La suspensión por 180 días alcanza al otorgamiento de nuevos permisos, pero también a las tareas de desmonte en marcha que hayan sido autorizadas con anterioridad. “No obstante, para no obstaculizar el desarrollo de actividades productivas que requieran la realización de tareas de manejo sustentable de montes, se habilitará un registro de quienes resulten alcanzados por esta medida y se estudiará caso por caso”, explicó el ministro.
La iniciativa también contempla que el valor de las sanciones pecuniarias se cuadruplica: aumenta de 100 pesos por módulo a 400. “Es un incremento del 300 por ciento que responde, entre otras variables, al aumento en el precio de la hectárea dedicada a la agricultura en relación al valor de la hectárea de monte. Y también tiene que ver con imprimir un real poder sancionatorio a las multas”, señaló.
En tanto la línea gratuita habilitada es el 0–800–777–66683 (monte), que ya está funcionando para la recepción de denuncias en el Ministerio de Producción, publicó El Diario.
A estas medidas, se suma la utilización del helicóptero de la Policía de Entre Ríos para tareas de vigilancia en los campos entrerrianos. “A esta valiosa herramienta pudimos incorporarla gracias a un acuerdo suscripto recientemente con el jefe de Policía, Héctor Massuh. Es de vital importancia y estamos muy agradecidos con la fuerza y con el ministro de Gobierno, Adán Bahl, que desde el principio mostró la mejor predisposición con esta iniciativa”, indicó el funcionario.
Además, la División de Delitos Rurales de la Policía se plegó a los controles que se vienen realizando y a la realización de tareas activas a fin de detectar desmontes ilegales y combatirlos.
Por último, se informó que se modificará el procedimiento de inspecciones a través de la suscripción de convenios con los municipios y juntas de gobierno, que a partir de ahora participarán en los operativos junto a los inspectores de la provincia.
“Todas estas medidas se enmarcan en lo que establece la ley nacional Nº 26.331, de protección de los bosques nativos, que exige a las provincias el ordenamiento de estos recursos y el diseño de planes de manejo sostenible”, acotó Schunk.