La fuente visualizó a Clarín que esta nueva acción fue concebida para “neutralizar la decisión unilateral, dada a conocer a través de una carta enviada por el canciller Timerman, de excluir a la empresa Riovía de los pliegos de licitación del canal fluvial”.

A pesar de que fue en Uruguay donde trascendió el tema de un posible intento de soborno por parte de funcionarios del gobierno argentino y de la empresa al presidente de la delegación uruguaya de la CARP, Francisco Bustillo, para que favoreciera a la continuidad de Riovía que desde 1996 draga el canal, en la cancillería oriental está instalada la idea de que no hay mérito para desafectar a la empresa de la licitación.

Pero no obstante se está afín de que la justicia siga investigando para que, en caso de algún momento poder probarse el pedido de “coima”, sí se pueda a Riovía con un aval jurídico.

Con el objetivo de poder aclarar esas dudas, Almagro envió a la justicia los resultados de la auditoría independiente que realizó sobre las actas de las reuniones de la Comisión Administradora del Río de la Plata.

Asimismo, el semanario Brecha informó que el canciller uruguayo también está dispuesto a enviar un pedido para levantar el secreto bancario de los pagos hechos por la firma argentina a personas y sociedades de ambos países.

Esto se suma a la causa por la cual la justicia uruguaya reclamó las actas de la reuniones de la CARP. Esta causa se inició a raíz de una denuncia presentada por un abogado, quien acusó por omisión de denunciar un delito al ministro itinerante Julio Baráibar, luego de que esta destapara en una entrevista radial el intento de soborno.