Los gobernadores arrancaron 2012 con la lupa puesta en la evolución de las cuentas públicas. La imagen que se proyectó desde esas cajas mostró un rojo más profundo que en años anteriores. El resultado: el ajuste que está llevando a cabo el gobierno nacional, con recortes de subsidios, suba de tarifas y revisión de los sueldos de empleados públicos, también se está generalizando en las provincias.

La región Pampeana (Ciudad y provincia de Buenos Aires), la Patagónica (Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) y el Centro (Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe), en ese orden, presentan las situaciones más comprometidas.

El déficit después del pago de intereses de deuda de todas las provincias durante este año, según la consultora Economía & Regiones, superaría los 12.000 millones de pesos. En 2010 fue un tercio de esa cifra. Para el IARAF estará entre los 6.000 y los 13.000 millones de pesos, en función de cómo evolucionen ingresos y gastos. Siempre en rojo.

Una postal de la crítica situación de las provincias pudo verse 28 de diciembre, cuando la presidenta Cristina Fernández anunció una nueva refinanciación para que los gobernadores se pongan al día con la Nación, por las multimillonarias deudas de sus provincias. Hubo representantes de 17 distritos que se fueron algo más aliviados. Por su condición de oficialistas y aliados, no se escucharon las quejas que sí repiten otros mandatarios opositores. Y es por el manejo de la caja que hace el gobierno nacional, que se queda con más del 70 por ciento de lo que se recauda por impuestos y después lo gotea a las provincias, en muchos casos de modo discrecional y como premio (o castigo) político.

Ante este escenario, las provincias más apremiadas decidieron aumentar los ingresos con subas en las tasas (Capital Federal y provincia de Buenos Aires, por caso), otros servicios locales, y despidieron personal o demoraron el pago de salarios. Lo que hasta hace un tiempo era una puja con raíz económica que podía resolverse con una negociación política en la Casa Rosada, ahora impacta en la cotidianeidad de miles de personas.

Los casos más sonoros de este año: el gobierno de Santa Cruz -la provincia de los Kirchner- dejó en stand by el proyecto para incrementar la edad jubilatoria, pero avanzó en su estrategia para reducir el gasto público y suspender la contratación de personal. En Río Negro, habilitaron al pase a disponibilidad de más de 20 mil empleados estatales. En Puerto Madryn (Chubut) decidieron suspender una resolución que transfería a una porción de los empleados a planta permanente. En Córdoba capital, se retrasaron los pagos del sueldo de diciembre de los empleados estatales y el secretario de Gobierno de esa municipalidad, Facundo Cortés Olmedo, tuvo que rogarles a los trabajadores que “esperen para que se puedan juntar los ingresos”.

Si bien la región del Noroeste (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) tendría un superávit financiero de unos 1.000 millones de pesos este año, el gobierno catamarqueño anunció la suspensión de 178 contratos y dos municipios de esa provincia tomarían el mismo camino. En San Salvador de Jujuy ocurre algo parecido que en la capital de Córdoba: los trabajadores estatales todavía esperan cobrar los salarios de diciembre.

En este contexto, Barraud estimó que la mayoría de las provincias que se encuentran en aprietos fiscales frenarán obra pública o incrementarán la deuda que mantienen con proveedores. Estas dos medidas, que tienen un impacto político menor al despido de personal, en forma indirecta también afectarán la actividad económica y el bolsillo de los ciudadanos.

Con provincias endeudadas y dependientes de un gobierno nacional que tiene menos recursos y encaró su propio recorte, es una incógnita hasta dónde llegarán los ajustes provinciales. Por lo pronto, recién comenzó el año y ya se están generalizando consignó Clarín.