La Justicia entrerriana ¿camino de su domesticación total?

Por Alberto Rotman (*)

Desde hace años la mayor preocupación de los distintos gobiernos peronistas fue, entre otras cosas, dejar antes de irse, sus espaldas bien cubiertas en la Justicia. Espero que este P.E.P. no siga este camino, manchando más a esa señora de ojos vendados y balanza en sus manos.

Hace tiempo que las instituciones del Estado están en falta con respecto a lo que la sociedad espera de ellas, entre ellas ve a la Justicia cada día más alejada de sus necesidades reales y con más escepticismo cuando observa las innumerables causas que son archivadas, que prescriben o que demoran años para lograr sentencias.

Nuestra provincia no es la excepción de esta desnaturalización de la Democracia, a pesar de ello, vemos que algunas causas resonantes que involucran a personajes también resonantes y que seguramente incomodan al oficialismo, fueron abiertas por el Ministerio Público Fiscal , estando algunas de ellas en instancia de juicio oral (causa Urribarri), otras con sentencia (causa Allende), otras como la llamada "Causa Contratos", se encuentra en la Suprema Corte de Justicia por cuestión de competencia, otras en etapa de investigación (tarjeta Sidecreer), y algunas demoradas por el propio sistema judicial, con recursos excesivos, demoras en la fijación de audiencias, suspensión de estas, chicanas procesales, etc.

Con la modificación del sistema Judicial, hoy la facultad de investigar y acusar la tiene el fiscal. El Procurador General (jefe de los fiscales) tiene el poder de ratificar o desestimar esta investigación o acusación.

Parece que el Poder Político de la Provincia sabiendo la función que la Constitución le otorga, quiere tener, antes que fenezca su mandato, un Procurador que sea más permeable a sus intereses. Para ello debe comenzar por descabezar al actual, para luego nombrar a quien el Poder Ejecutivo crea conveniente a sus intereses.

Esto aparentemente, ya estaría en marcha a través de un pedido de Jury al Procurador General y además estarían los votos para abrir otro a la Procuradora Adjunta. O sea que con el giño de la política, la Provincia de Entre Ríos se prepara para, nada más ni nada menos, DESCABEZAR AL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.

Hoy el Jury está integrado por tres jueces del Superior Tribunal (Daniel Carubia, Martín Carbonell y Claudia Mizawak), todos ellos nombrados por gobiernos peronistas. Dos legisladores también peronistas y dos representantes del Colegio de Abogados. La sociedad se pregunta: ¿Hay alguna duda a qué intereses responderá la mayoría de este tribunal?

En los corrillos de la Casa Gris y de los pasillos tribunalicios dan por cierto que esta situación sobrepasa los intereses puramente jurídicos. La realidad persigue dejar en claro las consecuencias que puedan sufrir quienes pretendan inmiscuirse en algunos intereses que moleste al Poder Político. ¿Qué serenidad de espíritu tendrá un juez cuando deba emitir una sentencia, sabiendo que, si esta no agrada, su cargo corre peligro?

Por último, quiero subrayar que el Ministerio Público Fiscal podría llevar adelante muchas más causas que las que vemos que realiza. Son muchos los casos de corrupción que a diario se conocen o sospechan, y muchos de los cuales no llegan a ningún resultado, estoy seguro que su actuación debería ser más productiva.

A pesar de ello, no hay dudas que el pedido de Jury a la cabeza de la Procuración abre las puertas de un nuevo intento de manipular a la justicia, no en beneficio de la sociedad, sino en beneficio de la corporación política de turno.

(*) Ex diputado provincial UCR.

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