La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV), FUCVAM y Redes-Amigos de la Tierra Uruguay declararon su profundo rechazo a la determinación del Poder Ejecutivo de prohibir la realización de asambleas o manifestaciones sociales en Fray Bentos. Consideraron que la medida “es una limitación inadmisible de los derechos de libre expresión y reunión que garantiza la Constitución nacional”. Y advirtieron que esta nueva disposición “profundiza gravemente una continua actitud del actual gobierno tendiente a defender los intereses de la empresa finlandesa Botnia y así honrar el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado en 2004 entre Uruguay y Finlandia”.

“Botnia es una corporación transnacional instalada en el país con unas 100.000 hectáreas forestadas con eucaliptos -con las consecuencias ambientales y sociales que esto conlleva-, y una planta de celulosa que es una amenaza ambiental grave para nuestro país”, remarcaron en el documento, enviado a ANALISIS DIGITAL.

A su vez señalaron que la medida del Poder Ejecutivo “lo que realmente busca es evitar las manifestaciones de uruguayos en contra de Botnia y se encuadra fundamentalmente en el cumplimiento del Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Uruguay y Finlandia”.

En ese orden añadieron que “ese tratado bilateral asegura a Botnia la posibilidad de reclamarle al Estado uruguayo indemnizaciones por los perjuicios que pudieran provocarle a su imagen corporativa las manifestaciones de la ciudadanía en su contra”. No obstante, recordaron que “no es la primera vez que el gobierno de Uruguay realiza una defensa férrea y por demás cuestionable de los intereses de la empresa Botnia”.

En detalle, precisaron que “en diciembre de 2006 un decreto del Poder Ejecutivo encomendó al Ejército montar una guardia perimetral del predio de Botnia en Fray Bentos, al tiempo que se dispuso que la Policía se ocupara de la seguridad y vigilancia dentro del establecimiento”, por lo cual acotaron que “la prohibición de movilizaciones en Fray Bentos va en la misma dirección”.

Finalmente, cuestionaron que “los uruguayos que quieran manifestar su rechazo a la instalación de Botnia en el país, preocupados por la consolidación del modelo forestal a gran escala, excluyente y en manos de transnacionales, y por el riesgo que significa dicho emprendimiento celulósico para su salud y el medio ambiente, no podrán hacerlo”. Y admitieron que “sorprende que esta medida provenga de un gobierno progresista cuando a nivel internacional está reconocido el derecho de los pueblos a manifestar su oposición al creciente control de los territorios por parte de las corporaciones transnacionales”.