Distintas áreas del gobierno provincial se encuentran trabajando para el recupero de más de 250 millones de pesos destinados a operativos de seguridad consecuencia de las amenazas en escuelas. Padres y tutores de los alumnos que ya fueron identificados deberán pagar los gastos.
Así se definió este lunes en una reunión interministerial e interdisciplinaria entre el Consejo General de Educación (CGE), la Policía, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), la Secretaría de Justicia y el Poder Judicial. Una medida similar se adoptó recientemente en la vecina provincia de Santa Fe.
"Cada vez que se activa un protocolo por amenaza de bomba o tiroteo, se movilizan recursos humanos, logísticos y tecnológicos que tienen un costo altísimo para los contribuyentes. Ese despliegue, provocado por una conducta irresponsable, configura un daño patrimonial que el estado no tiene por qué absorber", se indicó mediante un comunicado de prensa al término del encuentro.
“En la reunión se avanzó en la evaluación de medidas para que los padres o tutores de menores identificados como autores de amenazas en escuelas asuman los costos de los operativos policiales. La iniciativa se encuadra en una reparación civil por daños y perjuicios”, se precisó.
“El Gobierno de Entre Ríos decidió tomar medidas ante la ola de amenazas y mensajes intimidatorios en establecimientos educativos”, se remarcó.
“A diferencia de los procesos penales, que pueden verse limitados por la edad de los menores, el Estado provincial determinó la viabilidad de promover el recupero de los gastos ocasionados por los operativos de seguridad”, se indicó luego.
De acuerdo a lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación (arts. 1.753 y 1.755), la responsabilidad civil recae directamente sobre los progenitores o responsables. “En este sentido, la provincia iniciará las acciones legales para que los padres o tutores de los alumnos ya identificados en las causas judiciales afronten el pago de los costos operativos”, se adelantó.
Gracias al trabajo de inteligencia tecnológica de la Policía, ya se han individualizado a la mayoría de los autores de diversas amenazas en distintas localidades, se informó más adelante.
Durante el encuentro, las autoridades de seguridad estimaron que los costos de la suma de los operativos ante mensajes amenazantes ascendieron a una cifra que supera los 250 millones de pesos.
Este cálculo incluye el despliegue de móviles, personal especializado, brigadas de explosivos, logística y horas hombre que se detraen de la prevención del delito común.
Desde la mesa de seguimiento, se instó a las familias a tomar un rol activo en la supervisión del uso de dispositivos digitales de sus hijos. "No estamos ante una broma estudiantil, sino ante un delito penal que genera alarma pública y un gasto innecesario de recursos que deberían estar destinados a la prevención del delito real", se expresó..
En la reunión participaron el presidente del CGE, Carlos Cuenca; el jefe de Policía de Entre Ríos, Claudio González; el secretario de Justicia, Julián Maneiro, y el juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, entre otras autoridades.
Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos
