Concesiones aquí y allá, y agarrate Catalina

Por Mempo Giardinelli (*)

Como en toda comunidad desorganizada, en la Argentina actual se entrecruzan los más diversos temas para contribuir al desaliento generalizado. Por un lado la Constitución Nacional, degradada a libraco inútil, es burlada a diario por su principal custodia –la Corte Suprema– y de ahí para abajo por las llamadas "instituciones" que son burladas a diario por quienes debieran hacerlas respetar. Es por eso que incluso a temas centrales de la agenda pública ahora casi ni se los tiene en cuenta, lo que es gravísimo. Baste como ejemplo el inminente vencimiento de las concesiones hidroeléctricas, que desde ahora y por varios años deberán terminarse o –maldición eterna si así fuera– renovarse. Símil Río Paraná, puede decirse.

Herencia patética que también dejó el riojano innombrable, a estas privatizaciones (todas las concesiones menemistas de hecho lo fueron) les tocan vencimientos en tropel a partir del próximo 11 de agosto y empezando por las más grandes centrales hidroeléctricas de la región del Comahue: El Chocón, Arroyito, Planicie Banderita y Alicurá.

Han durado 30 años y ahora deberían –necesaria, imperiosa y soberanamente– volver al único dueño, que es el Estado Nacional con participación de algunas provincias. Así lo viene advirtiendo el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO), que motoriza el reclamo con adhesiones, entre otras, de la CTA Autónoma, Unidad Popular, Fetera, Fipca, Federación Gráfica Bonaerense y cientos de firmas.

Hoy es obvio que es imperativo el urgente rescate del manejo estatal de la energía, ya que todo intento de prorrogar esas concesiones sólo servirá para desatar mayores conflictos sociales. El control de corporaciones dominantes en el sector energético, y en cualquier otro, es hoy de absoluta necesidad, a la par de la recuperación total del Río Paraná y la habilitación del Canal Magdalena. Por eso el mencionado Instituto propone la conformación de "una nueva modalidad de explotación de esas centrales, con participación mayoritaria del Estado Nacional y las Provincias involucradas".

Como sea, la disputa se intensificará a partir del próximo agosto y por lo menos durará los cuatro años siguientes, en los que vencerán 17 concesiones en el sector hidroeléctrico, cuya generación representa un 20% del total del Mercado Eléctrico Mayorista. Como se comprende, entonces, acabar con el actual modelo privatizador será decisivo, y la pésima experiencia fluvial y marítima aún no concluida –plagada de engaños, lobbies e inacción gubernamental– deberá ser tenida muy en cuenta y necesariamente rectificada.

No puede dejar de advertirse, además, que para tales decisiones deberá tomarse en cuenta que del otro lado de la mesa de cada negociación habrá, inexorablemente, operadores que no aman a este país y practican sin culpa los oficios de la mentira y el engaño en favor de intereses privados al servicio de mandantes extranjeros.

Es por todo ello, y más, que el federalismo que dio origen a la otrora orgullosa República Argentina es hoy más una aspiración que una realidad. Si hasta la Constitución Nacional es pervertida cotidianamente por sus custodios naturales –la Justicia, el Parlamento y una oposición política delirante y violenta– lo que ha llevado a la degradación de los debates políticos, por un lado, y por el otro al sometimiento de la economía nacional a intereses extranjeros neocolonialistas. Razones esenciales de la urgencia de que el pueblo argentino reaccione y se dé una nueva Constitución Nacional con sentido soberanista y latinoamericano, lo que sólo será posible con un gobierno patriótico, decidido, sin vacilaciones y de probada honradez.

Está claro que todos estos postulados son de difícil concreción, como lo viene probando la ardua lucha por el Paraná, cuyas concesiones desde hace tres décadas degeneraron en apropiaciones de hecho, absurdas elusiones impositivas y la privatización y apropiación de prácticamente todo el comercio exterior argentino.

Por cierto, ahora mismo nada se sabe ni hay informaciones fehacientes de las decisiones (si acaso las hubo) tomadas por el recientemente encargado de concretar la puesta en servicio del canal Magdalena, el ingeniero Orduna. Pero lo que sí es evidente es el soplido de vientos en contra.

Ahora mismo en Rosario y puertos aledaños es vox pópuli que el gobierno nacional y el sector privado siguen impulsando la profundización del río hacia el norte con objeto de llevarlo “más allá de Santa Fe”, como denunció esta semana la diputada provincial santafesina Mónica Peralta (GEN) al reclamar “estudios de impacto ambiental que nunca se realizan” ya que “el Estado parece sólo garantizar y profundizar un modelo de producción que excluye a las grandes mayorías”. Y denunció además que “la AGP arma y desarma organismos y siglas que son sellos, para que no sepamos bien quién se va a ocupar y cómo se van a dar los procesos de concesión”.

Curiosamente, del otro lado del Plata el gobierno uruguayo no tiene pruritos de este tipo. Piensa diferente, y se diría que con sentido práctico absoluto, y así al gobierno del Sr. Lacalle Pou no parece interesarle cuestión alguna de soberanía, sino la defensa a ultranza de su posición de Estado-tapón, que para ellos es un excelente negocio. Así como el gobierno oriental abastece semanalmente a los ocupantes de nuestras Islas Malvinas, así considera legítimo que cada país atienda sus intereses, y está claro que la cuestión de la soberanía no le importa en absoluto.

Con transparente sinceridad, hace menos de un mes el presidente de la Administración Nacional de Puertos del Uruguay (ANP), Juan Curbelo, destacó que Montevideo “se posiciona como puerto de referencia en el Río de la Plata”. Autoelogió el uso inteligente de la infraestructura, de muelles públicos y de áreas especializadas y “el comienzo de una transformación positiva que se ha generado en Montevideo” a partir del acuerdo entre la Presidencia de la República y la empresa belga Katoen Natie, por el que se extendió la concesión del puerto de Montevideo hasta el año 2081. Ésa y no otra es la razón de la presión que se ejerce sobre la Argentina para que no se habilite el Canal Magdalena.

 

Lo que no tiene nada de malo porque ellos defienden sus intereses. Lo insoportable y estúpido es que la Argentina no defiende los suyos.

En tales circunstancias, la última semana trascendió que el gobernador santafesino, Omar Perotti, estaría impulsando al ex jefe de gabinete del Ministerio de Transporte en la gestión de Mario Meoni, el santafesino Abel De Manuele, con silla actual como gerente general del Ente Regulador de la famosa “Hidrovía”.

En un contexto en el que sobran rumores de que el Sr. Orduna no cumplirá ni un mes a cargo del Canal, la ilusión de muchos la semana pasada parece desvanecerse como cualquier mal aire en un salón. Pero lo más grave es que ya estaría decidido el nombre de su sucesor: el Sr. Abel de Manuele, de origen radical y quien habría sido hombre de confianza de Guillermo Dietrich durante el desastre macrista. Y de quien fuentes responsables aseguran que fue el redactor del ominoso decreto 949/20.

Inevitable quedar en modo espera.

(*)Periodista, docente y escritor. Es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Poitiers, Francia. – Publicado en Página/12

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