Por N.B. de ANALISIS DIGITAL

EPEER fue vendida por el gobierno de Jorge Busti el 15 de mayo de 1996, pasó a manos norteamericanas con el nombre de Empresa Distribuidora de Electricidad de Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (EDEERSA). Los empleados de la firma estatal, tenían participación en el 10 por ciento de las acciones. En ese momento, el porcentaje fue valuado en casi 18 millones de dólares, y debía ser abonado a sus trabajadores por haberse desempeñado en la empresa provincial. Fue así como la firma pasó a manos extranjeras. El gobierno de Entre Ríos cobró por eso, pero nunca, nadie, abonó a los trabajadores lo que les correspondía.

Además, por esa privatización, se dejó en la calle a 900 empleados. Ninguno fue despedido, sino que se empleó una figura judicial curiosa. El retiro voluntario.

Según explicó el abogado laboralista, Carlos Bordi, el retiro voluntario “es una forma de despido con una indemnización encubierta”. El letrado manifestó que en el caso de los ex trabajadores de EPEER, “se ha aplicado el retiro voluntario porque como eran empleados públicos, para despedirlos habría que hacer un sumario, buscar una causa” que seguramente no tenían 900 obreros de la firma. Entonces se implementó ese recurso que "teóricamente es voluntario pero realmente el trabajador no tiene la opción de elegir que no quiere retirarse”.

En este contexto es que los ex empleados de EPEER llevan 15 años de reclamos desoídos. En declaraciones este medio, y atravesados tan cabalmente por el recuerdo, pudieron graficar sin titubeos aquel 15 de mayo de 1996 como “ese día”, el que marcó el resto de sus vidas.

“Hace 15 años nos quedamos en la calle, hace 15 años que reclamamos algo que es nuestro, pero nadie se ha hecho eco de lo que nos pasa”, recalcó otro de los damnificados, José Eschenone. “La mayoría de nosotros quedó social y económicamente muy mal. Estamos sin obra social, sin jubilaciones, con graves problemas económicos y de salud”, alertó, al tiempo que solicitó: “Por favor, pedimos que nos ayuden porque muchos de nosotros estamos en la calle, mendigando”.

Eschenone fue humilde y subrayó que sólo necesitan “un resarcimiento económico”. Por eso, demandan al mandatario provincial, Sergio Urribarri que les conceda una audiencia. “Queremos explicarle al gobernador nuestra situación, nosotros sabemos que puede darnos una respuesta y tenemos la esperanza de que así sea”, manifestó.

“No estamos en contra de ningún gobierno, sólo reclamamos lo que nos corresponde. Es más, estamos esperanzados en que el gobernador no sepa muy bien como fue el tema, por eso pedimos una audiencia”, reiteró. En ese sentido, contó que “hace 15 o 20 días” elevó “una carta a la Secretaría de Gobernación, solicitando de parte de los ex trabajadores una entrevista con Urribarri”. Pero después de 15 años de reclamos, la burocracia sigue interponiéndose firme. “Para que nos contesten tenemos que esperar a que abran un expediente, eso puede llevar bastante tiempo”, se resignó.

El fin de la estabilidad laboral y el retiro “voluntario”

“Cuando nos avisaban que teníamos que irnos, que ya no trabajábamos más para la empresa, teníamos que firmar o firmar el retiro voluntario. No nos despedían, nos ‘sugerían’ firmar el retiro, pero en realidad, no teníamos opción. Entonces íbamos al Ministerio de Trabajo y certificábamos que estábamos de acuerdo con dejar nuestros puestos porque no nos quedaba otra cosa”, recordó Eschenone. “En dos semanas barrieron con todos, hicieron firmar a 900 empleados”, contó.

Pero, marcó: “Los problemas vinieron después. ¿De dónde sacás plata cuando tenés una familia que mantener? Muchos de nuestros hijos no pudieron estudiar, tuvimos que mandarlos a trabajar con 15 o 16 años porque con las changas que conseguíamos no alcanzaba para alimentar a cuatro o cinco bocas. Eso es indignante”, remató Ríos.

Además, el ex empleado subrayó que pasados los 30 años, “ya no te consideran útil para un trabajo”. Por eso, contó que una década y media después, muchos de ellos han vendido sus propiedades para vivir. “Hemos subsistido con changas y vendiendo nuestras casas, nuestros autos, mandando nuestros hijos a comedores sociales. La angustia de todos es muy grande, muchos se enfermaron”, lamentó, al tiempo que puntualizó: “La situación fue mala desde el primer momento en que nos enfrentamos a la noticia de la privatización. Fue un calvario”.

Caso omiso a la ley

Eschenone relató además como fueron burlados por la justicia. “En el año ’96 no hicimos un reclamo sindical, recurrimos a la justicia amparados por la Ley 23.696, pero nuestra presentación fue denegada, como si no nos correspondía el 10 por ciento de las acciones. Nadie nos explicó por qué quedamos fuera del PPP, y decidieron no pagarnos lo que era nuestro”, rememoró.

Pero lo más alarmante es que el fallo judicial fue comunicado 10 años después de la presentación. Es decir, el grupo de ex empleados inició el recurso cuando fue vendida la empresa, y recién en 2006 salió la sentencia que denegaba su pedido. “Estuvimos esperando 10 años para enterarnos que la justicia decidió que nuestro reclamo no era justo”, se indignó el ex empleado del Estado provincial.

En este sentido, Bordi comentó que 10 años después de la sentencia, “es muy difícil apelarla porque está firme”. No obstante, subrayó que es “extraño” por la cantidad de tiempo que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) tardó en pronunciarse.

Los ex trabajadores de EPEER dijeron que han hecho otras presentaciones pero ninguna con resultados favorables. “Cada vez que iniciamos una acción o recurso, nos dicen que sí, que nos corresponde, pero siempre termina quedando en la nada”, indicaron.

La Ley Nº 23.696, reglamentada el 20 de octubre de 1989, prevé que ante las privatizaciones de empresas estatales, se implementen Programas de Propiedad Participada. Mediante el texto, se estipula la adquisición de la totalidad o parte de las acciones representativas del capital accionario de empresas, sociedades o haciendas “sujetas a privatización”.

Pero, ¿quiénes son los receptores de esas acciones? Según el texto normativo, los “sujetos adquirientes son empleados del ente a privatizar de todas las jerarquías que tengan relación de dependencia”. Además, se establece que el “personal eventual no puede ser beneficiado, al igual que los funcionarios y asesores designados en representación del gobierno o sus dependencias”.

Ni siquiera con la garantía de la legislación, los 900 trabajadores fueron escuchados.

Después de una década y media

La tristeza por el desempleo. La tristeza de reclamar lo que por derecho les corresponde. La tristeza por el transcurrir de los años. La tristeza por no poder sustentar a la familia. La tristeza de firmar un “retiro voluntario”. La tristeza por la respuesta judicial. La tristeza por el peregrinaje pidiendo ayuda. La tristeza por los oídos sordos de las autoridades. La tristeza es lo que dejaron ver los dos ex empleados en nombre de los 898 que no llegaron a la redacción de ANALISIS. Pero no se dan por vencidos, siguen reclamando los 17, 8 millones de dólares que les corresponde y que alguien se quedó.

Antecedente

A los ex empleados de la Sociedad Mixta de Siderurgia Argentina (Somisa), les abonaron el 10 por ciento de las acciones de la empresa mediante el PPP. “La Presidenta decidió pagar a 7.200 cabezas de familia que trabajaron para esa firma. Hace dos o tres meses atrás se les efectivizó el pago del dinero a esa gente. Ellos hacía 21 años que reclamaban lo mismo que nosotros”, contó, esperanzado, Eschenone.

El día que la titular del Ejecutivo nacional, Cristina Fernández, anunció el resarcimiento a los ex trabajadores de Somisa, manifestó: “La venta de todos los activos de la Nación durante la década de los ‘90, entre los cuales estuvo Somisa, Yacimientos Petrolíferos del Fiscales (YPF), estuvo el gas, las telefónicas, los canales de televisión, Aerolíneas; en fin, todas las empresas del Estado, por todo concepto hubo un ingreso neto al país. No fueron solamente empresas o activos, son activos que además constituyen instrumentos para poder hacer políticas macroeconómicas para el desarrollo del país. Por todo eso, la Nación argentina recibió 27 mil millones de dólares”.

En ese discurso, la Presidenta recordó que se hablaba de “las joyas de la abuela”, y dijo: “Yo creo que cuando uno vende esas cosas, entregue algo más que las joyas, vende la casa, el auto, el fondo y todo, porque las joyas pueden ser algo circunstancial pero la casa es imprescindible para que la familia pueda vivir”.

El pago de las acciones a los ex empleados de Somisa no sólo fue un resarcimiento económico, sino que fue una reparación histórica y social.
Los ex empleados de EPEER deben continuar reclamando por un resarcimiento económico, pero la sociedad entrerriana debería reclamar por esa reparación histórica.

(Foto: ANALISIS DIGITAL)