Cercenamiento del derecho de nacer                      

aborto pro vida

Por Luis María Serroels (*)

Tanto el presidente de los argentinos como el titular de la Cámara de Diputados nacionales, han coincidido supuestamente en el abordaje de cuestiones que se les ocurren tremendamente sensibles, urgentes, por encima –por ejemplo- de la lucha contra la terrible pandemia, la forma de darle un nuevo formato al sistema jubilatorio, los aportes a las altas riquezas, la desbandada deuda externa, los bolsones de pobreza, la niñez desnutrida, la falta de techo propio, entre otros nudos gordianos que desvelan.

Sin embargo, los grandes “estadistas” Alberto Fernández y Sergio Massa parecen advertir que el principal y prioritario problema que no permite dilaciones se denomina “aborto”. ¿Cómo es posible armonizar a la salud pública oficial con la muerte voluntaria de un bebé en gestación? De hecho, con o sin intervención profesional, el aborto es considerado violatorio del derecho a la vida. Mal que les pese.

Cuando desde el gobierno se intenta convencer de que semejante “salida” al “problema” no tiene opciones que no sean la muerte, estamos ante el peor de los salvajismos, cuanto más si hablamos supuestamente  de seres racionales.

Nadie puede acudir en términos de muerte autorizada y tranquilizadora, partiendo del poder político y con intenciones absolutorias que nunca serán permitidas. Dios jamás otorgará autoridad terrenal. La aquiescencia para matar a un ser inocente sólo cabe en los criminales.

El ministro de Salud (?) Ginés González García ha sentenciado que “la interrupción voluntaria del embarazo disminuirá la mortalidad materna”. Este funcionario dice suelto de cuerpo que “lo que queremos hacer ya sucede en el primer mundo” (¿se referirá también a la corrupción K?).

La preocupación de ciertos ejemplares enquistados en una banca legislativa, suponen hallarle solución a los “inoportunos y no queridos embarazos” mediante el expediente siempre práctico de la eliminación voluntaria (o sea la muerte).

Los que ven en una ejecución directa o por interpósita persona un filicidio,no escapan a la más dura condena.

El hoy presidente de la Cámara Baja –aquel que tras alejarse del kirchnerismo sembró con los insultos más vergonzantes a Cristina Fernández-, decidió asistir al primer magistrado en la solución (?) de darle forma jurídica al aborto (léase filicidio). Leímos por allí que se proyectaba reunir por separado con quienes permitan una postura abortista y los que lo consideran un acto contra el Código Penal.

Massa carece de lo que hay que tener cuando añora alcanzar el perfil del estadista. Faltaría que se arroje una moneda al aire para que se determine quién gana y quien no, dándole certeza de verdad y justicia al revoleo de un vil metal. Es como si en el despacho principal de la Casa Rosada se decidiera otorgar categoría de ley a un homicidio (de hecho ambas cámaras legislativas jamás podrán legitimar el homicidio). ¿Quiénes pueden garantizarles a los parlamentarios de ambos sexos el derecho a vivir o morir a una criatura? El Congreso ya no se convertirá en un homicida, en tanto su gobierno no incurrirá en un delito atroz.

La titular de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados nacionales, Carolina Gaillard (Frente de Todos), reveló que “la decisión política está y eso es lo importante, hay intención de que salga, hay un presidente que no mira para el costado. Están dadas las condiciones”.

De aprobar una decisión clave en materia de Salud Pública, será muy difícil conciliar el término “salud pública” con la matanza de seres por nacer.

La postura firme del titular de la bancada oficialista en el Senado, José Mayans (Formosa) rechazó firmemente la legalización del aborto y para ello le alcanzó con que “el Estado tiene que proteger la vida y no destruirla”. ¿Quién y en qué precepto se arroga el derecho a segar una vida humana? ¿Quién por el sólo hecho de posar las sentaderas en una banca se puede creer legitimado para asesinar a una criatura?

¿Quién determina en qué tiempo se es o no es un ser? Hace unas ediciones de ANALISIS abordamos la Carta Magna de 1994 donde se defiende y garantiza el derecho a la vida. El Pacto de San José de Costa Rica protege la vida desde el momento de la concepción y el entonces presidente Carlos Menem, en 1990, mediante a la Ley 23.849, adhirió a la Convención sobre los Derechos del Niño. La Ley Suprema y la Constitución de Entre Ríos tienen claro la preservación del niño en gestación.

Los más grandes investigadores profundizan sobre el inicio de la vida. En 1974, Jeròme Lejéume demostró que el feto tiene ADN distinto al de la madre y Bernard Nathanson,  de ser abortista se convirtió en médico pro-vida. ¿Quiénes dicen que matar a un ser antes del quinto mes de gestación está autorizado?

Las indagaciones sobre la tecnología del ultrasonido, permitieron “por primera vez, estudiar al ser humano en el vientre y descubrir que no era distinto de nosotros: comía, dormía, bebía líquidos, soñaba, se chupaba el dedo, igual que un niño recién nacido”.

Nicolás Márquez (abogado y escritor) sostiene que “la interrupción del embarazo es sólo un eufemismo para ocultar lo que es un filicidio”.

El apuro de algunos en abordar este tema en sesiones extraordinarias resulta ridículo no sólo porque hay cuestiones de altísima trascendencia sino porque, como hemos desarrollado a la luz de la ciencia, se incurre en una virtual apología del delito. Quien intente modificar el verdadero sentido de la vida y buscar formas ridículas en procura de legalizar la muerte de un niño en gestación, comete filicidio.

En el ámbito de la Secretaría Legal y Técnica, Vilma Ibarra insiste en girar al Poder Ejecutivo un proyecto de “interrupción voluntaria del embarazo”, en un grosero eufemismo que busca justificar la muerte de un inocente. Y que la jerarquía más alta –léase Presidente de la Nación-, lejos de darle brillantez a su cargo, merece la intervención judicial sin retaceos.

El Papa Francisco acordó delegar en los obispos argentinos el rechazo del proyecto enviado al Congreso. El Pontífice ya ha definido que el aborto es “como contratar un sicario (…) ¿es justo eliminar una vida humana para resolver un problema?”.

Esta semana arribó el proyecto del Ejecutivo a la Cámara Baja para debatirlo. Mientras Alberto Fernández se desespera para evitar los efectos del Covid-19 apostando por la vida y no ceja de incorporar cuanta vacuna aparece en el mercado, él reivindica el derecho de una mujer a decidir la muerte de su bebé. Se trata de un crimen. No lo dice cualquiera sino la alta ciencia, claros pactos y concordatos con jerarquía superior a las leyes (art. 75º)- Capítulo cuarto-Atribuciones del Congreso-24.

Para mayor abundamiento, en la Nueva Constitución de Entre Ríos sancionada el 3 de octubre de 2008, su artículo 16º, “la provincia reconoce y garantiza a las personas el derecho a la vida y, en general, desde la concepción hasta la muerte digna. Nadie puede ser privado de ella arbitrariamente”. 

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