El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, en su carácter de presidente honorario del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), dirigió una carta al embajador de la República Oriental del Uruguay, Diego Cánepa Baccino, en reclamo por la posible instalación de una planta de combustibles en el vecino país, frente a las playas colonenses. La misiva también fue enviada al canciller de Argentina Pablo Quirno Magrane.
“Vemos con suma preocupación que la instalación de la empresa HIF Global en la ciudad de Paysandú sea habilitada, con la falta de estudios independientes sobre los posibles daños ambientales y socioeconómicos que generará dicho emprendimiento industrial en las poblaciones transfronterizas. Esta circunstancias podrían generar vulneración de derechos humanos en materia ambiental y una pérdida de soberanía de las poblaciones de Colón, San José y Liebig, Provincia de Entre Ríos, Argentina”, dijo en su escrito fechado el 1° de diciembre de 2025.
“Esta industria, que se ubicará a 3.000 metros de la ciudad de Colón y -por la información que poseemos- no se habría consultado sobre los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa; tampoco sobre lo Evaluado por el Ministerio de Ambiente de su país, quien ha publicado en el Boletín Oficial una serie de explicaciones que evidencian un alto riesgo en materia de impactos al ambiente”.
El escrito también fue remitido al canciller argentino Pablo Quirno, debido a que “hasta la fecha no se ha tenido respuesta” a los pedidos de informes de las organizaciones civiles colonenses, efectuados tanto a la Cancillería Argentina como a la CARU.
En este punto, el profesor Pérez Esquivel señaló: “Es preocupante que este proceso fuera dado solo por los informes de las partes interesadas, es decir, que la CARU no se haya expresado sobre los posibles daños que pudiera acarrearse con la habilitación en los términos proyectados por la empresa, además de que a la población argentina no se le ha dado la debida participación en este proyecto, que tiene una implicancia transfronteriza”.
“Ambos países se deben poner de acuerdo a los efectos de garantizarles a las poblaciones de ambas riveras del Río Uruguay el acceso a la información científica disponible y que fuera producida entidades independientes y posteriormente llevar adelante las instancias participativas de forma previa a la toma de decisiones sobre habilitar o no, sobre la actividad económica proyectada”, dijo.
En la misma línea, concluyó “hasta tanto ello no suceda, apoyamos la petición de la relocalización del proyecto”.
(Fuente: El Entre Ríos)
