“Creemos que de esta forma se realizará la tarea de una manera más ordenada que el año pasado”, destacó Gomariz y agregó que también “se va a trabajar con las vecinales de Paraná y el resto de las ciudades de la provincia”. El funcionario aclaró luego que existe la posibilidad del canje de bonos, “pero eso ya es a través de convenios con los municipios”.

Los representantes de las empresas manifestaron además que “no habrá problemas de abastecimiento debido a las condiciones de existencias de gas butano en las instalaciones de las fraccionadotas, como también por las gestiones realizadas por la provincia ante organismos de la Nación”, en las cuales se solicitó que se respeten e incrementen los cupos ya establecidos. En función de ello, “hubo una decisión política al respecto y de hecho, en lo concreto, las fraccionadoras cuentan con el gas suficiente para que no haya faltantes”, explicó Gomariz.

Participaron del encuentro, por la empresa LukyTrabe SRL de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, Jorge Tolosa; por Ergas SRL de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, Aníbal Maziero; por Intergas, que tiene distribuidora en Cerrito y Nogoyá, Daniel Widmer; por Flamagas de Paraná y Concordia, Horacio Ortiz; por Acosta Gas, Oscar Acosta; Dico Gas de Paraná; y por Dysmarsky de Total Gas de Nogoyá, Atilio Rubén Calivari.

En la reunión, los empresarios expresaron su intención de mantener una audiencia con el gobernador Sergio Urribarri para plantear la problemática del sector. Señalaron que “no se están pagando los subsidios nacionales pactados y que sufren competencia desleal con vendedores de extraña jurisdicción, es decir que vienen de otras provincias a vender y no tributan en Entre Ríos. A su vez, existen problemas con vendedores no habilitados”, consigna la gacetilla oficial. También citaron problemas con el gasoil subsidiado –”no se consigue”, dijeron– y remarcaron que suben los fletes de la mercadería que reciben. Finalmente, los distribuidores comunicaron su preocupación porque la provincia aún no adhirió a la ley Nº 26.020, siendo una de las dos únicas jurisdicciones que no lo ha hecho en el país. Mediante esa norma se exime de ingresos brutos y tasa comerciales a estos comercios.