Interviene Asuntos Internos en la investigación al puesto caminero de Ibicuy

Gustavo Palacios, director de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, anunció este jueves que Asuntos Internos abrió una investigación a raíz del allanamiento que concretó Gendarmería Nacional en el Puesto Caminero de Ibicuy.

“Es todo materia de investigación”, aseguró durante una entrevista con el programa Puro Cuento (Radio Plaza 94.7). Reveló que hay dos funcionarios policiales separados de sus funciones, y no descartó que el resto del personal pueda ser reubicado y sujeto de la investigación en marcha.

El funcionario policial aseveró que “estamos a disposición de la Justicia Federal” y sostuvo que la decisión es “que se investigue lo que se tenga que investigar”.

A las 8 de este jueves comenzó un operativo a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional en el puesto de control de la Policía de Entre Ríos ubicado en el kilómetro 119 de la Ruta Nacional N° 12. Lo que trascendió es que se investiga a una red de policías y civiles involucrados en el cobro de coimas y venta de autopartes. Entre los investigados, se encuentran el jefe y el subjefe del puesto caminero.

El allanamiento fue dispuesto por la Justicia Federal. Corresponde a una causa que se desprende de la investigación en la que se desarticuló a una organización regenteada por Vicente Teodoro Pineda, alias Tigre, “que tenía su base de operaciones en el partido bonaerense de Moreno y había extendido su zona de influencia hacia la provincia de Entre Ríos, como proveedor de cocaína y marihuana a pequeñas estructuras –incluso un puesto de venta en una unidad penal– y con su propio negocio minorista”, según reveló tiempo el sitio Página Judicial.

De la mencionada instrucción surgieron caminos adyacentes que condujeron a policías de distintas reparticiones de la provincia. Se recopilaron pruebas, testimonios y decenas de horas de escuchas telefónicas muy comprometedoras y que configuran varios tipos delictivos.

La investigación iniciada hace aproximadamente un año en el Juzgado Federal de Gualeguaychú -a cargo de Hernán Viri- y con la intervención del fiscal Pedro Rebollo, hoy se encuentra bajo la conducción del juez federal de Concordia, Federico Martín.

Durante las primeras horas de la tarde, efectivos de Gendarmería Nacional comenzaron a clasificar diferentes elementos de interés para la causa en la que se investigan presuntos delitos de cohecho (coimas) y venta ilegal de autopartes en el puesto caminero de la Policía de Entre Ríos, ubicado en la Ruta Nacional N° 12 a la altura de Ibicuy.

Según se pudo confirmar dentro de las personas investigadas en la causa, se encuentran el jefe y subjefe del puesto caminero de la Policía de Entre Ríos.

La causa de Pineda

El Tigre Pineda tenía distintos mecanismos de distribución de cocaína y marihuana a distintas personas, que luego vendían la droga en kioscos de narcomenudeo en las localidades de Gualeguay y Gualeguaychú. A su vez, era dueño de la estación de servicios La Posta, en calle Urquiza 2467 de Gualeguaychú, que funcionaba como una pantalla para la venta minorista de estupefacientes.

La estructura tenía una sofisticada organización: Pineda estaba en la punta de la pirámide, como el encargado de proveer la droga desde la provincia de Buenos Aires; a su vez, los empleados de la estación de servicios colaboraban en la administración del negocio en la provincia con roles específicos, ya que uno de ellos se encargaba de recaudar el dinero para entregárselo al jefe y otro atendía el minimercado en el que además de gaseosas y comestibles se vendían estupefacientes, del mismo modo que el lavadero no era un lugar solo de aseo de vehículos. Había también quien se encargaba de recibir la droga; los acopiadores, que eran también fraccionadores; y los distribuidores para la venta al menudeo o reventa.

Una estructura independiente, en tanto, le compraba drogas a Pineda y las revendía en la unidad penal de Gualeguay, adonde eran introducidas a través de los más ingeniosos mecanismos, según se ha podido determinar. Esta situación también abre otra sospecha entre los investigadores respecto de la intervención de agentes penitenciarios.

La esposa de Pineda era la encargada de recaudar el dinero de la venta de drogas, para luego entregárselo al Tigre. El dinero era introducido en el circuito legal a través de transacciones, que incluían la compra de terrenos, vehículos y un esquema clandestino de préstamos. La pantalla del lavado era la estación de servicios.

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