Por Luis María Serroels

“El riesgo de la vetocracia como herramienta para contrarrestar la hegemonía perdida -expresamos entonces-, sería un peligroso juego de la Casa Rosada”. Y poco tardó el tema en ocupar el centro de la escena, generando nuevos choques. La oposición y por cierto que justificadamente, manifestó sus prevenciones porque desde el propio kirchnerismo se advirtió que toda ley aprobada por los adversarios que no le agrade al poder, sería vetada por la presidente en uso de facultades constitucionales (artículo 83º).

Claro, no se tiene en cuenta que el veto no es un hobby ni una regla para satisfacer caprichos, sino la excepción. Y que el empleo de este instrumento no puede legitimarse si no está revestido de argumentos serios, sólidos e incontrastables. La ley de protección a los glaciares, sancionada por todos los legisladores, fue vetada íntegramente por CFK y a la hora de analizar la devolución, los propios kichneristas que habían levantado sus manos para aprobarla, luego aceptaron el veto, que había sido fruto de las presiones de las multinacionales de la minería.

Ante la eventualidad de protestas populares y cacerolazos para el caso de aplicarse esta anunciada vetomanía, el insólito super ministro Aníbal Fernández y el soldado K Agustín Rossi, se escandalizaron defendiendo las atribuciones de Cristina Fernández –que nadie discute-, dejando claro que ninguna norma que les moleste será promulgada. Y para abonar sus quejas, se escudaron en la defensa de la República, esa misma República que se ha venido profanando sistemáticamente.

Estos juicios parten precisamente de un establishment que a partir del cachetazo electoral del 28 de junio, se propuso acelerar los tiempos y embolsillar antes del 10 de diciembre una serie de leyes que ameritaban plazos mas extensos y debates más amplios. La Ley de Medios (con amañado sesgo propio de los intereses oficialistas), la Ley de Emergencia Económica (que prorogó por dos años las facultades del Poder Ejecutivo para disponer discrecionalmente de los recursos sin dar cuenta al Congreso) y la Ley de Reforma Política (que busca la extinción de partidos chicos en vez de ayudar a fortalecerlos, apuntando a consolidar un nefasto bipartidismo y propugnando modificaciones al sistema electoral adecuadas a una insaciable sed de poder), son pruebas indubitables de ese afán de llevarse todo puesto. Antes de ello se prorrogaron los super poderes y, sin mediar límites, se impuso el adelantamiento de los comicios que originalmente debían celebrarse en octubre.

Es decir que un oficialismo que no tuvo en cuenta que “las constituciones son el chaleco de fuerza que las sociedades se colocan en épocas de estabilidad para no cometer locuras en tiempos de crisis”, hoy se rasga las vestiduras reclamando respeto por la primera magistrada. ¿Y por casa?

Frente a este manotazo kirchnerista, porque se teme que la oposición le haga sentir el peso de las modificadas relaciones de fuerza, el miedo lleva a acentuar desatinos y pone más al desnudo que Néstor Kirchner no sabe navegar en los mares de la tolerancia y el respeto mutuo.

El uso de la caja del Estado para armar mayorías fijas o circunstanciales a la hora de votar leyes, bajo el rótulo de la transversalidad – finalmente un fallido método de agrupar socios que sólo aportan fuegos de artificio de escasa duración-, mal puede otorgar autoridad moral para decir que el azote del 3 de diciembre fue obra de un rejunte de bloques. No entiende el gobierno que esos bloques son producto de un chancletazo electoral, por más que un pueril análisis haya impulsado a NK a expresar “perdimos por poquito”. Ese poquito no lo es tanto si se observa la nueva composición de las 45 comisiones de la Cámara de Diputados. Esta nueva conformación es sólo la levadura que se le puso a aquel amasijo del 28 de junio.

Altos dirigentes opositores ya hablan de diálogo y consenso con el Poder Ejecutivo para alumbrar las mejores leyes para el país. No se habla de vendetta sino de conciliación de pensamientos con grandeza.

Imposible soslayar las opiniones del gobernador entrerriano respecto de los nuevos ocupantes de las bancas. Sergio Urribarri trazó una comparación al decir que esta realidad que enfrenta el kirchnerismo no debería preocupar, porque Lula Da Silva viene gobernando Brasil sin contar con mayoría parlamentaria. Aclaración necesaria: Lula no es Cristina y Brasil no es Argentina. El mandatario carioca ostenta hoy la más alta imagen positiva de América gobernando con minoría en el Congreso. Cristina Fernández, gobernando con mayoría, cuenta con la peor imagen. La política no es un silogismo simple, sino una ciencia donde los hombres se diferencian. Algunos alcanzan la cúspide del éxito y otros terminan condenados por mala praxis. Los matapiojos de la política, siempre incorregibles, deberían saberlo.

Trenes en serio

Hablar del monumental perjuicio para el país que significó la destrucción del ferrocarril, decisión adoptada por el menemismo privatizador que reemplazó las pérdidas
que de ex profeso generaban las malas administraciones, por subsidios con mayor monto aún, resultaría ocioso. Todos los argentinos tenemos noción concreta de esa política escandalosa, diseñada para servir a intereses ajenos a los de la nación. Sólo una sociedad decidida al suicidio, puede permanecer imperturbable ante el saqueo nacional.

La última travesura la pergeñó nuestra presidente, cuando anunció la instalación del servicio de un tren de alta velocidad (TAV), más conocido como Tren Bala, que uniría Buenos Aires, Rosario y Córdoba y que definiera como “un salto de calidad” en materia de transporte público.

Cuando empezaron a conocerse los entretelones de este faraónico proyecto y en especial su costo (entre 5.000 y 8.000 millones de dólares), también se comenzó a diluir el entusiasmo de los eventuales usuarios. Una simple deducción sirvió para estimar el costo del boleto y así se comprobó que se trataría de un salto hacia el vacío y que en realidad, Tren Bala es el nombre del nuevo proyectil de la corrupción. Y quienes jamás se subirían a él, pasarían a convertirse en los financiadores compulsivos de semejante paquetería.

Los vaivenes de la economía mundial y local, por ahora han dejado de lado esta idea propia de quienes parecen habitar un país ficticio, pero mientras tanto hay compatriotas que trabajan silenciosamente en armar un gran proyecto para reconstruir, modernizar y redireccionar la red ferroviaria, contemplando la reactivación de talleres y fábricas para disponer de material rodante y rieles con mano de obra nacional. Y establecer que las vías crucen y se entrecrucen sirviendo al interior profundo y no privilegiando al gran puerto concentrador y exclusivista.

El Proyecto Sur, que orienta el diputado Fernando Pino Solanas, posa una amplia mirada sobre esta problemática que daría una
solución integral al problema y movilizaría a todos los resortes de la economía, con su consecuente gravitación en el desarrollo y el progreso de una Argentina estancada. Y además, con muchísimo menos capital que el tren paquete de los Kirchner, que parece concebido sólo para pasajeros VIP. Todos estos conceptos vienen a cuento porque hace unos días ha visitado una vez más Paraná el ingeniero Elido Veschi, titular de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos.

El dirigente dio una charla esperanzadora sobre la recuperación ferroviaria, pero resulta inevitable acumular bronca cuando relata que un proyecto que le fuera solicitado previo al cierre de ramales dispuesto por Carlos Menem y Domingo Cavallo, donde se esbozaban elementos para impedir la desaparición del tren, jamás fue tomado en cuenta.

Todos los gobernadores recibieron una copia y el de Entre Ríos, Mario Moine, lo elogió sin retaceos (no era para menos si se recuerda lo que significó para nuestra provincia esta despojo). Eso pareció un pecado, porque luego –según Veschi- nuestro gobernador habría sido notificado desde el Palacio de Hacienda que si continuaba apoyando la propuesta, la provincia no recibiría un peso más.

Veschi habla del programa Tren para Todos que impulsa Proyecto Sur y proporciona datos muy interesantes por cierto. Como un principio filosófico de la idea que pregona, señala que no se debe pensar en esfuerzos parciales –por ejemplo, lo que está haciendo el gobierno entrerriano con un inminente servicio de limitadas frecuencias en nuestro territorio y otro que permitiría viajar de Paraná hasta Oro Verde y Colonia Avellaneda-, sino que la meta debe ser un verdadero plan de recuperación del sistema ferroviario. Y todo ello enfilado a la reindustrialización del país. No es bueno el proceso de urbanizar las estaciones ferroviarias y menos convertirlas en shopping o en un centro cultural, juzgó el funcionario y en tal sentido rechazó los intentos folklóricos-turísticos.

Aludió a la óptica sentimental, citando a todos los habitantes de numerosos pueblos a los que vio llorar cuando desapareció el tren de pasajeros. Propone revertir el concepto de desestructuración ruinosa aplicado por el menemismo, para reemplazarlo por un sistema estructurador de un proyecto de nación, como lo concebía Raúl Scalabrini Ortiz. A este descalabro lo provocaron concientemente sucesivos ministros de Economía en alianza con grupos multinacionales. Los 45 mil millones de dólares que constituían los activos de nuestros ferrocarriles, quedaron reducidos a no más de 2.500 millones.

Pero también advirtió que los impedimentos para esta reconstrucción son múltiples, porque detrás se ocultan poderosos intereses. En Argentina se construían hasta hace menos de treinta años, locomotoras, vagones, rieles y coches. Todo fue destruído sin que nadie responda ante los jueces ni ante la Patria. Bien viene cerrar este capítulo rescatando una frase extraída de una nota de opinión publicada en un matutino local por Pedro Aguer, un lúcido ciudadano experto en cooperativismo y mutualismo: “…los políticos deben ser personas a las que les importen los problemas que aquejen al pueblo, no vividores de la política, tal la imagen que no pocos de ellos ofrecen a la gente, como nos llaman”.

Fallo anti monopolio

Era previsible y absolutamente necesario. El nuevo fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que consagra la libertad sindical, asegura las cosas en su lugar y termina con una situación injusta y arbitraria. Se trata del segundo pronunciamiento del alto tribunal, luego del emitido en noviembre de 2008 en igual sentido. Su importancia mayor radica en el hecho de que, inconcebiblemente, los poderosos sindicalistas de la CGT han venido monopolizando la conducción gremial a través de esa entidad, ignorando el derecho de otros a darse sus propias instituciones sindicales, convocar a elecciones y designar sus delegados. Para desconocer esta facultad se contó con el solidario apoyo de organismos oficiales.

Como era obvio, tal decisión judicial incomodó a los “gordos” de la CGT, cuyo principal referente mantiene buenas migas con el poder político, conformando relaciones provechosas para ambas partes e incluso hasta imponiendo reglas de juego que el oficialismo termina aceptando para atemperar las presiones y no perder el equilibrio, aunque sí a costa de resignar autoridad.

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) ha venido demandando al gobierno el otorgamiento de personería con resultados negativos, por ello este fallo de los ministros de la Corte cierra un capítulo que debió haber concluido hace mucho tiempo si no mediara la tozudez crónica del establishment gobernante. De hecho que la negativa sistemática y a partir del fallo de un año atrás, hizo incurrir al Ministerio de Trabajo en una clara desobediencia.

“Si les pellizcan poder se ponen quisquillosos”, señaló tajantemente el ministro del tribunal Carlos Fayt, restándole toda intencionalidad extraña a esta medida que tanto urtica a Hugo Moyano. Precisamente y como testimonio de estos acuerdos que instalan inapropiados arreglos entre la Casa Rosada y la calle Azopardo 802, la presidente de la nación, días pasados, respaldó públicamente al sindicalismo tradicional (¿?), indicando que “no se puede crecer con sindicatos débiles”. No se entiende que Cristina Fernández ignore la importancia cualitativa y cuantitativa de los gremios que conforman la CTA, debiendo saber que los derechos sindicales hacen abstracción de cualquier consideración subjetiva sobre padrones y dirigencia.

Los jueces han querido ponerle límites a la intervención del Estado en materia de libertad sindical, garantizando la democracia interna en las organizaciones, amén de recordar los preceptos que manda cumplir la Organización Internacional del Trabajo y la libertad de asociación contenida en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 20), proclamada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 e incluida en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna. Por todo ello, el fallo de referencia adquiere una trascendencia singular y, como proclaman tantas veces los trabajadores en sus actos de protesta: “y el que no le guste, se jode, se jode..!

La frase

“Uruguay es un país pequeño, pero no tanto. Hay lugar para poner una planta de pulpa de papel en muchos sitios. No se debe complicar la vida más de lo que ya está”. Lo dijo el presidente electo del país hermano, José Mujica, ante la versión de que la firma sueco-finesa Stora Enso se radicaría en Fray Bentos, cerca de la controvertida y rechazada Botnia. Extrañas declaraciones, porque si como afirma el gobierno charrúa, la fábrica de Botnia no contamina, no debería frenarse el nuevo emprendimiento junto al río compartido con Argentina. ¿Por qué de entrada no se erigió esta planta en otro lugar, evitando así todo el largo conflicto que ya lleva tres años? Hasta la semana que viene.