En su respuesta, la Secretaría Legal y Técnica identificó los 16 decretos secretos firmados por los dictadores que no se desclasificaron entre 2013 y 2015, junto a otros más de 9.000.

Cinco fueron firmados por Jorge Rafael Videla, uno por Roberto Viola, otros cinco por Leopoldo Fortunato Galtieri y la misma cantidad por Reynaldo Bignone.

Los 9 decretos que dejarán de ser secretos

El más antiguo de los que verán la luz mañana es del 24 de noviembre de 1976. Lleva el Nº 3010 y está firmado por Videla como presidente de la primera Junta Militar. Se refiere a una modificación de la “Cuenta Especial 764” del Presupuesto destinado al Comando en Jefe del Ejército “para la adquisición de los elementos necesarios para el desenvolvimiento eficaz de las operaciones anti guerrilleras”.

Otros seis decretos secretos son de 1982, de los cuales cinco están vinculados a la Guerra de Malvinas.

A través del Nº 675 del 1 de abril – un día antes del desembarco argentino en las islas que dio inicio al conflicto bélico-, se constituyó el “Teatro de Operaciones Malvinas”. Al pie, aparece la firma de Galtieri, entonces presidente del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.

Al día siguiente del arribo de los soldados argentinos al territorio en manos británicas, por el decreto Nº 681 se estableció “una Gobernación Militar en las islas” y “la desafectación del Territorio de Tierra del Fuego”.

El decreto secreto Nº 700, del 7 de abril, dispuso una partida presupuestaria para el “Teatro de Operaciones del Atlántico”, en tanto que el Nº 917 del 7 de mayo, un mes que antes de la rendición, aprobó un contrato preliminar para la compra de un submarino. Ambos fueron firmados también por Galtieri.

El contrato por el submarino fue modificado por otro decreto secreto posterior, el Nº 1.780 del 30 de diciembre de 1982, que lleva la rúbrica de Bignone, último dictador de la Junta Militar.

Todas estas normas fueron desclasificadas por la actual cartera de Defensa, a partir de un relevamiento y revisión de los decretos secretos aún vigentes, que la Secretaría Legal y Técnica les pidió a todos los Ministerios.

Bignone también firmó el 9 de diciembre de 1982 el decreto secreto Nº 1.463 vinculado a un viaje a la República de Túnez y al Reino de Arabia Saudita “para afianzar las relaciones entre dichos países”. Su desclasificación fue autorizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los otros dos decretos secretos que se publicarán en el Boletín Oficial fueron firmados a fines de 1983 cuando la dictadura ya preparaba su retirada.

El Nº 2.026 aprobó el contrato entre la Armada Argentina y el Astillero Ministro Manuel Domecq García SA para la construcción de unidades submarinas. Fue firmado el 9 de agosto de ese año por Bignone, y su liberación autorizada ahora también por Defensa.

Esta sociedad anónima se había creado en 1977 por iniciativa de la Armada, con participación estatal mayoritaria del Ministerio de Defensa y la firma alemana Thyssen Nordseewerke GmbH como accionista minoritario. Empezó a funcionar como astillero en 1982, en el sur del Puerto de Buenos Aires, con el objetivo de construir cuatro submarinos de propulsión convencional del tipo TR-1700, que finalmente no se terminaron. La Junta Militar incluso envió personal a personal civil de la Armada a capacitarse a Alemania con este objetivo. El astillero cerró a principios de los '90.

El último de los decretos secretos de la dictadura militar que será desclasificados mañana es el Nº 2.833 del 28 de octubre de 1983, también del área de Defensa. Incluía en la Ley de Contabilidad a las contrataciones que realizara el Ejército Nacional como proveedor de bienes o prestador de servicios de seguridad.

Los que quedan en secreto

Infobae quiso saber en el pedido de Acceso a la Información cuál fue, en cada caso, el criterio o fundamento por el que esta cantidad de decretos continuaron siendo secretos y no fueron incluido en la desclasificación ordenada por Cristina Kirchner mediante el decreto 2.103/2012.

La respuesta de Legal y Técnica se remitió al artículo 1° de esta norma que “fijó el criterio y las excepciones a contemplar para mantener la clasificación de seguridad. A su vez, cada organismo evalúa y determina la necesidad de mantener la clasificación de seguridad por razones de defensa nacional, seguridad interior o política exterior y los relacionados con el conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal”.

“La intención de este gobierno es publicar todo, en la medida de lo posible. Les pedí a los ministerios que tenían competencia en la materia de los decretos secretos – Defensa, Relaciones Exteriores y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) – que evalúen si realmente debían seguir en esa condición. En ese caso, el titular de cada una de esas carteras deberá asumir la responsabilidad de fundamentar esa decisión ante la Justicia o quien corresponda”, le dijo Pablo Clusellas, responsable de la Secretaría Legal y Técnica, a Infobae.

Por lo pronto, de los 16 firmados por los dictadores que no fueron publicados en la desclasificación que se realizó entre 2013 y 2015, siete van a permanecer secretos, al menos por ahora. Así lo pidió la AFI respecto de cuatro de ellos, y la cartera de Defensa respecto de otros tres decretos secretos, que -según le informaron desde Legal y Técnica a este medio- no se refieren al conflicto bélico en Malvinas.

El “por ahora” se debe a que el fallo de la Corte dispuso que, si el Estado considerase que, aún hoy, algunos de ellos debían permanecer en secreto -por referirse a cuestiones de seguridad, defensa o política exterior-, se explicasen las razones. Esos fundamentos deberán ser supervisadas por la Justicia para “verificar que esa decisión de sustraerlos del conocimiento público era justificada y legítima”.

Durante la gestión de Mauricio Macri, se desclasificaron 128 decretos secretos de distintos períodos, de los cuales 63 ya fueron publicados en el Boletín Oficial y los otros 63 lo serán próximamente. Clusellas destacó, asimismo, que “el actual Ejecutivo no dictó ningún decreto secreto o reservado”.

Los decretos “reservados”

Según la respuesta que la Secretaría Legal y Técnica al pedido de Acceso a la Información, además de los 16 secretos, hay aún 1.483 decretos catalogados como “Reservados” que fueron dictados por los presidentes de facto de la última dictadura. Esos decretos nunca fueron publicados en el Boletín Oficial, o sea que no fueron conocidos por la ciudadanía.

Sin embargo, los textos originales -tipeados a máquina y firmados por distintos funcionarios de la dictadura- fueron enviados en su momento al Archivo General de la Nación. Hoy es posible consultarlos por número y fecha, en el cuarto piso de la Sala de Documentos Escritos, tal como hizo Infobae.

¿Cuál es su diferencia entre unos y otros? Los “secretos” terminan con la frase “Comuníquese y archívese” en el artículo final de forma. Los “reservados” terminan con la frase: “Comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese”.

Los dictadores no publicaron los decretos reservados. Fueron guardados en el Archivo General de la Nación.

Esta distinción entre “reservados” y “secretos” se eliminó durante el gobierno de Carlos Menem, en 1995, mediante el decreto Nº 382. A partir de ese momento, todos los decretos “secretos” y “reservados” pasaron a quedar en la Secretaría Legal y Técnica, mientras que antes de 1995, los “reservados” se mandaban al Archivo General de la Nación para ser guardados, sin ser publicados en el Boletín Oficial.

De esos 1.483 decretos reservados, un 30 por ciento (448) fueron dictados en 1982 y, en una gran mayoría, están vinculados al conflicto bélico de Malvinas. Otro 20 por ciento son de 1981 (311 decretos); y un 17 por ciento (254) fueron emitidos en 1983.

Llamativamente, los dictadores buscaban mantener en reserva desde por ejemplo el nombramiento del subsecretario de Pesca de la Secretaría de Intereses Marítimos, Hugo Talomoni (decreto reservado Nº 23 del 7 de enero de 1982), hasta el del subsecretario de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Hugo Petit, designado por el decreto Nº 245 del 2 de febrero de 1978.

También se ordenaron mediante decretos reservados arrestos y modificaciones de las condiciones de detención de personas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

Otros decretos plasmaban por escrito la negativa al pedido de personas detenidas por orden del PEN para dejar el país. ¿El argumento? Constituir “un riesgo para el país y la seguridad de la Nación”. Es por ejemplo el caso del decreto reservado Nº 31 del 7 de enero 1982.

En medio de la represión de un régimen autoritario y dictatorial, los gobernantes de facto no dejaban de lado las cuestiones burocráticas y formales del papeleo. Así lo refleja el decreto Nº 32 del 7 de enero de 1982 dictado para clarificar la identidad de los arrestos dispuestos por decreto del Poder Ejecutivo de la misma persona, Marta Elena Ríos Barrera de López. Según los decretos fueron hechos en dos fechas distintas, pero con diferente número de Libreta Cívica.

Todo lo referido a la actividad militar de alguna de las fuerzas armadas también quedaba bajo el carácter de “reservado”.

Así, por ejemplo, se puede leer en los decretos que no se hicieron públicos la autorización a efectivos militares a viajar a Estados Unidos para la recalificación de los tripulantes de los aviones Electra L-188 (decreto Nº 66 de 1982).

En otro de los textos, la autorización era a Alemania para la capacitación en el mantenimiento de submarinos Tipo TR-1700 de los que se planearon construir en el Astillero Domecq García (decreto Nº 69 de 1982).

La Justicia militar también quedó fuera de la luz pública durante la última dictadura. Por decretos reservados se designaron jueces de Instrucción Militar de las distintas Fuerzas.

Y hasta el préstamo del Tesoro por $ 12.400 millones a la provincia de Entre Ríos, dispuesto en el decreto Nº 217 del 9 de febrero de 1981 con la firma del entonces ministro de Economía, José Martínez de Hoz, se mantuvo en reserva.

La desclasificación dispuesta por CFK

El 5 de enero de 2010, la ex presidenta Kirchner dictó un primer decreto, el Nº 4, por el cual relevaba de “la clasificación de seguridad” establecida en la Ley de Inteligencia Nacional a “toda aquella información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas” entre 1976 y 1983.

Tres años más tarde, un nuevo decreto firmado también por la entonces mandataria –el Nº 2.103 del 2012– dispuso dejar sin efecto el carácter secreto o reservado de los decretos y decisiones administrativas dictados por el Ejecutivo Nacional.

Por esta norma, a partir de 2013 y hasta 2015, se fueron publicando en el Boletín Oficial más de 7.000 decretos secretos y reservados firmados por la Junta Militar en 1976, y luego por los distintos presidentes de facto. La publicación se hizo en etapas de forma dispersa y en un apartado del BO poco visible, en el que pasaban casi desapercibidos. En total, desde 1957 hasta 2003, los desclasificados superaban los 9.000.

La Unidad de Datos de Infobae los relevó en su totalidad, y analizó su contenido en una serie de notas que publicó a partir del 24 de marzo último, con motivo de un nuevo aniversario del golpe militar.

Incluían desde arrestos de personas, liberaciones, expulsiones de extranjeros y negativas a salir del país, hasta penas a militares por deserción, pasando por millonarios contratos de compra de armas, naves y prestaciones de servicios con firmas extranjeras y nacionales. Incluso, quedó bajo el rótulo de “secreto” la venta del crucero ARA 9 de Julio, utilizado como centro clandestino de detención.

Sin embargo, quedaron excluidos de esta medida los que afectasen la defensa, la seguridad, la política exterior y los relacionados con la guerra de Malvinas. Hasta ahora no se sabía cuántos eran los que permanecieron secretos.