En la madrugada del 13 de mayo de 2003, los canillitas de Paraná hacían fila en el área de distribución del diario Uno de Paraná para llevarse sus ejemplares para vender en toda la ciudad. A algunos les extrañó que uno de ellos no llegara a retirar los suyos. La Econo Power blanca y azul no se estacionó sobre los adoquines de calle Chile. Al día siguiente, en el mismo lugar, los rostros de los canillitas y distribuidores eran de absoluta tristeza, cuando salían a repartir los diarios con la peor noticia: “Mataron a un canillita para robarle la moto”. “Claudio Latrónico se resistió a un asalto y lo balearon en la cabeza”, mencionaba la volanta. El kiosco Parada Rivadavia, sobre calle Alameda de la Federación casi Buenos Aires, no abrió y un papel blanco indicaba: “Cerrado por duelo”.

Esta semana se cumplen 17 años de un caso que tuvo facetas que marcaban la situación policial y judicial en Paraná, en uno de los años más sangrientos. La inseguridad, la detención inicial de dos menores inocentes, las amenazas a testigos en un barrio dominado por la violencia, las sombras de interferencias políticas y un juicio escabroso en el que se logró condenar al único sospechoso, Claudio Franco.

Latrónico vivía en San Agustín, tenía 31 años, una esposa y cuatro hijos. Su nombre fue un estandarte tanto para su familia como para la sociedad en el reclamo contra la impunidad. A la 1 de la madrugada de aquel miércoles, iba con su moto y fue interceptado en calles Ituzaingó y El Jagüel, a metros del barrio Las Flores. Le apuntaron con un arma para robarle la moto, quiso escapar: era su único medio de trabajo para alimentar a su familia en plena crisis. Lo ejecutaron de un disparo en la cabeza con un revólver calibre .38. A las 7 de la mañana, la moto fue encontrada, abandonada, por policías de la comisaría 17ª en el barrio Francisco Ramírez, consignó el diario Uno de Paraná.

En ese tiempo, todos los días un canillita era víctima de asaltos violentos y a mano armada. El asesinato de Latrónico demostró la desprotección a la que estaban expuestos. “Todos los días sufrimos hechos de violencia. Para qué vamos a denunciar si al otro día tenemos que volver al mismo lugar y nos enfrentamos con la misma realidad”, cuestionaba el dirigente del Sindicato de Canillitas, Omar Rojas. El ministro de Gobierno Fermín Garay anunciaba como respuesta: “Pediremos disculpas a la población porque los vamos a tener que molestar pidiéndoles documentos personales y de sus vehículos, en las entradas o salidas de la ciudad”. Y se excusaba en la falta de presupuesto para la Policía.

Pesquisa errante

El juez de Instrucción Héctor Toloy y la División Homicidios comandaron la investigación. El 15 de mayo detuvieron a un adolescente de 15 años, que fue alojado en un hogar del Consejo del Menor. El 19, arrestaban al presunto cómplice, de 17 años, en la ciudad de Colón. Se anunciaba el esclarecimiento del crimen, pero ya se señalaba que un hermano de uno de los detenidos podía estar implicado y también a otro delincuente de San Agustín. Pero la causa, con pocas pruebas, se estancó.

La familia de Latrónico se constituyó como querellante con los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Vartorelli. Señalaban que detrás del asesinato estaban las bandas dedicadas al robo de motos y otros rubros delictivo. “No descartamos la existencia de una articulación entre las mafias de las motos y sectores políticos. Por eso advertimos de una cierta protección, por algunos elementos de parte del sector político oficialista hacia algunos conocidos personajes vinculados hacia este infausto hecho”, indicaba Pagliotto, en octubre de 2003, publicó el diario Uno de Paraná.

Llegó 2004 sin novedades, aunque la familia de la víctima conseguía testigos que estaban aterrados de señalar al autor del homicidio. Los querellantes los buscaron, entrevistaron y pidieron a las nuevas autoridades policiales y gubernamentales “dispongan arbitrar los medios más convenientes para hacer efectiva la protección de los testigos de la causa, a los fines de que éstos se encuentren respaldados y puedan declarar libremente y de ese modo arribar a una pronta y justa resolución del proceso”, decían el febrero. Al mes siguiente, el flamante ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, llegaba a Paraná y recibió a la familia Latrónico y otras que no encontraban respuestas efectivas en el sistema judicial.

Los dos menores iban quedando desvinculados de la acusación judicial, y las pruebas apuntaban hacia Claudio Caio Franco y Ernesto Quireco González. Lograron evadirse en un procedimiento policial, pero finalmente se entregaron con sus abogados. Acusaron a ambos como coautores: González como el ejecutor, y Franco como el cómplice. Pero esto tampoco estaba del todo claro.

Afinaron el lápiz

El 10 de septiembre de 2004, la querella pidió una medida que el juez podría haber adoptado antes, y permitió esclarecer un poco más las cosas. En la oscuridad de calle Ituzaingó y El Jagüel, en medio de un gran despliegue policial, hicieron la reconstrucción del hecho. Mientras se representaba del asesinato, algunos tiros de fondo en el barrio Las Flores le daban más realidad a la escena. González salió airoso: estaba acusado de ser el autor material, y le bajaron la imputación a encubrimiento agravado. Dos meses después, lo liberaron. Pero iba a juicio igual, con Franco.

Antes de fin de año, una causa paralela terminó por auxiliar un poco a Franco. Su hermano Pablo Franco estuvo procesado por amenazas calificadas a testigos en el caso del canillita asesinado. En el juicio realizado en diciembre de 2004, los dos testigos coincidieron en que fueron amenazados por el acusado, pero antes del homicidio de Latrónico, y dijeron que no sabían por qué motivo sufrieron esas intimidaciones. Una mujer afirmó que “todo el barrio Las Flores vio cuando mataban a Latrónico”, y remarcó: “Franco me amenazó, pero no sé por qué”. El juez Correccional, Daniel Malatesta, absolvió al hermano del imputado del homicidio. Crecía la bronca de la familia del canillita.

En abril de 2005, anónimos informaban más amenazas a testigos: “Lo único que quieren es amedrentar y llenar de miedo a la gente, y le avisan que si en el juicio hablan los van a matar”, dijo al diario Uno un trabajador municipal que pidió no publicar su nombre. La familia Franco desmentía por falaces esas afirmaciones y dijeron que eran ellos los que sufrían un permanente hostigamiento policial y de varias familias vecinas. El defensor del acusado, Ciro Muzzachiodi, sostenía que se pretendía crear un clima adverso a Franco, previo al juicio. El querellante Varotrelli decía que “en la causa hay elementos contundentes que determinarán la responsabilidad de Franco” y pedía garantías para los vecinos.

Llegaba el juicio, pero una semana antes de inicio del debate uno de los imputados se bajó. Los defensores de González, Elvio Garzón y Martín Uranga, pidieron la probation. Sostuvieron que el hombre solo llevó la moto que había sido sustraída al canillita unas cuadras por el barrio Las Flores. González dijo que esa madrugada venía de la casa de su hermano de festejar un cumpleaños y cuando llegó a la intersección de calles Ituzaingó y 1269 del barrio Las Flores sintió gritos. Una persona le entregó una moto y debido al estado de ebriedad se cayó. Pasó otro que lo pateó y se llevó la moto de Latrónico. Le otorgaron la suspensión del juicio a prueba, con tareas comunitarias.

Mentiras y verdades

El 1° de junio, la Sala II de la Cámara del Crimen integrada por Jorge García, Raúl Herzovich y Teresita Nazar, comenzó a juzgar a Franco por Homicidio en ocasión de robo. El salón se llenó de expectativas: de un lado, los familiares de Latrónico esperaban demostrar que Franco era el asesino; los de Franco, pedían que se sepa la verdad y se aclare que el responsable estaba libre.

Una chica declaró que cuando estaba detenida en la comisaría del Menor y la Mujer, su prima le contó que el menor que habían detenido como autor del homicidio de Latrónico había sido Caio Franco. Una mujer dijo, llorando, haber recibido intimidaciones para que guardara silencio. Declaró: “Vi al señor que venía con una moto azul y blanca. Todo lo vi desde el ventiluz de mi casa después de escuchar los dos disparos. Corría hacia el cementerio con un arma en la mano”. El tercer día, el Tribunal se cansó de recordarle a cada testigo que estaban bajo juramento por los olvidos y contradicciones con declaraciones anteriores, y ordenó la detención de un hombre y una mujer por falso testimonio.

Un kiosquero fue al juicio a desvincular a Franco y apuntó contra otro vecino de Las Flores. Carlos Taborda acusó a otro hombre de ser el autor del crimen del canillita. Pero tuvo imprecisiones muy llamativas. Dijo que ese sospechoso conocido como Marola, fue a su casa como a las 1.30 y le dijo que “estaba en calle Montiel cuando venía una moto y que se le paró adelante y disparó al aire para que frene, pero la moto se le vino encima y entonces le tiró un balazo a la cabeza”. No resistió las preguntas del fiscal Juan Carlos Almada y los querellantes, y terminó detenido. Marola también fue acusado por Franco en su indagatoria. Llamaron a Marola y declaró que dos hombres lo interceptaron con armas de fuego, le ordenaron subir la moto a su camioneta, lo llevaron hasta el barrio Francisco Ramírez, antes de llegar se tiró y salió corriendo. Dijo que ninguno de esos desconocidos era Franco.

El juicio terminó con dos testigos acusados de mentir, y siete que dijeron haber sido amenazados para no declarar la verdad. En los alegatos, los Latrónico estuvieron acompañados por María Inés Cabrol, mamá de Fernanda Aguirre, quien hacía ya un año estaba buscando a su hija, aún desaparecida. El fiscal pidió 13 años de prisión, la querella 20 y la defensa la absolución por beneficio de la duda. “No maté a nadie, no robé, soy inocente. Tengo las manos limpias no manchadas con sangre”, dijo Franco en la última palabra.

El día de la sentencia, 13 de junio, lo condenaron a 13 años de cárcel. El Tribunal sostuvo que “no hay elementos que indiquen que Franco sea el autor material del asesinato”, pero sí que participó. La familia de la víctima se retiró conforme. Los del acusado insistieron en que el verdadero asesino estaba libre.

El caso se fue apagando públicamente. Un mes después, un testigo del juicio fue atacado a balazos en calle Florencio Sánchez e Ituzaingó, se habló de represalias, pero nada más. Franco cumplió su condena, y según fuentes policiales y judiciales consultadas, no volvió a estar involucrado en algún delito. El nombre del canillita aún queda en la memoria de muchos paranaenses: de los que lo conocieron, y de quienes se conmovieron con el crimen y los avatares de la causa que expusieron falencias en el sistema. “A Claudio lo vamos a llevar siempre en nuestro recuerdo, porque éramos como una familia”, contaron al diario Uno cuatro compañeros ese día que tampoco olvidarán jamás.