Julio Iglesias.
La Justicia alegó falta de jurisdicción y de competencias para juzgar el caso. El cantante había publicado un descargo con mensajes privados de las denunciantes.
La Justicia de España ordenó archivar la causa contra Julio Iglesias, denunciado por dos extrabajadoras de violencia sexual y trata de personas en giras por República Dominicana y Bahamas. El ministerio público alegó la “falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados”.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España decidió no analizar los hechos denunciados dado que ocurrieron exclusivamente en el extranjero y no se dan los “vínculos” territoriales ni personales que exige la ley para que la Justicia española pueda intervenir. “Los hechos deben ser perseguidos por los Estados directamente competentes, por ser donde ocurrieron y donde se encuentran las pruebas”, describen.
Ambos hechos tuvieron lugar en República Dominicana y Bahama, mientras que Iglesias, de 82 años, “ni reside en España, ni mantiene en este país su centro de vida, intereses, actividad”, señala la fiscalía, pese a tener propiedades inmobiliarias en territorio nacional.
Por su parte, fuentes judiciales consultadas por Europa Press, aclaran que dicha decisión no es recurrible y si las denunciantes tiene intenciones de seguir adelante con la causa deberán "reproducir su denuncia ante los órganos judiciales" de mencionados países.
Julio Iglesias se defendió de las acusaciones y compartió conversaciones privadas
El cantante español publicó una serie de mensajes de WhatsApp en su cuenta personal, presuntamente enviados por las denunciantes, con el objetivo de demostrar la “falsedad” de las acusaciones.
“Ante la negativa de la Fiscalía de España a permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y a proporcionarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente”, indicó en un extenso descargo.
Luego dio a conocer los mensajes personales vía WhatsApp y consideró que es “el único medio” que le permite ejercer legítimamente “mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados”.
Allí sostuvo que los intercambios difundidos contradicen el relato de las denunciantes: “La evidencia es clara: las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad”.
En esa misma línea, Iglesias afirmó que los mensajes permiten advertir “la incoherencia de las denuncias” y apuntó contra lo que definió como “la manipulación mediática” del caso.
Fuente: Ámbito.
