Por Luis María Serroels, especial para ANALISIS DIGITAL

Confirmando las versiones que indicaban la existencia de maniobras a través de las cuales se llegaron a cobrar subsidios otorgados por la Secretaría de Salud, por parte de falsos beneficiarios que habrían contado con la necesaria participación de personas que podrían revistar en dicho organismo oficial, el titular del ente, doctor Juan Abolafia, presentó una denuncia penal ante la Jueza de Instrucción Nº 3, doctora Marcela Badano. La intervención judicial interesada, se vincula con la detección de casos que en apariencia guardaban todos los requisitos exigibles, pero que en el tramo final del expediente direccionaban la percepción de cada monto hacia personas ajenas al iniciador natural, usando un supuesto poder acreditado incluso por sellos y firmas policiales que les daban una pátina de legalidad.

Dentro de los casos existentes, figura como hecho insólito el cobro a través de la Secretaría de Salud de un subsidio con destino al tratamiento radiante de Mauricio Daniel Basavilbaso, quien nunca padeció enfermedad vinculada con esta terapia y mucho menos estuvo internado. Más aún, había pedido esa suma al ministerio de Gobierno para refaccionar su vivienda, siendo víctima inocente de una maniobra que nadie atina a explicar cómo cambió de ministerio y objetivo.

Las irregularidades habrían quedado al descubierto al aparecer en calidad de solicitantes, pacientes presuntamente internados en el Hospital San Martín que argumentaban su condición de indigentes, cuando en realidad jamás se había registrado su ingreso al nosocomio y por lo tanto, patologías y tratamiento ordenado carecían de toda autenticidad.

En medios oficiales se cree estar ante la comisión de maniobras que incluyen la falsificación de firmas y uso de sellos en apariencia verdaderos, para consumar un fraude a la Administración Pública.

Fuentes hospitalarias admitieron esta especie, aunque no faltaron quienes reconocieron que una vía apta para favorecer la estafa, podría ser la extraña costumbre de aceptar recetas fotocopiadas al momento de iniciación de cada expediente, metodología que ya ha sido eliminada.

La tarea de los autores de la defraudación -cuya identidad deberá establecer la investigación-, habría consistido en realizar doblajes en recetas legítimas, que eran colocadas sobre un papel, reemplazando el corte con nombres y apellidos de personas no internadas y por ende no auscultadas. Todo ello se fotocopiaba y como la firma era auténtica, nadie objetaba ese documento para dar comienzo al periplo burocrático. Lo remarcable del hecho es que las personas por beneficiar, ni se enteraban que figuraban en la carátula de un pedido de dinero, porque, como se ha dicho, otro se encargaría de usar su identidad, pasando por ventanilla con un falso poder.

A esta altura, correspondería preguntarse cómo es posible que la identidad del destinatario del poder no figurara en las actuaciones previas al otorgamiento del subsidio, presumiéndose una grave falla del sistema aprovechada por terceros y con la participación necesaria de algún funcionario policial que no confirmó la supuesta voluntad del enfermo. Por otro lado, quien cobró la plata seguramente debió quedar registrado en la Tesorería y en el endoso del cheque a la hora de hacerlo efectivo en el banco.

¿Tan sencillo puede ser hilvanar semejantes acciones fraudulentas contra un Estado que se supone fija controles rigurosos? Alguien deslizó que en el hospital San Martín no faltarían médicos que en un exceso de confianza firman recetas en blanco, dejando el camino expedito para cualquier irregularidad. Lo concreto es que detrás de todo esto deben haber varios partícipes aportando a su turno al trabajo sucio global.

Como caso emblemático de este escándalo, vale citar el expediente 03811/05 S S. Resolución Nº 1272 del 2 de mayo de 2005, apareciendo como beneficiario por la suma de 4.089,28 pesos el nombrado Basavilbaso, quien todavía debe estar aguardando el dinero para materiales. Además se conoce el expediente 03729/05 S S. con Resolución Nº 1275 también del 2 de mayo, para un tratamiento con acelerador lineal del inexistente enfermo Diego Hernán Valenti por una suma de $ 2.296,28, y el expediente 3808/05 S S., Resolución Nº 1.433 del 4 de mayo de 2005, acordando la suma de $ 2.989,28 a Betiana Lorena Gareis.

No deja de llamar la atención el hecho de que en las resoluciones suscriptas por Abolafia se hace mención a supuestas fichas socio-económicas como soporte de la factibilidad de cada subsidio, habiendo quedado demostrado que no se trataba de casos de indigencia. Asimismo, consta el número de documento y domicilio de cada persona involucrada -que no figuraban en registro alguno de pacientes-, exhibiendo ello el grado de conocimiento que los autores de las falsificaciones tenían de sus futuras víctimas.

Pero hemos dejado como frutilla de este postre rancio y nauseabundo, el caso que más contribuyó a despertar el afán denunciante. Se trata de que alguien, en medio de la impunidad imperante, llegó a valerse del documento personal que en enero pasado extraviara el diputado provincial Rubén Adami, utilizándolo para gestionar un subsidio de 2.300 pesos para tratamiento oncológico en el San Martín. Y el legislador, al revelar semejante episodio, proporcionó información que no hace más que corroborar el contenido de nuestro comentario.

Las autoridades del nosocomio no salieron de su sorpresa cuando supieron que se trataba nada menos que de un legislador. Y allí empezó otra historia...

Ahora, seguramente, surgirá una verdadera fiebre controladora que no requiere de demasiada perspicacia, sino de atención y eficiencia a la hora de analizar cada tramitación. La justicia deberá actuar sin contemplaciones, pero el gobierno también.