La meta de un superávit primario del 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) para 2026 tuvo una complicación en medio del debate parlamentario, que derivó en la sanción de una ley de Presupuesto con dos obstáculos para el Gobierno.
El propósito de ponerle fin a Emergencia en Discapacidad y al Financiamiento Universitario fue el precio que debió pagar la administración libertaria para conseguir la aprobación de su primera "ley de leyes", después de la inédita situación de dos prórrogas sucesivas.
En situaciones como la planteada, siempre queda a mano la reasignación de partidas dentro del tope de gastos autorizados, una tarea en la que aún están trabajando funcionarios y técnicos del Ministerio de Economía y que explica la demora en la publicación de la decisión administrativa que detalle la distribución de los créditos presupuestarios, publicó BaeNegocios.
Los límites de la reasignación de partidas
Pero la redistribución de partidas tiene un límite marcado por la indexación de gran parte del gasto de la Administración Pública Nacional (APN), en especial por la movilidad que ajusta mensualmente jubilaciones, pensiones y asignaciones previsionales varias.
En ese contexto que deja un margen estrecho de acción, el presidente Javier Milei cuenta con un as en la manga tan recurrente en gobiernos anteriores como incómodo para el actual: la inflación, a pesar del discurso oficial, podría transformarse de enemigo en aliado circunstancial, para licuar parte del gasto no sujeto a cláusulas de actualización y así asegurar el cumplimiento del objetivo fiscal.
En palabras del economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Daniel Artana, "una reducción más paulatina en la tasa de inflación parece un buen precio a pagar para ganar en tranquilidad".
Inflación y licuación
De esa forma, una inflación superior al 10,1% en base a la que se elaboró el Presupuesto ayudaría a esa licuación, de un modo similar al que ya se observó en 2025, con un alza de precios que superaría en cerca de 13 puntos porcentuales la pauta del 18,3% fijada en el proyecto de Presupuesto 2025, que no llegó a tratarse en el Congreso.
"Empieza un nuevo año en el cual la nominalidad le dará espacio al programa de gobierno permitiéndole fortalecer algunos puntos débiles", explicó Artana, luego de preguntarse "cómo hará el Ejecutivo para alcanzar el resultado primario proyectado de 1,5% del PIB".
En ese sentido, admitió que "la reasignación de partidas es una opción, pero tiene un límite importante que es la actualización por inflación de muchas de ellas (la más importante, el gasto en jubilaciones) y una restricción de un porcentaje máximo de afectación de cada rubro".
Artana señaló que el Presupuesto se hizo suponiendo que el producto nominal (no el real, es decir, sin deducir la inflación) tendrá a lo largo del año un aumento del 20%.
Como la inflación que espera tanto FIEL como la mayor parte de los centros de investigación y consultoras supera la pauta oficial y en algunos casos la duplica, esa suba de precios "compensaría el menor crecimiento real respecto del demasiado optimista 5% contemplado en el presupuesto".
El problema pasa para 2027
En consecuencia, una inflación mayor al 10,1% oficialmente proyectado "aportará ingresos adicionales en pesos y licuará el gasto no ajustable por inflación sin necesidad de afectar las partidas aprobadas por el Congreso".
"Por ello, es probable que se alcance la meta de superávit primario, aunque eso deja un problema abierto para el presupuesto de 2027 cuando las proyecciones se basen en la ejecución real del año 2026", advirtió, aunque el Palacio de Hacienda tiene tiempo para considerar ese problema, cuando el 15 de septiembre presente el proyecto de ley para el año próximo.
