Según consignó FM Sol en su sitio web los ediles radicales dicen que “fueron víctimas de patoteros instalados estratégicamente en el recinto”. Asimismo, indicaron que les preocupa que a escasos días de asumir el nuevo gobierno se haya enrarecido el clima social en Santa Elena. “Nos alarma que desde el gobierno municipal se generen actitudes de intolerancia, de revanchismo, y de castigo para quienes no piensan igual”, indicaron.
La sesión en la que se sancionó la Emergencia Económica despertó tanto interés que fue transmitida en vivo por canal 2 de esa ciudad. Además, las gradas del recinto estuvieron colmadas de seguidores de Rossi que se hicieron presente en “apoyo” a los ediles del oficialismo.
“Se dieron tres aumentos durante el 2011 a los municipales, más las recategorizaciones; si miramos el presupuesto estamos afuera y no podemos pagar”, precisó Rosa Medina, a modo de justificación de la medida que fue apoyada por seis de los ocho concejales del Frente para la Victoria (FpV).
Los oficialistas Carlos Caballero y Olga Mezquida (ambos ligados políticamente a la anterior intendenta) junto a los tres concejales radicales se opusieron a la Emergencia Económica.
En tanto, Medina aseguró a Uno que Caballero y Mezquida votaron en contra porque “estos concejales ya están trabajando para el radicalismo; ellos no quieren acercarse y nosotros estamos vinculados seriamente a este proyecto”.
La edil aseveró que “hay que dejar en claro que acá no se echó a nadie, sólo se anularon las recategorizaciones, pero los contratados que habían sido ingresados a planta permanente volvieron a ser contratados, o sea no queda nadie en la calle”, y añadió: “Los aumentos fueron irresponsables, porque sobre el básico se dio el 20 por ciento, después sobre ese aumento un 15 por ciento y más adelante sobre los dos aumentos se otorgó otro 15 por ciento; imposible de pagar”.
También a pedido de Rossi se conformará una comisión Investigadora. La misma estará integrada por funcionarios de Ejecutivo y del Concejo. La misión será establecer como se generó una deuda de 2,5 millones de pesos con proveedores, Enersa y algunos juicios.