El Equipo Jurídico de Derechos Humanos le pidió ayer al juez federal Omar Digerónimo que aplique la figura de asociación ilícita a los represores que actuaron en la Quinta de Funes y en Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu. El pedido se fundamenta en el propio fallo de procesamiento que firmó el magistrado federal contra seis represores donde reconoce la existencia de un plan sistemático de represión. Los letrados pedirán en los próximos días que se sume a las imputaciones es la supresión de estado civil, así como la sustracción, ocultación y retención de un menor de 10 años. En rigor los abogados pretenden conocer el destino de los hijos mellizos de Raquel Negro, cuyo destino nunca fue aclarado.

Entre las medidas propuestas por el escrito presentado ayer figura un pedido al Ejército para que gire al juzgado un detallado informe de organización y división del Segundo Cuerpo en zonas, sub zonas, áreas, sub áreas y órganos de inteligencia con indicación de la jurisdicción territorial y la identificación de cada una de ellas. También propone la declaración testimonial de María Adela Panelo de Forestello en relación a la desaparición de sus hijos Marta Forestello y Miguel Tossetti, éste último, oriundo de la ciudad de Diamante.

Básicamente de acuerdo a los fundamentos de los dos fallos de procesamiento -el de Quinta de Funes y el de Fábrica Militar- es que existió un plan sistemático, y su significación jurídica es la de la asociación ilícita. Según Gonzalo Stara, abogado del Equipo Jurídico la figura se debería aplicar "entre las cúpulas del Segundo Cuerpo de Ejército, varios integrantes del Departamento de inteligencia 121, otros efectivos del Batallón 121 y las autoridades de Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu", según informó Rosario/12.

Sin embargo el listado no culmina allí sino que se extiende a miembros del Servicio de Informaciones de la Policía provincial, cuyos nombres están incluidos en la Causa Feced, que aún no ha sido abierta por la justicia federal. Este es otros de los fundamentos expresados por Stara para reabrir la causa madre del terrorismo de estado. Para el abogado de derechos humanos, esta claro que "dentro de una institución legal como las Fuerzas Armadas se enquistó una organización subinstitucional con planes claramente delictivos".

Esta misma semana en tanto se llevarán cabo las declaraciones testimoniales de una docena de testigos propuestos por el ex director de Fábrica Militar de Armas el teniente coronel Enrique Jordana Testoni, quien los propuso para probar que no fue su responsables en la época en que se le imputan los delitos de secuestros, torturas y amenazas, más el homicidio de tres detenidos en ese centro clandestino. Once de estos testimonios se tomarán entre hoy y el viernes y restará solo uno para al próxima semana.

En cuanto a los restantes imputados en la causa por la represión en Rosario, hoy será finalmente cesanteado Carlos Isach, quien hasta hace cuatro semanas se desempeñaba como inspector de Higiene Urbana, dependiente de la Dirección de Política Ambiental. Isach esta prófugo de la justicia luego que en los últimos días de mayo el juez Digerónimo pidiera su captura.