Marcelo Albarenque Rausch
La llamada “reforma laboral”, leída con ojos de profesional del Derecho, rinde un curioso favor a los estudios jurídicos laboralistas: desde una primera lectura del texto aprobado por el Senado se deduce que la litigiosidad laboral crecerá. Es una consecuencia esperable de la media sanción aprobada.
Dicen los defensores del proyecto que simplifica relaciones, reduce costos y dinamiza el empleo. La experiencia argentina y la comparación con procesos de flexibilización en otros países indican lo contrario: menor empleo formal, mayor precarización, empeoramiento de las condiciones laborales -que se traduce en pérdida de productividad-, menor consumo y actividad económica, un aumento del déficit previsional, más bajas por enfermedades inculpables y accidentes de trabajo, y, como resultado final, más conflicto individual y colectivo.
Un ejemplo concreto, entre muchos, ilustra lo que afirmamos: el artículo nro. 58 crea el denominado Fondo de Asistencia Laboral. En la práctica, el texto establece que los empleadores transfieran a administradoras habilitadas por la Comisión Nacional de Valores un porcentaje de las remuneraciones imponibles: 2,5% para las PYMES -mayoría de los empleadores- y 1% para los grandes empleadores.
El talón de Aquiles de ese diseño no es la existencia de un fondo per se, sino la manera en que se configura su patrimonio y la pretensión de protegerlo frente a acreedores. En nuestro ordenamiento el patrimonio del deudor constituye la garantía común de los acreedores; las declaraciones legales de intangibilidad o inembargabilidad se enfrentan, en la práctica, con la doctrina y la jurisprudencia que admiten excepciones cuando existe un crédito judicialmente reconocido. De poco servirá proclamar por ley la inembargabilidad de un bien si, llegado el caso, un fallo lo alcanza para satisfacer créditos exigibles en cualquier proceso contra el empleador.
Hay además un efecto macroeconómico de este artículo: las sumas destinadas a ese Fondo son deducibles de contribuciones a la seguridad social. Traducido a términos fiscales, la norma reduce la base contributiva y, si no se compensa con otras medidas, aumenta el déficit previsional. Un mayor déficit suele traducirse en más juicios previsionales contra el Estado, cuya respuesta será financiarse con deuda, emisión o mayor presión impositiva. Ese círculo vicioso tiene coste social y económico.
Si algún empresario PYME -95 % de los empleadores del país- espera que el texto beneficie a sus intereses, la realidad práctica puede traerle una sorpresa desagradable: mayor carga regulatoria, riesgo de disputas patrimoniales inesperadas y el impacto indirecto de un sistema previsional más débil.
Citamos otro ejemplo polémico dentro de la reforma que es, tal vez, el que mayor rechazo social suscitó, la reforma al régimen de licencias inculpables. El nuevo sistema establece reducción de salarios según la naturaleza de la dolencia. Se percibirá 75% de la remuneración en casos generales de accidentes o enfermedades inculpables. Y, se percibirá 50% de la remuneración si la imposibilidad de trabajar deriva de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implique un riesgo para la salud. Las derivaciones de esta norma son incontables: un trabajador único sueldo del grupo familiar, que es diagnosticado con cáncer, percibirá 75 % de su salario durante seis meses. Si, afortunadamente, no es diagnosticado con una enfermedad grave, pero como ejemplo, se lesiona ligamentos cruzados en una actividad recreativa o deportiva cobrará el 50 % de su salario durante un máximo de seis meses. Sin carga de familia los plazos se reducen a 3 meses, más un año de reserva del puesto.
La reforma se hizo al mejor estilo L.L.A., arrancó en el senado donde se practicó una maniobra infantil pero efectiva a gobernadores para que dieran su apoyo a cambio de dinero que legítimamente pertenece a cada provincia. Se pactó con la “casta” sindical a cambio de conservar los cobros compulsivos de cuotas solidarias, no topear obras sociales y que los empleadores sigan siendo agentes de retención. Se pactó con las cámaras empresarias continuar con el cobro compulsivo del 0,5 % presente en algunas actividades económicas.
El día de la votación, hábiles en el arte de la propaganda y según sugiere no poca evidencia audiovisual, los inútiles “servicios de inteligencia” y la “inteligencia” de las fuerzas de seguridad, se encargaron de infiltrar elementos de desorden y vandalismo dentro de las protestas en la plaza del congreso, con el sólo fin de deslegitimar y distraer. Convenientes los rostros cubiertos de los elementos más violentos de esta previsible maniobra. Me recordó a épocas de la Entre Ríos de Montiel, cuando se hizo necesario cercar los grupos de protestas -con Edgardo Massarotti a la cabeza- para evitar infiltraciones de los peores elementos de seguridad del entonces oficialismo en las marchas.
El “comunista” de Luis Ignacio Lula Da Silva, de profesión tornero mecánico y sindicalista, sin ser especialista en crecimiento con o sin dinero, nos enseña desde la vecina Brasil, como se crea empleo: crecimiento económico. Más de 1,7 millones de puestos de trabajo en el pasado año, inflación anual del 4% y apenas 0,4% de déficit de las cuentas públicas con récord en inversión extranjera directa y ganancias en la bolsa de San Pablo. Por estas semanas tomará estado parlamentario en Brasil un proyecto para reducir la jornada laboral diaria y semanal.
Mientras, de este lado de la frontera, existe un único privilegiado: el mercado financiero. Parece justo, son los que gobiernan y los que recibieron millones de votos.
