Carlos Merenson
La degradación institucional del área ambiental durante el gobierno de Javier Milei no es un accidente administrativo ni el simple resultado de una reorganización burocrática. Es la expresión más nítida del negacionismo ambiental que caracteriza a la Nueva Derecha: una corriente que combina fundamentalismo de mercado, extractivismo sin restricciones y una profunda incomprensión del metabolismo ecológico que sostiene cualquier forma de vida social.
Desde el primer día, el rumbo fue claro: la supresión del Ministerio de Ambiente y su reducción a una dependencia de menor jerarquía dentro del Ejecutivo. Lo que antes era un organismo con rango ministerial —y, por lo tanto, con capacidad para intervenir, proponer, coordinar y disputar políticas públicas de alto impacto— quedó relegado a un espacio subalterno, sin presupuesto, sin voz y sin capacidad de incidencia.
Esta desjerarquización no es un mero gesto simbólico: es una forma de política pública. Cuando el Estado reduce o desmonta su institucionalidad ambiental lo que en realidad está haciendo es optar por favorecer la expansión de las fronteras extractivas, blindando a los sectores que lucran con la degradación territorial y debilitando a las comunidades que resisten.
La Nueva Derecha argentina reproduce un libreto que ya se observa en buena parte del mundo: negar la crisis climática o minimizarla, presentar la transición ecológica como un costo o una conspiración, desmantelar los organismos técnicos que producen evidencia, desfinanciar las instituciones ambientales y, finalmente, subordinar la política ambiental a ministerios que responden a la lógica del orden, la seguridad o la gestión administrativa, nunca a la planificación estratégica.
Para las élites del poder económico y político, la institucionalidad ambiental resulta incómoda: porque cuestiona la ficción del mercado autorregulado, porque exhibe los límites biofísicos que chocan con la fantasía del crecimiento infinito y porque expone la insostenibilidad estructural de un modelo basado en el saqueo energético, minero y territorial.
La reducción del área ambiental a una subsecretaría dependiente de la Jefatura de Gabinete sintetiza esta orientación. Se desarma la capacidad del Estado para ejercer control, se debilitan los mecanismos de evaluación y se convierte la política ambiental en una oficina de trámite. Un Estado que se retira del territorio es un Estado que deja a las comunidades libradas a su suerte y al poder discrecional de las corporaciones.
Pero el negacionismo de la Nueva Derecha no sólo se expresa en la destrucción institucional. También produce un clima cultural que demoniza el ambientalismo, ridiculiza el pensamiento ecológico y presenta a quienes defienden la vida como enemigos del desarrollo. Es una operación simbólica y material: en el plano del discurso se desacredita, y en el plano institucional se desmantela.
Cuando el Estado abdica de su responsabilidad ecológica, abre el camino a una sociedad administrada por la lógica del capital, donde los territorios se convierten en meros “espacios de extracción” y las comunidades en externalidades prescindibles. No es casual que, al mismo tiempo que se desjerarquiza el área ambiental, se impulsen reformas que facilitan la explotación intensiva, reducen controles y debilitan las protecciones ambientales existentes.
En este contexto, defender la institucionalidad ambiental no significa defender una burocracia: significa defender la posibilidad de un futuro habitable. La desjerarquización del área ambiental es la materialización de un proyecto que niega la crisis ecológica y se aferra a una ideología productivista que ya ha demostrado ser inviable.
Por eso, en La (Re) Verde, afirmamos que la reconstrucción ecológica no comenzará volviendo a un ministerio, sino recuperando una mirada profunda sobre la relación entre economía, poder y naturaleza. Pero la institucionalidad importa: sin ella, no hay herramientas para enfrentar los conflictos socioambientales, ni capacidad estatal para frenar las dinámicas del colapso.
Frente a la ofensiva negacionista, es urgente repolitizar la cuestión ecológica, recuperar el sentido común de los límites y fortalecer a quienes defienden los territorios. La desjerarquización del área ambiental no es el fin: es la advertencia.
(Fuente: Era Verde)
