Bonadio resolvió hacer lugar al pedido porque el servicio que presta la empresa Trenes Buenos Aires (TBA) es un transporte público que “debe ser garantizado por el Estado Nacional”. En ese sentido, fuentes cercanas a la causa indicaron a Télam que otorgarle el rol de querellante al Estado “no es óbice para determinar y perseguir eventuales responsabilidades penales de sus funcionarios, que son personas físicas”.
En el marco de esta causa el miércoles último comenzaron las pericias, en las que intervienen tres expertos oficiales (dos ingenieros de la Universidad de Buenos Aires y uno del cuerpo de profesionales de la Corte Suprema) junto a los "peritos de parte".
En los análisis participan, junto a los profesionales designados por Bonadio los profesionales sugeridos por la empresa TBA, la Secretaría de Transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la defensa de Marcos Antonio Córdoba, quien conducía la formación que chocó.