Ecuación estereotipada: pobreza + menores = delito

Por P.G. de ANALISIS DIGITAL

El discurso facilista de ciertos sectores argentinos encuentra un blanco fácil en la pobreza, sus prerrogativas permiten escuchar e identificar a un “sector culpable” al cual se debe castigar: los menores de edad pobres. Por ello, intentemos una mirada a través del trabajo cotidiano de personas vinculadas en esta problemática.

La lógica del carnicero

Pablo Barbirotto está a cargo de la Defensoría N° 8 del Poder Judicial, y desde su experiencia de asistir legalmente a menores en conflicto con la ley se manifestó sobre lo que hay y lo que falta ante una situación que necesita de políticas de protección fuertes para los menores. A partir de su trabajo cotidiano, Barbirotto enfatizó que: “El penalista y el Derecho Penal deben decir yo no puedo resolver el tema de la inseguridad, porque soy penalista. No se puede solucionar los problemas sociales desde la justicia penal porque no es la solución de todo”.

Y para ilustrarlo mejor recurrió a una reflexión sobre el tema del Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, que “se llama ‘La lógica del carnicero’. El carnicero es un señor que está en una carnicería, con la carne y su cuchillo. Si alguien le hiciera una broma al carnicero y robase carteles de otros comercios que dijeran: ‘Banco’, ‘Agencia de viajes’, ‘Médico’, ‘Farmacia’, y los pegara junto a la puerta de la carnicería; el carnicero comenzaría a ser visitado por los parroquianos, quienes le pedirían pasajes a Nueva Zelanda, intentarían dejar dinero en una cuenta, le consultarían: ‘tengo dolor de estómago, ¿qué puede hacer?’. Y el carnicero sensatamente respondería: ‘no sé, yo soy carnicero. Tiene que ir a otro comercio, a otro lugar, consultar a otras personas’. Y los lugareños se enojarían: ‘Cómo puede ser que usted está ofreciendo un servicio, tiene carteles que ofrecen algo, y después de no presta el servicio que dice’. Entonces tendríamos que pensar que el carnicero se iría volviendo loco, y empezaría a pensar que él tiene condiciones para vender pasajes a Nueva Zelanda, hacer el trabajo de un banco, resolver los problemas de dolor de estómago. Y puede pasar que se vuelva totalmente loco y comience a tratar de hacer todas esas cosas que no puede hacer, y el cliente termine con el estómago agujereado, el otro pierda el dinero, etcétera.”. Y remarcó, “El penalista debe actuar con responsabilidad. Reconociendo sus límites y no actuar como si pudiera hacer todo, como si fuera el carnicero del relato de Zaffaroni. A su vez, la sociedad debe comprender que los problemas sociales se resuelven en la esfera de lo social.”

En ese marco, Barbirotto aclaró que la Defensoría de Menores: “Vendría a ser la parte del Estado que busca la protección integral de los niños que estén sometidos a un proceso ya sea como victima, como testigo o como parte. Estamos trabajando con personas que están en pleno desarrollo intelectual, moral que no han culminado ese proceso de formación que es para la vida adulta, y si se interviene a tiempo lo que se logra es una recuperación”. A su vez, el Defensor sostuvo que lo buscado “es la reinserción del chico en la sociedad. Más que reinserción, sería una inserción porque estamos hablando de chicos que están excluidos de derechos como la educación, el alimento diario, entre otros”. Y subrayó la importancia de determinar las causas por las cuales un menor se acerca al delito:”Puede ser que el chico se ve involucrado en un delito por una falta de contención familiar, por estar en situación de calle, por el problema de las adicciones u otras cuestiones que hacen que el chico a la vez de victimario sea víctima”.

Inmediatamente, el representante de los menores ante la ley se refirió a las estadísticas para brindar un panorama de la cuestión: “La situación es más grave desde el punto de vista de los medios o del tipo de las estadísticas o campañas políticas que lo que realmente ocurre. En Paraná no existen hechos graves cometidos por menores en la franja etaria de 14 a 16 años. De 16 a 18 quizá se incrementa el riesgo, porque la mayoría de los hechos, el 80 por ciento de los hechos que se manejan dentro de la justicia penal juvenil, siempre son lo que es robo y arrebato, y muy pocas veces hay uso de un arma”.

Pero lo que más le preocupa a Barbirotto es la relación robo-droga, ya que “esa sustracción que tenemos de cartera o celulares esta vinculado directamente con la droga. El chico roba para consumir. De cada diez delitos que son cometidos por niños adolescentes, ocho son arrebatos de carteras o celulares. De cada diez menores, nueve tienen problemas de adicciones. Y de cada diez, ocho no iban a la escuela”. En ese marco, enfatizó:”Si hablamos de consumo de drogas, hablamos de psicofármacos mezclados con alcohol. Los chicos tienen diez años y ya empiezan a consumir”. Y remató “La droga se convirtió en la familia ortopédica del chico, el menor no tiene contención familiar”.

Por otro lado, se expresó a la Ley Nacional Nº 26.061 y de su correlato provincial a través de la Ley N° 9.861 que introdujeron cambios en el tratamiento de esta problemática: “Ninguna de esas dos normativas trata cuestiones penales. Son cuestiones de protección integral de los niños y adolescentes. Es un avance importantísimo, porque veníamos de una Ley de Patronato que rigió a 17 generaciones de argentinos, y que en realidad era para cinco años para atender una situación de control vinculada principalmente a los hijo del inmigrante, de los hijos de los anarquistas que a principios del siglo XX participaban de las protestas sociales”. El cambio de perspectiva ocurrió “cuando en 1989 se hace la Convención de los Derechos del Niño, la misma obligó que Argentina modificase su paradigma para que el chico pase a ser sujeto de derechos y no objeto de protección o de tutela. Lo que realiza la Ley Nacional N° 26.061 a nivel nacional es adecuar la normativa del país a dicha Convención, tratando a los niños como sujetos de derechos. Establece una situación de derecho y protección del chico y su familia en su totalidad. Y la Ley N° 9.861 realiza lo mismo pero a nivel provincial”.

Al ser consultado por el régimen de responsabilidad penal juvenil que tiene media sanción en el Senado de la Nación y que pasó a la Cámara de Diputados, Barbirotto subrayó que “esta proyecto de ley lo único que busca es la baja de imputabilidad, que en realidad es una baja de punibilidad o sancionabilidad. Porque un chico hoy es imputable antes de los 14, lo que pasa es que no se le aplica una pena”. Inmediatamente, expresó su postura ante la cuestión: “Yo no estoy de acuerdo con la baja de imputabilidad. No soluciona absolutamente nada, porque hay numerosos problemas anteriores que hay que abordar. Lo primero que se tiene que tener es un sistema de protección integral fuerte, entonces el chico no ingresa al sistema penal”.

Asimismo, agregó: “No merecería ni el debate un régimen de penal juvenil por la trascendencia que tiene, porque dentro de la estadística el 0, 01 por ciento de los delitos que se cometen en el país son cometidos por un menor”. Y recalcó “el tema esta sobredimensionado porque tiene mucho más impacto periodístico un chico que mata”.

Finalmente, el Defensor de Menores sentenció: “Por ahora no es necesario un régimen penal juvenil. Prefiero un sistema de protección de derechos fuertes y cuando tengamos eso discutamos el régimen penal. El sistema penal no sirve porque interviene cuando ya fracasaron todas las otras instituciones”. En ese sentido, recomendó que debe buscarse “un sistema fuerte de protección de derechos y así el chico no ingresa al mundo del delito. Hay experiencias que se han realizado junto con el Consejo del Menor, el Juzgado Penal de Menores y con la Defensoría donde se trabajó en un barrio como Lomas del Mirador y se trabajó con talleres de murga, deportes y se redujo notablemente el delito”.

“La pobreza no significa delito, joven no significa delito”

El presidente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), Raúl Solanas, se manifestó sobre el trabajo que se realiza desde el organismo y acerca de las normativas anteriormente mencionadas con la que se rige Entre Ríos. En ese marco, sostuvo: “A partir del 2005 se cambia el paradigma y el joven es puesto en una situación de sujeto de derechos, es decir, todo el Estado tiene que actuar en función de reparar, hacer realizables los derechos. Y en ese sentido es una construcción la que se está haciendo. Entre todos los actores del Estado se va dando lo que la ley obliga, es decir, trabajando en conjunto, en armonía, articulando y con un sentido de corresponsabilidad. Todo el Estado y la sociedad son responsables por el desarrollo y el bienestar de ese niño”.

Asimismo, Solanas manifestó su convencimiento de que “el mejor lugar para un niño no es una institución, sino una familia. Dentro de eso que cambia con la Ley, y en Entre Ríos se viene cumpliendo, es que será el COPNAF y no ya la Justicia que se encargará de la custodia, del cuidado de un joven en conflicto con la ley penal”.

Por eso, el COPNAF tiene hoy tres dispositivos vinculados este tipo de situación. Uno es el centro de diagnostico en Paraná, donde el joven menor de 18 años que ha cometido un delito grave durante 90 días se hace un trabajo con el equipo del Consejo Provincial (psicólogos, trabajadores sociales, abogados) en apoyatura a ese joven y, señala el titular del organismo, “también apuntando a asumir su responsabilidad como joven que debe proyectarse en la sociedad, reconocer su falla. No esta ahí como un castigo, sino para darle la contención que necesita. Si la Justicia dispone que deba seguir con restricción de la libertad, tenemos otras dos residencias. Una es la residencia ‘General San Martín’ de Victoria, que es un hogar con equipos profesionales, y el otro es ‘Casa de La Paz’ en Concordia”. Y remarcó: “Y no hay servicio penitenciario, no hay armas. Se trabaja en revinculación con la familia”.

Además, el COPNAF cuenta con el sistema de acompañamiento de la comunidad (SAC) que son promotores de derechos y profesionales que acompañan y hacen un plan de seguimiento del menor en la comunidad. Actualmente, en el SAC hay 300 chicos menores de 18 años. Y según Solanas “este acompañamiento produce un nivel de reincidencia menor en el delito”.

El titular del Consejo Provincial se encargó de enfatizar: “El 98 por ciento de los delitos cometidos en Entre Ríos son realizados por adultos, sin embargo la percepción de la ciudadanía es que todos las transgresiones están cometidas por menores, cree que el joven no está sujeto a la ley. Y no es así”.

Con respecto al proyecto de ley que busca bajar la edad de imputabilidad, Solanas se manifestó en contra. A la vez que recordó que presentaron un texto “para crear un Foro especial para los jóvenes, para que no esté vulnerado en sus derechos y garantías constitucionales. Sostenemos que debe haber un Foro para que se le de certeza al tratamiento y al proceso que se le realiza a ese joven. Pero no tiene nada que ver con bajar la edad de imputabilidad y mucho menos tiene que ver con sancionar a la pobreza”. Igualmente señaló “que brindando las condiciones de trabajo, de salud, de educación el porcentaje de chicos que cometerían delitos se reduciría notablemente”. Al referirse sobre la instauración de un régimen penal juvenil sostuvo que “debe llenarse ese vacío legal. Si un joven cometió un delito grave, que es imputable, que es sometido a un proceso, tiene que establecerse medidas de seguridad, no privativas de la libertad. Estas medidas deben buscar la recuperación del chico, no la estigmatización”.

De igual manera se expresó sobre ciertas imágenes estereotipadas sobre los menores y la delincuencia: “La pobreza no significa delito, joven no significa delito. Algunos creen que se puede solucionar desde lo penal las cuestiones que tienen que ver con la justicia social. Si la respuesta es segregar vamos a agudizar el problema y cometeremos injusticias. Hay que pararse desde que lo que le falta a ese joven, porque ese menor tiene vulnerado sus derechos y se debe estudiar que condiciones sociales lo llevaron a cometer el delito”. Y recomendó que la solución pase por un “mayor grado de inclusión social con medidas de protección, de reparación de derechos. Los problemas sociales, económicos, políticos encuentran su solución en la esfera social, económica y política. No en el derecho penal.”.

Ningún pibe nace chorro

Las preguntas planteadas al principio de esta nota encuentran una respuesta que puede referirse en la cotidianidad de nuestro caminar: los menores no son los que fabrican y comercializan las armas con las que se mata, se roba o la droga que se consume en ciertos estratos sociales. Tampoco son los responsables de los índices de desocupación, pobreza, exclusión, desigualdad social. En definitiva, los menores pobres no son sinónimo de delincuencia. El accionar delictivo atraviesa todos los estratos sociales, no es propiedad exclusiva de un sector determinado.

Por último, se debe tomar conciencia de que los niños, y la sociedad en su conjunto, necesitan gozar de los derechos sociales y económicos en forma igualitaria. Y a su vez, superar las barreras que los estereotipos han logrado instalar en el imaginario ciudadano.

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