Durante años, cuando el organismo funcionaba bajo la denominación de Instituto de la Obra Social de Entre Ríos (IOSPER), el circuito de autorizaciones médicas era sencillo y comprensible. El afiliado concurría a su consulta, regresaba con la orden correspondiente -ya codificada por el prestador- y en la oficina de la obra social se extendía, en un solo acto y en una única hoja, la autorización necesaria. El trámite comenzaba y terminaba allí. No era perfecto, pero era humano, directo y operativo.
Hoy, bajo el nuevo esquema de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), se presenta como un avance lo que se denomina “cultura de la despapelización”: una política que se comunica como moderna, eficiente, austera en recursos y respetuosa del ambiente. En el plano discursivo, la propuesta parece irreprochable. Sin embargo, cuando se observa su implementación concreta, el contraste resulta inevitable.
En la práctica, el afiliado-paciente continúa acercándose a la oficina con la orden médica, tal como siempre. La diferencia aparece en el paso siguiente: la autorización ya no se imprime en la obra social. En nombre de la despapelización, se envía por correo electrónico un archivo adjunto que el propio afiliado debe imprimir por su cuenta.
Esto supone, de manera inmediata, una primera transferencia de responsabilidades. No todos los afiliados cuentan con computadora, impresora o conexión estable a internet. Muchos deben trasladarse a una librería o comercio que ofrezca el servicio de impresión, asumir el costo económico y disponer de un tiempo que no siempre tienen. Lo que antes se resolvía en minutos, ahora difícilmente pueda completarse en el mismo día.
Pero el trámite no concluye allí. Ese documento impreso por el afiliado debe ser llevado nuevamente a la oficina de la OSER, donde se verifica la información y se genera una segunda autorización, denominada “Providencia”, que esta vez se envía por WhatsApp. Y, otra vez, el afiliado debe imprimirla por sus propios medios.
El resultado es elocuente: lejos de reducir el uso de papel, el nuevo sistema exige más impresiones que el anterior. La diferencia es que ya no las realiza la obra social sino el paciente. La despapelización, en este esquema, no elimina el papel: lo externaliza.
Esta lógica puede parecer apenas incómoda para quien atraviesa un estudio aislado o cuenta con recursos tecnológicos y tiempo disponible. Pero para los pacientes oncológicos o crónicos, sometidos a tratamientos prolongados, estudios frecuentes y una carga emocional constante, el impacto se multiplica. Cada paso adicional se vuelve un obstáculo. Cada traslado innecesario, un desgaste. Cada trámite confuso, una fuente más de angustia.
Aquí emerge la contradicción central: una política presentada como progresista termina trasladando la carga administrativa hacia quienes menos condiciones tienen para asumirla. No se simplifica el proceso; se lo fragmenta y se lo complica. No se alivia al paciente; se lo convierte en gestor, impresor y mensajero de su propio expediente.
Señalar esta realidad no implica descalificar a la institución ni desconocer la necesidad de modernizar el Estado. Por el contrario, es una invitación a revisar cómo y para quién se implementan esas transformaciones. Porque una verdadera modernización no se mide solo en términos de ahorro o digitalización, sino en su capacidad de reducir desigualdades y poner a la persona -especialmente a la más vulnerable- en el centro del sistema.
Cuando la eficiencia administrativa se logra a costa del paciente, y cuando la supuesta despapelización termina generando más papel, más trámites y más sufrimiento, vale la pena detenerse y repensar el camino. Modernizar no debería significar delegar hacia abajo lo que antes resolvía el propio Estado. Mucho menos cuando se trata de salud.
