Por Colectivo de Trabajadores por la Ventana

La humanidad desde siempre y especialmente a partir de la domesticación de plantas y animales ha generado conflictos entre “sectores sociales privilegiados y no privilegiados” por la posesión de la tierra y cursos de agua potable. Esa lucha por intereses ha generado invasiones, conquistas, colonizaciones, saqueos, apropiaciones y genocidios donde los sectores hegemónicos utilizan los muchos recursos a su disposición para someter y despojar a los sectores más desfavorecidos. Por milenios la posesión de la tierra tuvo carácter comunitario –como el caso de los pueblos originarios de nuestro continente-, y en menor medida mixta hasta bien entrado el siglo XVIII en Europa y entrado el Siglo XX en Abya Yala (América). No debería naturalizarse que un puñado de personas y/o sociedades posean cientos de miles o millones de hectáreas y que la tierra sea ultrajada, maltratada y contaminada por el afán de lucro.

El conflicto de los Etchevehere revive esas disputas aunque tiene la particularidad de ser al interior de la misma familia. Este caso paradigmático pone en agenda pública el necesario debate de a quién pertenece la tierra y qué uso se le da. 

En principio desde este colectivo de trabajadores sostenemos que la concentración privada y extranjerización de la tierra, como otros medios de producción, en un sector minoritario es lacerante para cualquier sociedad y está a la vista que la mitad de la población Argentina vive bajo la línea de pobreza –y casi el 60% de los menores de 14 años- cuando no en la indigencia y/o marginalidad. Es muy necesario otro régimen de la tierra que no expulse, y que genere otros vínculos, arraigo y oportunidades de desarrollo humano ante tanta desigualdad.

Otro punto de relevancia es el uso de la tierra que hoy día con monocultivos dependientes de tóxicos, ganadería hacinada dependiente de antibióticos y emprendimientos arquitectónicos inmobiliarios destructores de la biodiversidad y el ambiente requiere de cambios radicales que los sectores con lógica de ganancia –rentista- no están dispuestos a aceptar. Esta forma de producir genera daños a la salud, al ambiente, al agua y al suelo. Hay que decir que los sectores capitalistas patriarcales en su afán del dinero discriminan, enferman, criminalizan y estigmatizan.

“La alianza de comerciantes, militares, banqueros y políticos para desplazar pueblos y registrar tierras, un proceso de siglos que pinta el ADN del poder en la historia argentina. Los principales terratenientes marcaron al país como ganadero y granero, expresado en la Sociedad Rural Argentina y entidades similares que supieron reunir a lo más granado de la aristocracia. Aparecen nombres como Roca, Racedo,  Martínez de Hoz, Alzaga Unzué, Mackinlay, Anchorena, Blaquier de Ledesma, Eduardo Elsztain, Lewis, Benetton, Lázaro Báez…En el contraste con ese capitalismo concentrado aparece el Reglamento de Tierras de José Artigas” *¹ 

Dentro de este marco saludamos la iniciativa del Proyecto Artigas con su propuesta agroecológica porque desafía el statu quo vigente. Para nosotros, reivindicar a Artigas es refrescar el Reglamento Provisorio de tierras de 1815 con la consigna: “Los más desfavorecidos serán los más privilegiados”; es decir otro reparto de la tierra con integración de los sectores más vulnerados de la sociedad. Defendemos la idea agroecológica de alimentos sanos en sintonía con otra producción, que vaya en línea con la soberanía alimentaria; es decir, tener la capacidad de decidir cómo y qué producir. Al suelo inerte, rociado con venenos, la agroecología es ante todo agricultura regenerativa, y es también la única agricultura que pueda enfriar el planeta; es decir, es nuestra mejor aliada ante el cambio climático porque los microorganismos que viven en el suelo son los principales encargados de fijar dióxido de carbono. 

También no nos es indiferente, y lo tomamos como un reconocimiento a la historia de luchas que se desarrollaron en 2007, la decisión de la devolución de tierras que pertenecían a la Escuela El Quebracho “vendidas a precio vil en el remate de tierras públicas” por el Gobierno del entonces gobernador Jorge Busti a la familia Etchevehere. La escuela resistió, con el acompañamiento de AGMER, pero no alcanzó ante la estafa pergeñada que incluyó hasta el pozo de agua del colegio. La propaganda del momento era que pondrían un tambo modelo e incorporarían parte de los desplazados del Frigorífico Santa Elena. Otra mentira del fraude a la sociedad de Santa Elena de políticos eternos que lucran con los bienes públicos y esquilman la sociedad. 

Exigimos al gobierno de Gustavo Bordet que no se haga el distraído respecto al proyecto Artigas y de otros emprendimientos porque se necesita respaldo político, reparto de tierras públicas, asesoramiento técnico, herramientas para generar trabajo a sectores vulnerados de la sociedad. Esto colaboraría en detener el éxodo rural que Entre Ríos padece desde los años ‘ ‘50 en adelante.

Los hilos del poder

Los negocios o la apropiación de lo público es transversal a las políticas de los partidos patronales sin grietas, como lo marca la historia reciente respecto de las tierras públicas que pertenecían al desguazado ex frigorífico Santa Elena. Podríamos mencionar al pasar los negocios, con vaciamiento incluido de El Diario, de los Etchevehere con Sergio Urribarri que dejó en la calle a unos 80 trabajadores.

Resistencias. “La comunidad educativa de la Escuela Número 151 Agrotécnica de Paraje El Quebracho, en el acceso a Santa Elena denunció el atropello en 2007. Los directivos del establecimiento aseguraron que el predio más productivo con que contaban fue vendido a la familia Etchevehere, y que a la escuela sólo le quedarán campos bajos inundables, junto al río Feliciano. Mientras tanto el Congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) exigió al gobierno que revea la medida, resolvió dar intervención al abogado del sindicato y organizó una marcha de protesta con corte de ruta. 

“A fines de 2005 había asistido a la escuela el gobernador Jorge Busti y el rector  personalmente  presentó una carpeta con más de 1.000 firmas de la gente de Santa Elena, de la comunidad educativa, pidiendo que no se vendieran esas tierras”, dijo el rector de entonces. “La respuesta del gobernador fue que esas tierras no se iban a vender, que no iba a entregar los campos de El Quebracho. Inclusive anunció que había 100.000 pesos para la construcción de baños, porque estamos en el casco de la estancia, y los sanitarios tienen tres inodoros para 80 estudiantes más el personal, no eran suficientes. Pero esa construcción nunca se hizo”.

“La escuela contaba con 169 hectáreas y se vendieron 70 hectáreas a un vecino, Etchevehere, así que quedaron sin esas tierras; el predio es lindante con el arroyo Feliciano, que son unas 100 hectáreas mayormente improductivas porque están en zona inundable. En 2002 se creó la escuela y desde ese entonces se pidió al CGE que escriturara. Por una cosa o por otra, nunca se pudo escriturar, y ahora en cosa de una semana se escrituró, pero para Etchevehere”.

Los directivos de AGMER y de la escuela recordaron que pese a la existencia de numerosos planes de colonización social y productiva, la estancia estatal El Quebracho fue entregada por la comisión liquidadora del gobierno de Busti a grandes empresarios de la zona, como la empresa Tres Arroyos ^*2. 

Las trenzas de los políticos con los poderes económicos y/o corporaciones no es nueva pero este caso tiene que ser el comienzo de discusiones de fondo sobre la tenencia y uso de la tierra.

Entre Ríos, Octubre de 2020

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 ^*1 Oligarquía, rapiña y genocidio, Conferencia brindada por el Profesor A. Vilar a propósito de su obra Revolución.

^*2 Santa Elena: denunciaron otro desguace en la estancia El Quebracho -13 de Junio de 2007  (Archivo de la Revista ANÁLISIS).