El requerimiento periodístico apuntaba a once unidades del Ejército, entre ellas, la II Brigada Blindada General Urquiza y el Hospital Militar, en Paraná.
En el marco de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, ANALISIS hizo recientemente un pedido detallado al Ministerio de Defensa sobre la presencia militar en Entre Ríos. La solicitud, que tramitó bajo el expediente EX-2026-44747560, abarcaba tres ejes bien definidos: la política patrimonial y el listado de inmuebles de las Fuerzas Armadas en la provincia; las adquisiciones de aeronaves, blindados, armamento y equipamiento de defensa realizadas entre 2024 y lo que va de 2026; y la cantidad y distribución del personal militar y civil en cada una de las once unidades del Ejército y en la II Brigada Aérea de Paraná. Fue uno más de la serie de requerimientos que este medio viene cursando a los organismos nacionales para reconstruir, dato por dato, qué hace el Estado en territorio entrerriano.
El requerimiento no era genérico. Apuntaba a once unidades del Ejército -del Comando de la II Brigada Blindada General Urquiza y el Hospital Militar, en Paraná, a los regimientos de tanques de Concordia, Villaguay y Chajarí, pasando por las guarniciones de Gualeguaychú, Rosario del Tala, Crespo y Concepción del Uruguay- y a la II Brigada Aérea de Paraná, con su Grupo Aéreo, su base y el Campo Nacional El Paracao. Por cada una se pedía lo mismo: qué inmuebles ocupa, qué equipamiento se compró y cuánta gente la integra.
La respuesta llegó esta semana y se condensa en una pieza central: la disposición DI-2026-27-APN-UGA#MD, firmada el 17 de junio por el titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio, por delegación expresa dispuesta mediante una resolución ministerial de agosto de 2024. El acto lleva un encabezado que no deja dudas sobre su alcance: deniega parcialmente el acceso a la información pública requerida.
Defensa rechazó dos de los tres bloques solicitados. No informará qué aeronaves, helicópteros, vehículos blindados, armamento ni sistemas de comunicaciones adquirió en los últimos tres años, ni cuáles de esos bienes fueron asignados a unidades entrerrianas. Y tampoco dirá cuántos efectivos -desagregados por categoría: oficiales superiores, jefes y subalternos, suboficiales, soldados voluntarios y personal civil- prestan servicio en cada cuartel de la provincia.
El fundamento es la excepción del artículo 8°, inciso a), de la Ley 27.275, que libera al Estado de entregar información clasificada por razones de defensa. Sobre esa base, los servicios jurídicos del Ejército y de la Fuerza Aérea apilaron un andamiaje normativo considerable: el Decreto 9390 de 1963, que define el secreto militar; la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional; los artículos 222 y 223 del Código Penal, que castigan la revelación de secretos concernientes a la seguridad de la Nación; y reglamentos internos de contrainteligencia y de documentación que clasifican como reservada la información sobre efectivos, armamento y orden de batalla.
El corazón del argumento aparece en el dictamen de la Dirección General de Personal y Bienestar del Ejército. Allí se sostiene que conocer la dotación desagregada de cada unidad activa permitiría deducir la capacidad de respuesta de la Fuerza ante eventuales contingencias en el territorio, y que revelar cuántos oficiales, suboficiales y soldados hay por unidad habilitaría a una potencia extranjera o a un actor hostil a reconstruir el orden de batalla regional. En otras palabras: para el Ministerio, saber cuántos militares hay en el cuartel de Concordia o en el de Villaguay es un dato que compromete la defensa nacional.
Lo que sí admitieron
La negativa no fue total. Invocando el principio de divulgación parcial del artículo 12 de la misma ley, Defensa entregó una cifra global: en Entre Ríos, el Ejército cuenta con 2.575 personas, 2.053 varones y 522 mujeres. Es un número agregado a nivel provincial, sin desglose por unidad ni por jerarquía. La Fuerza Aérea, en cambio, no aportó siquiera ese total para la II Brigada Aérea de Paraná.
El segundo dato concreto es un listado de inmuebles del Ejército en la provincia, que la Dirección General de Ingenieros e Infraestructura adjuntó en un archivo embebido. Son diez sitios, repartidos en doce cuentas del Registro de Inmuebles del Estado, que en conjunto suman cerca de 1.460 hectáreas. Entre ellos figuran el Comando de la II Brigada Blindada y el Hospital Militar, en Paraná; el Regimiento de Caballería de Tanques 6 Blandengues, en Concordia; el Regimiento de Caballería de Tanques 7, en Chajarí; el Regimiento de Infantería Mecanizado 5, en Villaguay; el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2, en Gualeguaychú; el Grupo de Artillería Blindado 2, en Rosario del Tala; el Destacamento de Vigilancia Cuartel Crespo; y el Batallón de Ingenieros Blindado 2, en Concepción del Uruguay. Cada registro incluye coordenadas geográficas, superficie y documentación de respaldo.
Sobre ese listado, Ingenieros agregó tres precisiones que, leídas a la luz de lo que ocurre puertas afuera del Ministerio, resultan llamativas. Primero, que no existen clasificaciones internas de superficie ociosa o subutilizada, porque la totalidad de los predios estaría afectada a funciones militares. Segundo, que la Dirección no registra actuaciones sobre inmuebles declarados innecesarios o en proceso de transferencia bajo el Decreto 950/2024. Y tercero -el punto más delicado-, que respecto del proceso de subasta del predio del Batallón de Ingenieros Blindado 2, en Concepción del Uruguay, no le consta ni tiene registraciones al respecto.
El revés: la subasta que el Ejército desconoce
Hay incluso una ausencia. El Regimiento de Caballería de Tanques 1 Coronel Brandsen, con asiento en Villaguay y expresamente incluido en el pedido, no aparece en la nómina de inmuebles entregada. Puede compartir predio con otra unidad de esa guarnición o tratarse de una omisión; en cualquier caso, el listado oficial no lo refleja.
Esa última afirmación choca de frente con la información que el propio Estado publica. En el sitio oficial de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el organismo descentralizado que depende de la Jefatura de Gabinete, el predio del Batallón de Ingenieros Blindado 2 -ubicado exactamente en Boulevard Aráoz y Suipacha, Concepción del Uruguay- figura entre las subastas de bienes inmuebles, con una superficie de 56.000 metros cuadrados y la condición de venta futura para desarrollo productivo. El mismo cuartel que el Ejército dice no tener registrado en ningún expediente de venta está ofrecido al mercado por otra dependencia del mismo Poder Ejecutivo, con ficha catastral, imagen satelital y pasos para participar del remate.
No es un caso aislado. El Decreto 950/2024, firmado por el Presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete a fines de octubre de 2024, autorizó a la AABE a enajenar más de trescientos inmuebles del Estado nacional declarados innecesarios o subutilizados. Entre esos bienes hay numerosos terrenos de las Fuerzas Armadas. Según relevó el diario Perfil, en Entre Ríos están preparados para la subasta tanto el Batallón de Ingenieros Blindado 2 como el Destacamento de Vigilancia Crespo, el mismo destacamento sobre cuya eventual transferencia a la Provincia o al municipio el Ejército también respondió que no existen actuaciones.
A nivel nacional, la liquidación del patrimonio castrense ya dejó operaciones concretadas, como la venta del edificio del Comando Conjunto de Ciberdefensa, en Puerto Madero, o la puesta en remate del histórico predio del Regimiento de Patricios. Entre Ríos, con sus cuarteles distribuidos de Chajarí a Gualeguaychú, no quedó al margen de ese mapa.
Hay, además, una arista provincial. Cuando se difundió la lista de remates, trascendió que parte de las tierras del Batallón 2 sobre el río Uruguay -un corredor de poco más de 19.000 metros cuadrados- quedaría afectada a la obra de remodelación del sistema cloacal de Concepción del Uruguay, anunciada por el propio gobernador Rogelio Frigerio. Es decir: mientras el Ejército asegura no tener registro de movimiento patrimonial alguno, la Nación remata y la Provincia ya proyecta sobre esos terrenos.
Un detalle adicional refuerza la sensación de descoordinación. La superficie del Destacamento Crespo que figura en el listado entregado a ANALISIS es de 79.356 metros cuadrados; la que publica la AABE para su subasta supera los 309.000. Dos áreas del mismo Estado describen el mismo predio con cifras que difieren en una proporción de casi cuatro a uno.
La contradicción no se agota en el cruce entre Defensa y la AABE: atraviesa al propio Ministerio. Frente al mismo pedido y a la misma categoría de información -el listado de inmuebles en Entre Ríos-, el Ejército y la Fuerza Aérea respondieron de manera opuesta. El Ejército entregó su nómina completa, con denominaciones, ubicaciones, números de cuenta y superficies. La Fuerza Aérea, en cambio, derivó la consulta a la AABE y, en el dictamen que sustenta la denegatoria, clasificó ese mismo listado patrimonial como secreto militar, con la sola excepción de las contrataciones tramitadas por el sistema de compras públicas compr.ar.
El contraste desnuda la fragilidad del argumento. Si la nómina de cuarteles es un secreto de Estado capaz de comprometer la defensa nacional, no se entiende cómo otra de las Fuerzas la entrega sin reparos, ni cómo el mismo Estado la difunde en su portal de subastas con fotografías satelitales y coordenadas. Y si no lo es, la invocación del secreto pierde sustento.
Un hospital con una marca: CCD
El listado del Ejército guarda, además, un dato que excede lo patrimonial. En la ficha del Hospital Militar Regional de Paraná, sobre la avenida Ejército, el campo que describe el edificio lleva una anotación escueta: Hospital Militar-CCD. La sigla remite a una categoría que la propia Justicia federal estableció hace años. El Hospital Militar de Paraná está documentado en las causas por delitos de lesa humanidad como el lugar al que fue trasladada Raquel Negro, secuestrada por el aparato represivo del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, para dar a luz a mellizos en cautiverio, de los cuales uno de ellos aún se sigue buscando intensamente. La marca que el registro consigna casi al pasar señala, en los hechos, un sitio del terrorismo de Estado que continúa en uso militar.
La Disposición notificó a este medio de las vías de reclamo previstas en la Ley 27.275. Se dispone de un plazo de cuarenta días hábiles para impugnar la denegatoria, ya sea mediante un reclamo administrativo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública o, directamente, por la vía judicial del amparo ante la Justicia Contencioso Administrativa Federal, con la opción de litigar ante el juez del domicilio del requirente, en Paraná. La ley es expresa: en este supuesto no se exige agotar la instancia administrativa.
Queda también una rendija dentro de la misma respuesta. La Fuerza Aérea reconoció que las contrataciones tramitadas por el portal compr.ar no están alcanzadas por el secreto, lo que abre una puerta para reconstruir, al menos en parte, las adquisiciones de equipamiento por la vía de las compras públicas.
Más allá del caso entrerriano, la respuesta del Ministerio de Defensa deja a la vista una tensión que define a la etapa actual: un Estado que clasifica como secreto militar aquello que, por otra ventanilla, ofrece en venta al mejor postor. Saber cuántos soldados hay en un cuartel es, según el Gobierno, un riesgo para la Nación; rematar ese mismo cuartel, en cambio, es una política pública que se promociona con folletos. ANALISIS insistirá por las vías legales para que la información que hoy se niega termine, como corresponde, en manos de la ciudadanía.
