Por Luis María Serroels
(especial para ANALISIS DIGITAL)

Que se entienda bien. Para la sociedad y particularmente para quienes desde el periodismo accedemos a la cotidianeidad de los sucesos y hurgamos en ellos analizando circunstancias y componentes, no existen delitos de primera y de segunda cuando se observan sus víctimas. Para la ley, para los jueces y para las fuerzas policiales, todo conflicto social con calidad de delito, es merecedor de similar tratamiento y preocupación. Aún desbordados los escritorios de causas y cargada la mochila del investigador con datos, precisiones y señales diversas, que no excluyen a veces la desazón ante los obstáculos, la tarea puede ocupar distintos escalones de prioridades pero jamás estancarse a perpetuidad.

Esto no ignora por supuesto que ciertos episodios logren un mayor impacto en la opinión pública y desde luego se puede aceptar que circunstancialmente y en mérito a la efectividad se oriente un trabajo más intenso. Pero siempre teniendo como premisa que no deben existir víctimas VIP ni víctimas kelpers.

Entre una larga nómina de graves hechos policiales traducidos en el asesinato de personas de ambos y sexos y diversas edades, traumáticos no sólo por sus iniciales efectos shockeantes sino por la impunidad que los viene rodeando, los paranaenses mantenemos particular sensibilidad en torno de la desaparición del anciano Amado Abib, ocurrida el jueves 13 de febrero de 2003. No estamos estableciendo un orden de privilegio sobre la atención policial y judicial, sino que fijamos aristas diferenciales por tratarse de un episodio en el cual una persona se esfumó de la faz de la tierra. Y la falta de ese cuerpo es lo que refresca y actualiza la frase de Mario Benedetti: "los muertos mueren una sola vez; los desaparecidos mueren todos los días".

El "enigma Abib" viene constituyendo todo un desafío para quienes están abocados al esclarecimiento, sobre todo porque es sabido que el tiempo que transcurre favorece al victimario y los indicios coadyuvantes de los llamados "testigos mudos", se pierden irremediablemente.

El abordaje de este caso, de tanto en tanto, vino ofreciendo más intriga que certezas; más confusión que optimismo. La gestión policial del anterior gobierno llenó el aire de hipótesis incomprensibles que hasta orillaron el dislate. La fertilidad imaginativa de funcionarios políticos nos pusieron frente a una transformación grosera de la técnica investigativa que llegó a subrogar el olfato de experimentados sabuesos mediante la intervención de seudo videntes con menos capacidad que la división canina.

Cada referencia nueva no sólo recrea la curiosidad ciudadana sino que reverdece la latente esperanza familiar, quizás no ya en hallar con vida al ser querido, sino -al menos- saber en qué lugar podrán depositar uina flor o expresar sus oraciones.

Los hechos que se vienen sucediendo desde el pasado martes, con ribetes que lograron sacudir la epidermis de la comunidad capitalina, nos ponen ante la disyuntiva de interpretar qué se esconde detrás de una serie de procedimientos que entremezcla un comprensible poder de impacto con los niveles de ansiedad contenida durante 16 meses.

¿Qué factores gravitan para que este operativo en zona de Santa Elena y su derivación hacia las cercanías de Cerrito, asomado como el gran momento de la dilucidación, se vaya extinguiendo sin resultados útiles?.

¿Pueden ser opciones para confirmar datos de testigos confiables, sitios tan distantes entre sí? ¿Son realmente dignas de crédito las fuentes generadoras de estos pasos? ¿Se está ante nuevos sospechosos o se apunta a confirmar las imputaciones iniciales no probadas? ¿Puede encarrilarse la información en un sentido razonablemente optimista, mientras los reales pasos dados nada tenían que ver con lo que se le decía a la población?.

El jefe de Policía, Comisario General Ernesto Geuna, reveló tras asumir su cargo que el caso Abib era prioridad y que en sus carpetas disponía de elementos sólidos para su esclarecimiento, producto de una investigación paralela que le permitiese, al arribar a una función que no le era desconocida, acelerar las actuaciones contando ya con facultades legales para disponer equipamiento material y recursos humanos.

Hoy nos podemos preguntar: ¿qué intereses están jugando? ¿A quién o quiénes estaría preocupando el avance de los procedimientos? ¿Qué motivos llevaron a una operación mediática que encendió la chispa de una verdad aún no revelada? ¿Qué efectos se buscaban? ¿A qué sectores podría estar intranquilizando el sesgo de la pesquisa? ¿Puede una tarea judicial y policial bien coordinada y con objetivos tan precisos, culminar en un evidente fracaso, a la luz de cambios de rumbo abruptos y de difícil entendimiento? ¿Una estrategia de pesquisa justifica y amerita semejantes cambios?.

Finalmente: por la memoria de la víctima, la serenidad de familiares y allegados y por la demanda de la propia sociedad, ¿habrá alguien, de cualquier nivel jerárquico, que dé un paso al costado?.

La función pública es un gran compromiso que impone cánones muy severos, no un almácigo para generar papelones que exhiben déficits de profesionalismo.