El abogado defensor explicó los motivos por el cual se reinició esta semana el juicio. “La audiencia oral y pública se reanuda por un hecho ocurrido en 1997 cuando Santana denunció a Rodríguez y a nueve agentes de la aduana de Colón por el supuesto delito de contrabando agravado de importación. Estas personas fueron absueltas, pero mi defendido, por cuestiones técnicas y de salud no pudo ser juzgado en ese momento y ahora se está haciendo el juicio”, precisó en declaraciones al programa A quien Corresponda (Radio De la Plaza).

En este contexto, los testimonios de este jueves fueron claves para la presentación de los alegatos que realizarán las partes el próximo lunes. Por un lado, el testigo ofrecido por la defensa, Marcelo Bulacio fue el asesor legal y el codenunciante, y por otro Daniel Santana, ofrecido por la querella, fue la persona que inició la investigación que derivó en la denuncia y posterior procesamiento.

En primer lugar se presentó Bulacio, quien respondió las preguntas de las partes, aunque la mayoría de las veces alegó el paso del tiempo como causal de confusión ante los datos. El asesor legal de ese momento en Paso de los Libres, explicó que fue convocado por Santana para la realización de la investigación y posterior denuncia. Y reiteró que en la documentación se encontraron elementos suficientes como para realizar la imputación.

Ante las preguntas de los abogados defensores, Pagliotto y Arturo Goldstraj, Bulacio argumentó que no sabía de dónde Santana había sacado los elementos para hacer la denuncia, y que sólo se limitó a estudiarlos. En ese sentido, comentó no saber como llegó Santana a enterarse de lo que pasaba en Colón, estando en la ciudad correntina y repitió que sólo se limitó a analizar los elementos.

Si bien en el caso se plantean dudas, hay una trascendental que surge de la defensa y es qué motivo a Santana para realizar una denuncia de algo que había ocurrido en Colón siendo el subadministrativo de Pasos de los Libres. En este sentido es necesario aclarar, que en aquel entonces hacía muy poco que se habían descentralizado las oficinas encargadas de la valoración y se había creado el Centro Regional de Valoración con sede en Paso de los Libres.

No obstante, para Pagliotto “llama poderosamente la atención que no se haya comunicado a los administrativos en Colón para que participen en la denuncia, o sean parte de la causa”.

Testigo clave

Sin bien Bulacio era importante en la causa, la declaración más esperada era la de Daniel Santana, quien se presentó luego de haber concluido el plazo de espera de la Justicia. Pues el funcionario había sido citado en otra oportunidad.

La tensión se sintió enseguida, cuando luego de unos cruces fuertes de miradas entre el testigo y Rodríguez, éste decidió levantarse y retirarse de la sala. Luego la fiscal, sugirió que Santana dirija su mirada hacía el juez, mientras que Paglioto explicó la necesidad de que su cliente se encuentre dentro de la sala. Pues Rodríguez también es abogado, y hay cuestiones específicas dentro del derecho aduanero imprescindibles para el proceso.

En este caso, a diferencia del anterior el testigo fue ofrecido por la querella, quien además comenzó con el interrogatorio. Santana empezó a explicar porque recayó en él la causa, argumentando que en 1997 cuando se encontraba trabajando en Paso de los Libres, se crea el centro de valor, donde llegaban los despachos de otras dependencias.

Luego contó que cuando observó las de Colón, estas carecían de valor y que inmediatamente sospechó un fraude. Por lo que luego comenzaron a trabajar los técnicos y se decidió a llevar el expediente para realizar la denuncia en Concepción del Uruguay.

En ese momento, cortó con la declaración y explicó que se sentía muy nervioso. Porque según comentó, en la prensa local habían aparecido notas informando que venía como testigo, pero que estaba procesado en otra causa judicial.

En 2005 el funcionario fue vinculado a la causa que se conoce como SW (Southern Winds) por supuesta omisión de control, en un proceso en el que se investigó el contrabando de 60 kilos de cocaína en valijas que viajaron sin pasajeros desde Ezeiza hasta Madrid, en un vuelo de la empresa Southern Winds.

Según aclararon fuentes judiciales a este medio, Santana fue sobreseído de la causa, e incluso ocupa hoy cargos públicos, siendo subdirector de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas.

Continuando con la declaración, la querella se encargó de ofrecer diferentes documentos, firmados por el despechante de aduana Rodríguez y por la empresa importadora Merco group supuestamente a nombre de Orlando Rodríguez.

Acto seguido, uno de los vocales se encargó de confirmar las fechas de los allanamientos efectuados en las oficinas de Rodríguez y de la denuncia confeccionada. Para concluir, la jueza del tribunal Cintia Gómez fijó la fecha de presentación de los alegatos para el próximo lunes.

Demora en el juicio

El juicio tardó 14 años en realizarse, porque en la anterior oportunidad en abril de 2006, Rodríguez se negó a sentarse en el banquillo porque Roberto López Arango integraba el tribunal y anteriormente había sido fiscal de la causa. La Cámara de Casación le dio la razón, y el juicio se postergó hasta esta semana.

Sin Rodríguez, el proceso se realizó con los otros nueve imputados: Carlos César Montenegro, ex administrador de la Aduana de Colón, el ex subadministrador de la Aduna, Valentín Bordet, el ex jefe de Registros, Luís Osvaldo Morales, y los aduaneros Jorge Cojot, César Méndez, María del Carmen Rodríguez de Morales, Adrián Galfrascoli, Antonio Chamón y Patricia María Soria. Todos ellos fueron absueltos de culpa y cargo por la Justicia federal.

Los camaristas Roberto López Arango, David Chaulet y Lilia Carnero compartieron los argumentos de los defensores Mario Franchi (oficial), Julio Moretti, Oscar Velischek, Leandro Dato, Raúl Avero y Pablo Seró, quienes no entendieron qué delito se le imputó concretamente a cada uno de los acusados, y hablaron de “vagas imputaciones contra sus defendidos” debido a que “la acusación carece de identidad para ser un hecho delictivo”.

En la sentencia el tribunal se refirió al trabajo del Ministerio Público Fiscal durante la instrucción y en el debate, señalando que “no observó ni valoró las pruebas objetivamente como debe actuar por orden constitucional y legal”. Para los jueces las partes acusadoras no determinaron qué rol asumieron los imputados en las irregularidades que señalaron. Por lo tanto, concluyeron que “los imputados obraron conforme a como está establecido en el organigrama de la Aduana”.