El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, se refirió al sumario administrativo que se cursa contra el médico Guillermo Riolo, quien fuera jefe del Servicio de Otorrinolaringología en el Hospital San Martín, y hoy acusado por presunta mala praxis.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Rodríguez Signes confirmó que en Fiscalía de Estado “hay un sumario administrativo en marcha, que comenzó en mayo de este año por inasistencias de este profesional al Servicio de Otorrinolaringología del Hospital San Martín” y especificó que “se le imputan alrededor de 40 inasistencias, violación a la ley 9.892 que es la que regula a los profesionales médicos; son faltas graves que son causales de cesantía”.

Agregó que “el sumario ya se ha sustanciado, prácticamente está terminado en etapa de conclusiones y ahora corresponde que se expida la comisión asesora de disciplina y luego el gobernador, que es la autoridad de nombramiento, adopta la decisión respecto a qué hace con el caso”.

“Ese es el sumario que tramitó en Fiscalía, todavía no tenemos nada respecto a esta otra situación de una supuesta mala praxis en una clínica. No lo tenemos ni por el sumario ni tampoco hay una demanda judicial por ese tema en la Fiscalía de Estado”, resumió.

Al respecto, consideró que “es grave porque era jefe del Servicio del Hospital San Martín y ese servicio fue intervenido, por pedido de las mismas autoridades del hospital, y en paralelo a la intervención, se comenzó el sumario administrativo que ahora ya está terminándose”.

Consultado por otras circunstancias que se hayan planteado en el ámbito público, aclaró que “para la Dirección de Sumarios y a los efectos del sumario administrativo hay una imputación de inasistencia del jefe de Otorrinolaringología del Hospital San Martín, que no es menor y es causal de cesantía, y eso es lo que se está juzgando administrativamente. En eso radica el sumario y no se descarta que existan otros planteos, pero respecto a la mala praxis, creo que es salud pública la que debe estar viendo la cuestión a través de un organismo que se llama de contralor profesional, es decir el poder de policía que tiene la Secretaría de Salud a los efectos de controlar que la actividad de la medicina se realice regularmente”.

Asimismo, explicitó que “respecto a este profesional no tenemos otra causa que no sea el sumario por inasistencias injustificadas al Servicio de Otorrinolaringología” y refirió que el tiempo para concluir el sumario “depende de la complejidad del caso, pero este es un sumario que se está sustanciando rápido, porque ingresó en mayo a Fiscalía y ya está terminando, así que es bastante breve lo que demoró. Porque en general las faltas injustificadas, generalmente, no admiten demasiada discusión. Y acá hay un agravante, que es un profesional que tiene que actuar conforme a la ley 9.892, estamos hablando de una función básica del Estado que es asegurar la salud o hacer todo lo posible por la salud pública”.

Indicó que “todo sumario implica otorgar el derecho de defensa, él tiene su abogado defensor, hizo uso de su derecho de defensa y el sumario está terminando. Es un sumario por el incumplimiento de sus deberes como empleado de la administración en el Hospital San Martín, lo que no implica que no tenga otras responsabilidades por otros hechos, como puede ser que cause daños a terceros, pero hay que ver dónde, en qué circunstancias y si hay responsabilidad directa o indirecta del Estado”.

Reclamos judiciales a la Nación

En otro orden de temas, Rodríguez Signes afirmó que “los reclamos judiciales están en plena motorización, estamos tratando de promover, de empujar el proceso, son dos e inmediatamente habrá un tercero”.

Puntualizó que “el primero es el de Anses, donde directamente el 24 de abril de 2024 –por instrucción del gobernador- presentamos la demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación pretendiendo que se nos paguen 154.000 millones de pesos, una cifra muy importante, aproximadamente una masa salarial”. “En un momento donde se habla del conflicto docente, acá tenemos un crédito, y en esto no estamos inventando nada, sino que es el reclamo del pago de las obligaciones de Nación con las provincias que no transfirieron sus Cajas de Jubilaciones y por eso hemos llegado a la Corte. La Corte fijó su competencia y estamos notificando al Anses de la demanda, todo esto es bastante engorroso, no es tan fácil”, aclaró.

Agregó que “además, hay una medida cautelar porque el sistema de transferencia de recursos para atender los déficits previsionales era con un adelanto que hacía la Nación y después se hacía una liquidación y se pagaba la diferencia. Pero el gobierno nacional actual suspendió hasta los adelantos y por eso se planteó una medida cautelar que está a despacho de la Corte, quien tiene que decidir qué hace con esa medida cautelar. Nosotros tenemos plena confianza en que se debe hacer lugar a la cautelar y, por lo menos, normalizar los flujos de los adelantos. Eso ya sería una ayuda financiera y un gesto”.

Detalló que “luego hay una demanda contra el Estado nacional y la Secretaría de Energía porque nos deben excedentes de Salto Grande, y ahora el gobernador nos ha instruido expresamente –nos ha conminado- a terminar de redactar y presentar una demanda por los excedentes de Salto Grande que hoy son prácticamente inexistentes o muy bajos”. Explicó que “respecto al nivel que veníamos teniendo, los excedentes han bajado mucho por decisiones en la forma de calcular los precios de la energía por parte de la Secretaría de Energía de la Nación”.

“Es un tema muy complicado pero fundamental porque hace al cumplimiento de los acuerdos Nación-provincias del año 1998, que se remontan a 1946, cuando se celebró el Tratado de aprovechamiento de los saltos del río Uruguay, el aprovechamiento de Salto Grande. Ese acuerdo era para fines energéticos, pero también de riego, de navegación, de desarrollo y no se cumplió en nada, excepto en la cuestión de la energía, y Entre Ríos no fue correctamente compensada. Todo esto empezó a revertirse en 1998 con el acuerdo que dio lugar a la creación de la Comisión Administradora de Fondos Excedentes de Salto Grande (CAFESG), pero hace unos años los niveles de excedentes se han quedado casi en cero, y por eso estamos reclamando la normalización de los excedentes para cumplir los objetivos de aquel acuerdo de 1946”, explicitó.

Consultado por el proyecto para crear una Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la provincia de Entre Ríos, el fiscal de Estado sostuvo que “está en la Legislatura”. “No sé en que estado legislativo está el proyecto, pero en Fiscalía tenemos dos oficinas que siguen el tema: la Oficina de Control de Inmuebles y la Oficina de Administración de Tierras Fiscales. Puedo asegurar que ambas oficinas han hecho en los últimos años un trabajo enorme de recuperación y de defensa de inmuebles del dominio público, especialmente en zona de islas. Actualmente la Dirección de Tierras Fiscales que estaba en la órbita del Ministerio de Producción, pasó a la Fiscalía de Estado y estamos ajustando mucho la actuación de esa oficina para poder percibir los cánones por el otorgamiento de los permisos de uso”, refirió.

Destacó en esto que “por un lado está el proyecto de creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles, que tiene estado legislativo, pero por otro lado seguimos adelante con la misión y la competencia que tenemos en Fiscalía. Es un tema muy importante porque es la defensa del dominio público, de una amplitud enorme y de una importancia enorme para los intereses de la provincia”.