Según consignó El País de Montevideo, las dos delegaciones, pero fundamentalmente la argentina, desarrollan tareas sociales. En tanto, indicaron que la delegación argentina es responsable de los pagos a ribereños que son afectados por inundaciones provenientes del lago de la represa, los que se concretan en la sede de la CTM. En Uruguay, el tema de los propietarios de tierras ribereñas fue acordado en la década de 1980.
Denuncia
Tal como es de público conocimiento, el agrimensor Fernando Alba Posse denunció que fue despedido de la CTM y amenazado de muerte, luego de denunciar ocupaciones indebidas de terrenos y el excesivo pago de indemnizaciones a propietarios ribereños que sufrieron inundaciones. El monto malversado ascendería a unos cinco millones de dólares.
En febrero, cuando debía definirse si Alba Posse quedaba como efectivo de la CTM -decisión que debe ser unánime-, el presidente de la delegación argentina Juan Carlos Cresto comunicó a su par uruguayo Gabriel Rodríguez que no lo quería como funcionario, por lo que fue cesado. Ana María Huergo, esposa de Alba Posse, envió una carta sobre lo ocurrido a los presidentes Cristina Fernández y José Mujica.
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