces está el grupo familiar involucrado en eso. Nosotros tenemos que hacer una mirada mucho más amplia. No podemos mirar únicamente al joven; tenemos que mirar una serie de cuestiones: la familia, la comunidad, el Estado. ¿Qué hace el Estado para la prevención? ¿Qué hace para que esos niños puedan estar en otras actividades y no comercializando? Justamente, yo creo que en este momento falta prevención al respecto”, agregó.
“Respecto de los jóvenes que son imputables y que pueden estar en un proceso, la comercialización de estupefacientes tiene una pena de 4 años a 15 años. Generalmente, estos jóvenes no tienen antecedentes, son primarios, no hay detrás nada que pueda agravar su situación. Los jóvenes menores de edad no van a recibir la totalidad de la pena porque hay fallos de la Corte Suprema donde dice que, por el hecho de ser jóvenes, por su inmadurez, se le reduce un tercio la pena”, refirió Carnero.
“Pero más allá de eso -continuó la defensora oficial-, nosotros aquí trabajamos con esos jóvenes en un proceso que se inicia a partir de la audiencia de declaración de imputado. Se inicia un proceso donde está el organismo del Copnaf, que trabaja muy bien, llamado Libertad Asistida, que nos ayuda con todos estos jóvenes, realiza una serie de actividades con ellos, los visita en su grupo familiar. No soloCopnaf, sino también el equipo del Superior Tribunal de Justicia. Es decir, son dos ámbitos que trabajan con estos jóvenes, viendo qué pasa. En el marco de ese proceso, nosotros vemos su comportamiento, qué está pasando, y generalmente ellos se afianzan en esas actividades. Eso hace que podamos lograr medidas mucho más laxas, que ellos no tengan una pena alta, que puedan incluso llegar a no tener pena debido a su edad, su vulnerabilidad, la falta de prevención, la falta de contención, por un montón de situaciones que habría que abordar para que ellos no reincidan, educarlos, porque ese es el fin del derecho penal de menores: la educación, la reinserción de los jóvenes. Y bueno, en eso es lo que nosotros trabajamos siempre, y tenemos varios en este momento, generalmente con su grupo familiar. Y fíjese que nosotros tenemos los jóvenes aquí en un proceso, pero ¿quiénes les venden a ellos? No están, nunca aparecen, no se sabe quiénes son. Entonces, se corta el hilo por lo más débil, ¿no?”
—A diferencia de cuando un chico aparece detenido por un hurto, por un robo, o tenencia de arma, aquí estamos hablando de un negocio donde está “trabajando” para otro. A su vez, la ley de drogas considera un agravante que un adulto utilice un menor para este delito. Pareciera una contradicción en la misma ley.
—Justamente, para dar dos ejemplos de uno punible y uno no punible: hace poco tuve una audiencia, creo que era un domingo, con un joven de 15 años que estaba sospechado de comercialización, y con sus padres. Como era mucho el estupefaciente que se había secuestrado, en ese caso, el joven quedó a cargo del organismo de protección de derechos con un familiar en otra casa, y los padres fueron detenidos en la unidad penal. Es decir, el tratamiento fue diferente, más allá de que en el proceso de los padres sí se puede aplicar la agravante por usar un menor para el comercio de estupefacientes, para la utilización de un menor.
Por otro lado, he tenido también, posteriormente, otro caso donde hay un joven punible con su madre, también con comercialización de muchos estupefacientes. En ese caso, como ya era punible, los dos entran en un proceso, pero con distintas investigaciones. Por un lado, el fiscal que interviene con menores y por el otro, el fiscal de mayores. Es decir, los dos fiscales van a intervenir en un mismo proceso, pero con normas diferentes.
La finalidad de esto es que el menor tenga otro tratamiento, otra salida y que pueda ser educado y reinsertado. Eso es lo mejor que podría pasar: que este joven, a raíz de este proceso, pueda tomar conciencia de lo que le puede pasar cuando sea mayor, y educarse, reinsertarse es a lo que todos estamos abogando, trabajando y luchando por eso.
—¿Tienen historias para ejemplificar que esto es posible?
—La verdad que es muy satisfactorio. Me pasó una vez, justamente de un caso de estupefacientes, que en un allanamiento a un joven punible se le empieza un proceso. Se empieza un proceso a él, ni siquiera a los padres. Vivía con los padres, y empezamos a trabajar con él, lo citábamos. Él estaba durmiendo, no iba a la escuela, le costaba seguirnos, pero bueno, llegó un momento en que empezó a responder. Me acuerdo, fue una satisfacción muy grande para mí, porque me acuerdo que veníamos de una audiencia donde él fue sobreseído y me dice: “¿Usted sabe, doctora, que yo con esto tengo unas ganas de seguir estudiando?” Él estaba estudiando. “Tengo unas ganas de seguir estudiando”, decía. La verdad que yo digo, por suerte le tocó a él esa situación de estar en ese proceso, porque a partir de ahí hizo un cambio rotundo y su comportamiento con los organismos que lo trabajaban fue ejemplar. Nos costó al principio, no podíamos solos reaccionar, pero una vez que él se adaptó, hizo un cambio rotundo. Estábamos en una esquina, salimos juntos de Tribunales, y la verdad que me hizo emocionar con lo que me decía. Hay muchas satisfacciones y hay otras que bueno, nos dejan con un poco de ganas.
—Y hoy en el actual contexto ¿qué es lo que cree que falta?
—Lo que pasa es que los organismos que trabajan con nosotros no tratan la prevención, sino cuando el hecho ya ocurrió. Tendría que ser en la etapa anterior, con otros organismos que se dediquen a la prevención, a trabajar en los barrios, a educar. Yo creo que también en las escuelas, así como está la ESI y todas las capacitaciones, habría que tener algo de educación para los chicos para la prevención de esto. Me parece que falta mucha prevención, trabajo en los centros comunitarios, en los barrios, en las escuelas, generar una conciencia en ellos. Porque nosotros ya cuando lo estamos abordando es porque el derecho penal ya está presente. Eso es lo que me parece.
Un espacio que lucha contra la droga, en serio peligro
En el marco de los recortes presupuestarios por parte del Gobierno nacional, recientemente las autoridades implementaron un ajuste en la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) por 500 millones de pesos, lo cual fue denunciado la semana pasada por el presidente de la Comisión Episcopal, Marcelo Colombo. Específicamente se quita el financiamiento de las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC). Aquella cifra implica el abandono de 100 CAACs en todo el país. Este mes ya dio de baja el financiamiento a 34 Casas en todo el país.
En estos espacios se desarrollan múltiples actividades para miles de personas, jóvenes y familias enteras. Son enclaves territoriales que le hacen frente a la droga desde otro lado, quizás el más difícil.
En Entre Ríos funcionan nueve Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario: seis en Paraná, dos en Concordia y una en Gualeguaychú. Además, hay varios Dispositivos Territoriales Comunitarios(DTC), que forman parte del mismo programa de la Sedronar.
Una de los que existen en la capital provincial se llama CAAC “José Daniel Rodríguez”, en memoria del joven asesinado durante la represión de 2011. Forma parte del Movimiento Ni n Pibe Menos por la Droga, que es nacional. Se encuentra ubicada en el barrio San Martin, donde se presta algún tipo de asistencia a alrededor de 400 personas. Tanto los que trabajan allí como los vecinos beneficiarios de sus actividades, temen que en octubre llegue la motosierra a este lugar.
En un comunicado enviado este miércoles, convocaron a una “merienda popular” que se realiza este el jueves 11 de septiembre en el lugar donde funciona, entre las calles Base Primavera y Orcadas del Sur (zona del volcadero), “en el marco del reclamo nacional en defensa del Programa de CAACs”. La consigna es: “No al cierre de las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario. El ajuste del gobierno es el avance de la droga”.
Y reseñaron la situación que están observando cada día: “Es exponencial el crecimiento de la droga y esto tiene que ver con el aumento del hambre, la falta de trabajo y la decisión del gobierno nacional que asumió con una política de favorecer el avance del narcotráfico y la violencia”.
Más adelante, explicaron lo que implica el ajuste en esta área: “Se traduce en miles de jóvenes y adultos que quedan sin tratamiento y atención profesional, en miles de jóvenes que no tendrán espacios de prevención deportivos y culturales. Y en miles de niños, jóvenes y viejos que no tendrán un plato de comida. Las CAAC, nuestras casas, fueron conquistadas como una herramienta de prevención y lucha contra la droga y las adicciones. Espacios que, en estos 10 años de trabajo en todo el país, fueron metiéndose en el corazón de los barrios y se pusieron a su disposición para que pibes, pibas, niños, niñas y adultos puedan encontrar un lugar donde contar con profesionales de salud, talleres de formación, espacios deportivos y donde muchas y muchos pelean el hambre”.
